El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció mediante un decreto que las medidas de fuerza en el transporte deberán mantener niveles mínimos de 50% y 75% de funcionamiento, volviéndolas efectivamente inútiles. Comienza a aplicarse la regresiva reforma laboral. Por Indymedia Trabajadoras/es.

El alcalde porteño Jorge Macri decidió restringir el derecho de huelga en la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo mediante el decreto 230/26, fundamentándose en la regresiva reforma laboral impulsada por el gobierno de ultraderecha de Javier Milei y aprobada en el Congreso de la Nación en febrero pasado bajo la gestión parlamentaria de Patricia Bullrich, quien se la atribuye como un logro propio.

En el DNU se establece que los servicios de Subte, Premetro, colectivos de transporte de jurisdicción porteña y recolección de residuos no podrán paralizarse cuando se desarrollen huelgas o protestas sindicales.

En el caso de la recolección de residuos, considerada un servicio “esencial”, se deberá garantizar al menos el 75% de la cobertura habitual.

Por su parte, el transporte público de pasajeros pasó a ser considerado una actividad de “importancia trascendental”. En consecuencia, las líneas de colectivos bajo jurisdicción porteña, el subte y el Premetro deberán asegurar un mínimo del 50% de funcionamiento durante cualquier medida de fuerza.

La reforma laboral en acción
El decreto del primo Macri cita el artículo 101 de Ley nacional 27.802, que limita de manera extrema el ejercicio constitucional del derecho de huelga, ampliando de manera arbitraria el concepto de servicio “esencial” y sumando además una nueva categoría, la “importancia trascendental”. Entre ambas abarcan ahora a la práctica totalidad de sectores y actividades de la economía argentina.

Ahora, en la primera categoría, los servicios “esenciales”, se debe garantizar que la medida de fuerza no afecte al 75% de la prestación normal del servicio. En la segunda, las actividades de “importancia trascendental”, se debe garantizar el 50%.

Es decir, que la huelga no tenga efecto.

Es una prohibición de hecho de la huelga en la República Argentina.

La prohibición de la huelga fue uno de los objetivos principales del gobierno de Javier Milei. La incorporó al DNU 70/2023, pero el Poder Judicial suspendió el capítulo laboral del mismo. El 21 de mayo de 2025, Milei insistió con un nuevo DNU, el 340/2025 de la Marina Mercante, que volvía a incluirla, y volvió a ser suspendida por el fuero laboral.

Ahora, para resolver ambos problemas, el gobierno de ultraderecha logró aprobar la prohibición del derecho de huelga por el Congreso de la Nación, y metió además, dentro del paquete de la denominada “Modernización laboral”, la efectiva disolución de la Justicia del Trabajo tal como existió hasta el día de hoy. Dos por uno.

“Si tiene huevos que nos vengan a buscar”

Ante esta ofensiva, el dirigente camionero Pablo Moyano se reunió este miércoles con Néstor Segovia, actualmente al frente del Sindicato del Subte tras el fallecimiento meses atrás del histórico “Beto” Pianelli.

La reunión se dio pocas horas después de que se conociera la decisión de Jorge Macri de avanzar en la reforma laboral en el ámbito porteño por decreto.

“La decisión representa un avance sobre los derechos laborales conquistados por los trabajadores y sienta un precedente preocupante para otros sectores”, señaló Moyano.

“Le decimos a Macri y los que lo asesoran, el señor (Gabriel Sánchez) Zinni y (Daniel) Angelici, que si tocan un trabajador o se atrasan media hora el pago de sueldos se para toda la recolección, y si tienen huevos que nos vengan a buscar”, desafió Moyano quien adelantó que irán a la justicia para ponerle un freno a la determinación.

En la reunión, que sirvió como mensaje político de unidad hacia Macri, estuvieron presentes el Secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio y su represente legal, Hugo Moyano, además de Eduardo Gabriel Supply de ASSRA y Miriam Cáceres de APDESBA.

Durante el encuentro los representantes gremiales acordaron analizar y definir las medidas a seguir ante lo que consideran un “avance que restringe derechos constitucionales”.