A casi cuatro años del violento desalojo de Villa Mascardi, ocurrido el 4 de octubre de 2022, la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu en la causa que les iniciaron por supuesta usurpación tras intentar iniciar una recuperación territorial. Por ANRed.

“La Cámara Federal de Casación Penal nos absuelve. Luego de todo lo que hemos enfrentado, y que es de público conocimiento, fuimos enjuiciadas y enjuiciados por usurpación. Culpados de retornar a nuestra propia tierra, la cual hemos heredado legítimamente de nuestros antepasados. Esto significa mucho para nosotros, porque nuestra palabra y nuestra verdad han sido tenidas en cuenta”, celebraron desde la comunidad mapuche.

En una declaración pública difundida el lunes 6 de julio, la comunidad sostuvo que “hoy la Cámara Federal de Casación Penal nos absuelve» y destacó que el tribunal tuvo en cuenta su «pertenencia a un pueblo originario y los artículos 75, incisos 17 y 22, de la Constitución Nacional”. “Hoy, a casi cuatro años de aquel desalojo, esto significa mucho para nosotros, porque nuestra palabra y nuestra verdad han sido tenidas en cuenta”, expresaron desde el Lof, que también agradeció el acompañamiento de las comunidades mapuche, organizaciones solidarias y de la Gremial de Abogadas y Abogados durante todo el proceso judicial, uno de los más emblemáticos de los últimos años contra el pueblo mapuche y que representa un fuerte revés para la estrategia de criminalización del reclamo territorial indígena.

En una declaración pública, la comunidad recordó que «ha pasado tiempo desde aquel 4 de octubre de 2022, día en que el odio y el racismo se hicieron uno, y el gobierno de entonces, a través del Ministerio de Seguridad, mediante el Comando Unificado y en un desmedido operativo, entró violentamente a nuestro territorio con el fin de desalojarnos«.

Tras aquel operativo, señalaron: «fuimos enjuiciadas y enjuiciados por usurpación. Culpados de retornar a nuestra propia tierra, la cual hemos heredado legítimamente de nuestros antepasados. Fuimos acusados de ser falsos mapuche, de violentos y de un sinfín de cosas. Quisieron deslegitimar nuestro reclamo territorial; nos persiguieron, nos encarcelaron y buscaron detener nuestra lucha y nuestra conciencia«.

La comunidad destacó que durante todo el proceso sostuvo «como estandarte de lucha nuestra verdad histórica y milenaria» y que siempre contó con «el respaldo de nuestros mayores«. También agradeció especialmente a la Gremial de Abogadas y Abogados, que asumió la defensa de las y los integrantes del Lof: «en cada audiencia lo han dado todo y han luchado junto a nosotros, comprendiendo nuestro reclamo«.

Si bien remarcaron que «descreemos de la justicia winka, y sobradas razones tenemos para ello«, valoraron que el tribunal haya resuelto absolverlos «teniendo en cuenta nuestra pertenencia a un pueblo originario y los artículos 75, incisos 17 y 22, de la Constitución Nacional«. Para la comunidad, el fallo posee un profundo significado político y simbólico: «hoy, a casi cuatro años de aquel desalojo, esto significa mucho para nosotros, porque nuestra palabra y nuestra verdad han sido tenidas en cuenta«, afirmaron.

Finalmente, agradecieron «a quienes siempre han confiado en nuestra fuerza para luchar y salir adelante ante tanta adversidad: pu lamuen, pu peñi, pu lofche y toda la gente consciente que ha acompañado solidariamente nuestra resistencia«, cerrando el comunicado con las consignas «Weichafe Rafael Nahuel yem, inaltu iñchiñ müley! Marichiweu!!«.

La absolución constituye un fallo de fuerte relevancia jurídica y política en un escenario donde los conflictos territoriales con comunidades indígenas vienen siendo abordados crecientemente desde una perspectiva represiva y penal. En los últimos años, distintas organizaciones de derechos humanos vienen denunciando la utilización de figuras como la usurpación para judicializar reivindicaciones territoriales históricas, desconociendo los derechos colectivos reconocidos tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional.

En el actual contexto político, marcado por el avance de iniciativas orientadas a ampliar la explotación extractiva de los territorios y por un endurecimiento del discurso oficial contra las comunidades indígenas, la decisión de la Cámara de Casación adquiere una dimensión que trasciende el caso particular. La absolución de la Lof Lafken Winkul Mapu vuelve a colocar en el centro del debate la vigencia de los derechos de los pueblos originarios, la legitimidad de sus reclamos territoriales y las políticas de criminalización y represión estatal de quienes defienden sus territorios ancestrales.