La Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, informó a través de un comunicado que la fiscalía resolvió imputar a las mineras Agua Rica y Alumbrera en la causa que investiga el proyecto integrado MARA por posibles hechos de corrupción y que ya cuenta con ocho funcionarios procesados.
Compartimos comunicado de la Asamblea:
El Ministerio Público Fiscal solicitó la imputación de las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera, en el marco de una causa que ya tiene a ocho funcionarios procesados por avalar la fusión empresarial a sabiendas de la existencia de glaciares y ambiente periglacial protegido, en la zona que pretenden explotar. Además, Fiscalía pidió ampliar la investigación por posibles delitos de corrupción en esta causa que investiga el aval al proyecto integrado MARA.
En su dictamen, el fiscal Guillermo Marijuan advierte que las conductas denunciadas “podrían encuadrar en alguna de las figuras del artículo 1° de la Ley 27.401”, que penaliza entre otros los delitos de cohecho, tráfico de influencias nacional y transnacional, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, etc. Así, la investigación alcanzará a las empresas mineras por su posible responsabilidad, además de los ocho funcionarios que ya se encuentran con imputaciones firmes.
Recordamos los nombres de estos funcionarios. Como integrantes de la empresa interestatal Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) se encuentran Luis De Miguel y Ángel de Jesús Mercado (presidente y vicepresidente, respectivamente), Justo Daniel Barros (director titular en representación de la provincia de Catamarca), Alfredo Grau y Domingo Mario Marchese (directores en representación de la Universidad Nacional de Tucumán). También están imputados Eduardo Bautto, quien era funcionario de la Secretaría de Política Minera, e Irma Miranda e Ignacio Díaz Zavala, como funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Entre otros puntos, llamó la atención de la Fiscalía que la empresa minera no sólo formuló planteos defensivos, sino que además articuló recursos en favor de los funcionarios imputados. Además, en el marco de esta causa, el Juzgado ordenó que se convoque a declaración testimonial a integrantes del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), como así también a otros testigos requeridos por la querella. Como informamos semanas atrás, la decana de la Facultad de Derecho de la UNT había manifestado, en su declaración testimonial, que las empresas mineras habían impuesto términos contractuales que resultaban ruinosos (perjudiciales) para la universidad (que es parte de YMAD).
Con su dictamen, la Fiscalía avaló el pedido de un centenar de vecinas y vecinos de Andalgalá, constituidos en parte querellante y representada por la abogada de nuestra Asamblea, Mariana Katz, y el abogado Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. La causa se tramita con el número de expediente 7997/2019 en el Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini.
Este nuevo paso judicial avala lo que venimos denunciando desde hace años: no hay megaminería sin un entramado de corrupción que la permita. Desde nuestra Asamblea vamos a continuar luchando en las calles y en los tribunales hasta que sea justicia y se paralice este proyecto que atenta contra nuestra agua y la vida digna de los andalgalenses.
Asamblea El Algarrobo
Andalgalá- Catamarca
