Demandas campesinas

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Desde la verde Verapaz, tierras q’eqchíes, partieron aproximadamente 1.500 campesinos, a pie, iniciando un recorrido de 216 kilómetros, para llamar la atención de los poderes del Estado guatemalteco sobre los problemas del campo; las demandas son sustanciales: la problemática de la tierra, la deuda agraria, los desalojos a quienes ocupan tierras y la persecución a dirigentes. También el tema de la minería, el de las hidroeléctricas y la aprobación de leyes.

(Ileana Alamilla/Rosalinda Hernández Alarcón – Alai) Guatemala – Don Rafael González, del Comité de Unidad Campesina, una de las organizaciones que encabezan la marcha, señaló que se realiza en conmemoración de los desalojos de 14 comunidades q’eqchíes en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, que dejó como saldo al menos un campesino muerto; dijo que sus demandas más importantes serán el cese de los desalojos y “que el gobierno actual detenga la explotación minera”, así como la aprobación de la ley de desarrollo rural integral.
En marzo del año pasado se realizó un desalojo violento en la comunidad Bella Flor, municipio de Panzós, Alta Verapaz, hecho en el que intervinieron más de 800 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército, además de fuerzas especiales y grupos irregulares. Los desalojos con excesivo uso de fuerza se iniciaron en el Valle del Polochic, en las comunidades de Miralvalle y Agua Caliente, donde murió un campesino y 10 resultaron heridos.
También fueron condenados los atropellos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, que arremetieron en contra de campesinos y campesinas, que lo único que han hecho es exigir al Estado de Guatemala el acceso a la tierra. Los procesos de negociación para resolver la conflictividad agraria del Valle del Polochic se iniciaron a principios del 2011, a través de una comisión de alto nivel con representación del Registro de Información Catastral (RIC), de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (Copredeh), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), el Sistema de Diálogo Permanente Nacional y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), entre otras.
En ese mismo marco, dirigentes de la Alianza Nacional Campesina e Indígena y de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) señalaron que el Fondo de Tierras (Fontierras) y el Ejecutivo se habían burlado de ellos en las mesas de diálogo, al cancelar reiteradamente reuniones para abordar el tema de la condonación de deudas sobre fincas sobrevaloradas. Cientos de campesinos habían realizado una caminata de cinco días para exigir la aprobación de la ley de desarrollo rural, la nacionalización de la energía eléctrica y un subsidio de Q300 millones para la reactivación agrícola, pero tampoco obtuvieron respuesta. Señalaron falta de voluntad para dialogar con seriedad.
Ellas están marcando el paso de la marcha
guatemalamarchacampesinamarzo2012_1.jpgEl 50 por ciento son mujeres. Según dicen algunos de sus compañeros, son ellas las que están marcando el paso a la marcha, refrendando así su conciencia de lucha y su protesta por la falta de atención a la problemática agraria.
Campesinas e indígenas en Guatemala, una vez más, participan en una acción política para exigir la solución a sus demandas, tantas veces ignoradas. Ellas que luchan por la tierra otorgan un profundo significado a su reivindicación de dignidad, cuestión que las mentes conservadoras no entienden, en tanto las consideran manipulables, vulnerables e incapaces de tomar decisiones por sí mismas. Se equivocan o mienten descaradamente quienes así califican a las indígenas q’eqchi’ y ch’orti’ que se dirigen a la capital, donde esperan recibir respuestas por parte del gobierno central y el Congreso de la República.
Cabe aquí recordar lo que varias marchistas comentaban este viernes en su caminata. Desde que llegó el gobierno del militar retirado Otto Pérez, a quienes se les amenaza e intimida es a las mujeres, y eso tiene el propósito de “contra-restar nuestra combatividad”. Así lo explican: las instituciones que las utiliza son aquellas que otorgan ayudas a cambio de votos, les toman fotos para mercantilizar productos, les dan créditos para que ellas garanticen los alimentos de la familia. Este sistema sigue sin atender la problemática del agro, pero además está aumentando las horas de trabajo a las mujeres, en lugar de abrir oportunidades para que ellas sean propietarias de la tierra, reconocidas como trabajadoras agrícolas con todos sus derechos y tomadas en cuenta por su capacidad de propuesta.
A estas mujeres decididas les preocupa la falta de conciencia social para que en las ciudades se comprenda qué significa vivir en el campo siendo mujer y lo complejo que es para ellas incorporarse en alguna organización en condiciones de igualdad.
En la lucha por el territorio que rechaza la minería, ellas demandan además la defensa de su territorio cuerpo, es decir, exigen acabar con la violencia patriarcal. Para superar la enorme brecha de desigualdad como propietarias de la tierra, habría que establecer que en los próximos años, la dotación y legalización de terrenos sea exclusivamente dirigida a las trabajadoras del campo sin intermediarios y a través de subsidios y medidas de resarcimiento (no mercado que sólo beneficia a finqueros y la burocracia gubernamental).