Más de 190 organizaciones firmaron un comunicado conjunto en el que advierten que esta iniciativa, que impulsa el gobierno nacional, es contraria al derecho a participar en la vida política y a peticionar frente a las autoridades, ya que amenazaría la existencia misma de cientos de organizaciones sociales en todo el país.
Compartimos comunicado:
La transparencia en los procesos de toma de decisiones públicas es un objetivo legítimo y necesario para fortalecer la democracia. Sin embargo, el proyecto propuesto por el Ejecutivo nacional no va en esa dirección. En este comunicado conjunto, firmado por más de 180 organizaciones, desarrollamos algunas de las alertas que genera un texto que incorpora mecanismos que restringen la participación ciudadana, debilita la capacidad de incidencia de organizaciones sociales y amplía el control estatal sobre actores que cumplen una función importante en la sociedad.
Las relaciones entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil son de naturaleza diferente y no pueden regularse como si fueran equivalentes. El contacto entre una empresa y un funcionario en busca de un beneficio regulatorio o directamente económico no es comparable con el trabajo de una organización que promueve derechos, representa intereses de colectivos, expresa demandas sociales o se dedica al control democrático del poder. Equipararlos bajo el mismo régimen de registro, control y sanciones no es neutral: tiene consecuencias políticas serias.
Las organizaciones de la sociedad civil ya tienen obligaciones de transparencia. Rinden cuentas periódicamente ante los organismos de registro correspondientes, informando sus ingresos, egresos y proyectos. Lejos de ampliar la transparencia, el efecto de una iniciativa de este tipo puede ser el contrario: desalentar la participación de organizaciones pequeñas, reducir la pluralidad de voces presentes en el debate público y fortalecer las desigualdades existentes entre quienes cuentan con mayores recursos y quienes representan intereses colectivos o comunitarios, grupos afectados y sus familias, espacios como centros de estudiantes, iglesias y movimientos sociales.
El proyecto genera alertas porque, de avanzar, va a limitar las tareas cotidianas de la sociedad civil. El trabajo sobre los problemas públicos implica que las organizaciones que trabajan en derechos humanos o transparencia, que inciden para controlar los poderes, que buscan mejores políticas públicas en educación o salud, o las que se preocupan por el ambiente, entre muchas otras, necesitan reunirse, enviar correos o realizar llamadas con legisladores, con partidos políticos de oposición, o con funcionarios públicos de cualquier orden. Esa posibilidad no es un privilegio: es una condición indispensable para que el control ciudadano y la incidencia en las políticas públicas sean efectivos.
En el proyecto propuesto, las organizaciones que reciben fondos de la cooperación internacional corren con la posibilidad de que el Estado les exija información extraordinaria invocando conceptos amplios como “seguridad interior” o “interés público”. El proyecto las equipara de manera indebida con representantes de intereses extranjeros, lo que reproduce además una lógica que históricamente ha sido utilizada para estigmatizar y restringir el trabajo de la sociedad civil. La experiencia de países que adoptaron leyes de agente extranjero, en Hungría o Paraguay en nuestra región, muestra cómo estas normas terminan operando como herramientas de control que limitan la capacidad de las organizaciones de actuar con libertad.
Tan grave como el punitivismo, se suma el efecto disuasorio. Si participar en el debate público implica riesgo penal, muchas organizaciones y colectivos organizados van a reducir su actividad o dejar de interactuar con el Estado. No es un escenario hipotético: en distintos países y regiones del mundo se ha observado cómo normas presentadas como herramientas de transparencia terminaron siendo un mecanismo de presión y vigilancia sobre la sociedad civil. Es un patrón que conocemos y que no queremos ver reproducido en nuestro país.
Sin límites precisos en la ley y con sanciones penales de hasta tres años de prisión para incumplimientos formales, el margen para un uso arbitrario de esta nueva normativa es considerable. Esa asimetría se agudiza cuando se compara con lo que el proyecto prevé para los funcionarios que incumplan el régimen: apenas una “falta grave”.
Este proyecto restringe la participación y la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, concentra los controles en una autoridad sin independencia y criminaliza errores formales. No fortalece la democracia: la erosiona precisamente donde más importa.
Documento de análisis AQUÍ
Organizaciones firmantes del comunicado:
Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), CELS, Democracia en Red, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Huésped, Fundación Protestante Hora de Obrar, Fundar, Poder Ciudadano, Abogadas y Abogados del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES), Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), CAREF (Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana, Curas Opción por los Pobres, Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Fundación Vía Libre, Fundeps, Greenpeace Argentina, INECIP, TECHO, Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST), Fundación 5 sentidos, Abogados por los Pibes, Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales (AEDROS), Agenda de las Mujeres, Amuyen Colectiva Feminista, Asociación de padres y amigos de personas con discapacidad de Eldorado (APADEL), APDH Regional Tuyu Sur, APDH La Matanza, APDH Mendoza, APDH Neuquén, Asociación Civil Alas Centro de Atención al Discapacitado, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Asociación ciudadana por los derechos humanos, Asociación Civil Alas Centro de Atención al Discapacitado, Asociación Civil Andar, Asociación Civil Encontrarnos, Asociación Civil La Casa del Encuentro, Asociación Civil Lola Mora, Asociación Civil Memoria Abierta, Asociación Civil Razonar, Asociación Consumidores Responsables, Asociación Contra la Violencia Institucional, Asociación de ayuda a personas con padecimiento mental y a su familia (APEMIF), Asociación para la promoción de la cultura y el desarrollo, Ayuda y Asistencia a Familiares del Suicida Asociación Civil (AAFASUAC), Caminos Abiertos, CADE (Campaña Argentina por el derecho a la educación), Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios para la Gobernanza, Centro Nueva Tierra, Centro Paulo Freire, Círculo de Políticas Ambientales, CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres), Colectiva Feminista La Revuelta, Colectivo argentino de Salud Mental, Colectivo Memoria, Verdad y Justicia Florencio Varela, Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Universidad Nacional de Salta (CIPeD), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Conectando Derechos Asociación Civil, Consciente Colectivo, Consejo Consultivo de Discapacidad, Cooperativa Huvaití de Comunicación, Coordinadora 8M de Mujeres y Disidencias, CTA Autónoma Misiones, De Puertas Abiertas Al Trabajo Solidario, Derechos Humanos y Diversidad Asociación Civil, Federación de Cooperativas Federadas ltda., Federación Gráfica Bonaerense, Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Federación Junta Unida de Misiones, Foro de salud mental y DDHH San Juan (ASAD), Foro Latinoamericano por el Derecho Universal a la Salud, Fundación Arkho, Fundación Asociana, Fundación Cambio Democrático, Fundación Del Viso, Fundación Emmanuel, Fundación Encuentro, Fundación Espacios Verdes, Fundación GEP, Fundación Horacio González, Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), Fundación Kaleidos, Fundación Mujeres en Igualdad, Fundación Nuestra Mendoza, Fundación Ramseyer, Fundación Red por la Infancia, Fundación TEMAS, FUSA Asociación Civil, GMAF (Grupo de Mujeres de la Argentina Foro de VIH Mujeres y Familia), Hecho por nosotros, Instituto de Cultura Popular Asociación Civil (INCUPO), Marea – Género, Artes y Humanidades – Asociación Civil, Mujeres en Tecnología (MeT), Grupo de Estudios sobre Migraciones, Políticas y Resistencias (MiPRes IIGG UBA), Museo del Hambre, Ni Una Menos, NUBA Programa de Empleo Inclusivo, Nuestramérica, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Programa Migraciones, Politicas y Desigualdades del CIECS (CONICET/UNC), Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT), Red Argentina de Abogacía Comunitaria, Red argentina de Arte y Salud Mental, RED IAMIC Investigadores/as argentinos/as sobre Migraciones Internacionales, Red María Elena Walsh Nuestramérica, Red Nacional de Instructoras e Instructores RISaMC/RISaM, Red Puentes Nuestramérica, Revelar, Sociedad de Escritores y Escritoras de Argentina (SEA), Servicio Evangélico de Diaconía (SEDI), The Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, Tierra Violeta Asociación Civil, Unión de Productores y Productoras Caprinos (UPROC), (y siguen las firmas).
