Ordena el cese de la política de desalojos arbitrarios ejecutada por el gobierno de Jorge Macri, que sigue buscando presentarse como un referente de “mano dura”. La medida llega tras presentaciones de familias afectadas, el CEAPI y los legisladores “Pitu” Salvatierra y Victoria Freire. En 2026, 6 de cada 10 desalojos en CABA fueron sin orden judicial. Por Indymedia Argentina.

El Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 dio lugar a una medida cautelar colectiva y ordenó que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva o nueva resolución que la modifique, el Gobierno de la ciudad debe abstenerse de realizar desalojos, clausuras, tapiados o restricciones de acceso en inmuebles con uso habitacional efectivo. La medida aplica para aquellos casos basados en razones edilicias, de salubridad o riesgo constructivo, y exige que previamente se cumplan una serie de requisitos mínimos establecidos en la resolución.

El fallo es el resultado de múltiples presentaciones, realizadas por familias afectadas, la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEAPI), el legislador Alejandro Salvatierra (presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional de la Legislatura) y la legisladora Victoria Freire (presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura).

Desalojos como herramienta de violencia Estatal, discriminación y segregación
Los desalojos a familias pobres en CABA es una de las políticas que lleva a cabo el actual Gobierno de la Ciudad en cabeza de Jorge Macri. Lejos de disminuir, esta práctica fue en aumento año tras año, con procedimientos cada vez más violentos e irregulares.

No solo preocupa la forma en la que se llevan adelante los desalojos, sino también el “secuestro” de los bienes de las personas que desalojan, las cuales pierden prácticamente todas sus pertenencias y quedan en situación de calle.

Cifras que alarman
En mayo de este año la Defensoría del Pueblo de CABA y el Ministerio Público de la Defensa de CABA publicaron un informe titulado: “Desocupaciones y desalojos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. que alarma desde sus primeras palabras:

“Entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026 se registraron 621 desalojos, que afectaron a 1.135 familias y 4.482 personas, entre ellas 1.409 niñas, niños y adolescentes (NNyA), lo que equivale a más de cinco NNyA desalojados cada tres días. La tendencia, además, evidencia una aceleración sostenida: de mantenerse el ritmo observado en los primeros meses de 2026, este sería el año con mayor cantidad de desalojos del período analizado”.

El giro hacia los desalojos administrativos
Otro dato que preocupa tiene que ver con el tipo de procedimientos. Los desalojos pueden ser judiciales (basados en la orden de un juez) o administrativos (basados en el Decreto 1510/97 art. 12, que habilita al poder ejecutivo a intervenir ante una situación de riesgo en bienes). Mientras que en 2024 el 98 % de los desalojos fueron por orden judicial y solo el 2% fueron por vía administrativa, en lo que va del 2026 el 58 % se realiza por vía administrativa. Un giro abrupto que, según el informe, deja a más familias en situación de calle sin control judicial previo.

“Mientras que en 2025 los desalojos administrativos por clausura afectaron a 20 familias y 35 NNyA, en los primeros meses de 2026 alcanzaron a 222 familias y 215 NNyA, lo que implica un incremento de más del 1.000% en familias y del 500% en NNyA en este tipo de procedimientos”, registra.

Del relevamiento de expedientes surge que los desalojos se realizan mayoritariamente en vivienda unifamiliares, multifamiliares, hoteles de acceso económico, pensiones, especialmente en las comunas 1, 3 y 4: “Lejos de constituir una respuesta técnica de emergencia, este patrón sugiere una incidencia sistemática sobre el único segmento de vivienda accesible para los sectores populares”, señala el informe.

Estos procedimientos llevan a familias enteras a estar en situación de calle, sin una asistencia real, sin sus pertenencias y las pocas que conservan luego son secuestradas y desechadas en los procedimientos de “limpieza” donde levantan a las personas que viven en situación de calle, las echan del lugar y les secuestran los bienes que llevan consigo, teniendo cada vez que volver a buscar algún colchón, caja o lo que encuentren para dormir.

Una “disociación jurídica significativa”
El fallo que dio lugar a la medida cautelar unifica diversos expedientes que se presentaron a la justicia dando cuenta de procedimientos irregulares, faltas de protocolos, falta de asistencia a las familias. En los antecedentes se leen respuestas del Gobierno de la Ciudad que, a simple vista, y sin informes técnicos, declaraban peligros de derrumbe. Además, se documentaron operativos con camiones que se llevaban pertenencias a galpones a los que los/as damnificados/as nunca tuvieron acceso, y el uso desmedido de la fuerza pública, entre otras irregularidades.

El Juez advirtió una línea matriz en en todos estos casos: una “disociación jurídicamente significativa” entre el motivo técnico-administrativo invocado (clausura, riesgo, emergencia) y la finalidad pública que el propio Gobierno proclama: “recuperar inmuebles”, “devolver propiedades a sus dueños” y mostrar resultados de una política de “ley y orden”.

“Esa disociación resulta especialmente delicada porque la potestad excepcional de policía edilicia sólo puede justificarse en la neutralización del riesgo y no en la producción indirecta de efectos posesorios que, por regla, requieren intervención jurisdiccional suficiente.”

El fallo también menciona un caso paradigmático: la recuperación de un inmueble de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que fue publicitada por el Gobierno. Sin embargo, la propia institución aclaró que el sacerdote que apoyaba el desalojo había sido removido de su cargo en 2010, por lo que no tenía legitimidad para solicitarlo.

Como conclusión de causas análogas el Juez observa que no es una controversia técnica de un inmueble determinado, sino que hay una repetición de procesos en distintos juzgados, donde se observa “litigiosidad concentrada alrededor de intervenciones administrativas que, bajo la invocación de peligro de derrumbe, produjeron o amenazaron producir la pérdida inmediata de viviendas efectivamente habitadas”.

En segundo lugar, encuentra la reiteración tanto de las medidas de clausura, evacuación o lanzamiento sobre grupos familiares con niñas, niños, personas mayores o personas con discapacidad, también son similares la necesidad de reconstruir los expedientes administrativos los cuales no tienen control judicial.

En tercer lugar, encontraron una gran cantidad de medidas cautelares otorgadas en el mismo fuero. Y por último la concentración temporal y material de los expedientes lleva a la necesidad de dar una respuesta colectiva.

Los nuevos requisitos para desalojar

El fallo establece que, antes de cualquier medida, el GCBA deberá cumplir con:
-Comunicación inmediata al tribunal de turno.
-Informe técnico detallado, firmado por profesional competente, que identifique el riesgo y las medidas alternativas.
-Acta del operativo con identificación de los intervinientes.
-Relevamiento sociohabitacional de los grupos afectados.
-Intervención del Ministerio Público Tutelar cuando haya niños, niñas o adolescentes.
-Información clara a las personas afectadas sobre los motivos y las vías de impugnación.
-Posibilidad de control técnico por parte de los afectados.
-Inventario y resguardo de bienes personales.
-Preservación del inmueble más allá de lo necesario para neutralizar el riesgo.

A esto se le suma, que el GCBA debe garantizar una respuesta habitacional transitoria cuando se impida a las personas el pernocte en su vivienda.

“Un poco de raciocinio”
Desde Indymedia Argentina nos comunicamos con el legislador Alejandro “Pitu” Salvatierra, quien rápidamente dio a conocer este fallo, para saber cómo llega la resolución solicitada.

“Este fallo nos parece un poco de ponerle un poco de raciocinio, un poco de cordura a toda la locura que se desató en la ciudad de Buenos Aires con los desalojos administrativos. En definitiva, es poner las cosas en su lugar”, consideró Salvatierra.

“En la ciudad de Buenos Aires nosotros no estamos en desacuerdo con la restitución de los inmuebles a sus propietarios ni mucho menos. Lo que no podemos permitir y dejar pasar es que se viole la ley o que se haga de una manera inconducente”, indicó el legislador, ante los cuestionamientos que rápidamente le dirigieron desde el macrismo.

Y valoró: “El fallo, en definitiva, lo que marca es algo que debería ser entendido ya de antemano, que es que no se puede desalojar a nadie sin una orden judicial de desalojo, que la justicia debe intervenir en cada uno de estos procesos porque, en definitiva, más allá de los inmuebles, más allá de la propiedad privada que nosotros respaldamos y estamos de acuerdo en la restitución de los inmuebles, no deja de haber familias dentro de esos inmuebles que están viviendo, y que muchos de ellos son menores, personas adultas, jubilados, personas con discapacidad, que en definitiva están siendo echadas a la calle sin ninguna orden judicial y con un procedimiento que tiene mucho de trampa por parte del gobierno”.

Frente a la arbitrariedad del accionar de la gestión macrista, “Pitu” Salvatierra aseguró que el fallo “es un paso hacia adelante en una pelea que venimos dando porque se respete la ley y los debidos procedimiento, no en contra de la restitución de las propiedades a sus dueños, sino estamos en contra de que se haga de una manera muy gris, en donde se utilizan arquitectos de dudosa capacidad, en donde se dictamina un riesgo de derrumbe o riesgo de edificio en menos de 10 minutos y que después no se hace ningún procedimiento una vez que se desalojan esta vivienda por parte de la Ciudad, que correspondan a una vivienda que está a punto de de derrumbarse”.

“Me refiero a que lo único que hace el Gobierno de la Ciudad es tapiar las puertas y ventanas y después no apuntala nada y no hace ningún ningún procedimiento que corresponda al riesgo de derrumbe de una propiedad, por lo cual entendemos que o mienten cuando desalojan a la a la gente diciendo que hay un riesgo de derrumbe o no les importa ningún vecino de la manzana que lindera esta vivienda que está en riesgo de derrumbe”, apuntó Salvatierra, y concluyó:

“Cualquiera que fuera el caso, el Gobierno de la Ciudad está incumpliendo con sus deberes. Así que nos alegra que la Justicia ponga en su lugar las cosas y que a raíz de este fallo, el gobierno de la Ciudad deberá acudir a la justicia para obtener las órdenes de desalojos correspondiente y seguramente todos estos procedimientos sean menos traumáticos y caóticos, como no debieron ser nunca”.

Imagen: Mauro Alfieri