Se cumplieron dos décadas del incendio en el taller clandestino que se cobró la vida de seis personas migrantes, víctimas de la explotación y la precariedad laboral más extremas. Las mismas condiciones que el actual gobierno de ultraderecha busca generalizar para el conjunto de la clase trabajadora. Por Indymedia Argentina.
En memoria del compañero Reinaldo Ortega.

Sobrevivientes, familiares y amigos que siguen luchando por justicia organizaron este lunes un acto, a 20 años de la infame fecha del 30 de marzo de 2006.

“20 años de impunidad, 20 años de lucha, 20 años de resistencia por las víctimas del taller textil de la calle Luis Viale”, dijo Lourdes Hidalgo, trabajadora sobreviviente de la masacre.

“Hoy en día seguimos en pie con el pedido de justicia y memoria por las trabajadoras textiles y sus hijos que perdieron la vida cociendo la sopa. Como también hoy en día se ve, es muy claro, notorio, la persecución hacia nosotras por ser trabajadoras migrantes. Y la discriminación y el fascismo va creciendo por ser mujeres trabajadoras de los pueblos originarios, por ser quechuas aymaras. Unidos debemos seguir luchando, basta de discriminación, basta de muertes laborales”, reclamó Lourdes, y agregó: “A nosotros nos pusieron fronteras, pero para la explotación laboral no existen fronteras”.

La masacre del 30 de marzo de 2006
Ese día, seis personas migrantes murieron atrapadas en el incendio que arrasó el taller textil clandestino ubicado en Luis Viale 1269, en el barrio de Caballito.

Eran cuatro niñes, un adolescente y una mujer embarazada.

Sus nombres: Harry Rodríguez, de 3 años; Elías Carbajal, de 10; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15; Juana Vilca, de 25, embarazada; Luis Quispe, de 4; y Rodrigo Carbajal, de 4. Todos de origen boliviano.

No era el primer incendio que ocurría en ese lugar, pero la desidia patronal, junto a las condiciones de precariedad y explotación impuestas en el lugar, habilitaron la repetición del siniestro.

En junio de 2016, después de una década, el Tribunal Oral Criminal Nro 5 condenó a los encargados del taller, Luis Sillerico y Juan Manuel Correa, a trece años de prisión por reducción a la servidumbre, y ordenó a la justicia volver a investigar a los dueños de las marcas para las que el taller producía en forma exclusiva.

Sin embargo, en mayo de 2019 los dueños de las marcas y del inmueble, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, fueron absueltos por el juez Alberto Baños, entonces a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Nro 27.

Se trata del mismo Alberto Baños que años más tarde, en diciembre de 2023, asumió como funcionario del gobierno de Javier Milei para ejecutar el ataque, vaciamiento y destrucción de las políticas de derechos humanos y los Sitios de Memoria bajo la órbita de otro negacionista, su amigo Mariano Cúneo Libarona. Ambos se encuentran ahora fuera del gobierno, Baños desde diciembre de 2025 y el ex ministro, desde el pasado 4 de marzo.

Como juez, Baños dictó el sobreseimiento de los empresarios por considerar que “no se pudo probar que conocieran la situación de reducción a la servidumbre en el lugar”.

Tan sólo eran los propietarios del lugar y se beneficiaban económicamente de su explotación. Nada más.

Para peor, en el 2022, la justicia les restituyó el edificio a los dueños que habían sido sobreseídos, y desde entonces el lugar está en venta, sin ningún tipo de reconocimiento oficial de lo ocurrido allí.

Las y los sobrevivientes junto con organizaciones sociales han sostenido el reclamo para que el inmueble sea expropiado y convertido en un espacio de memoria. En este proceso se formó la Comisión Luis Viale, que considera que la masacre no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un sistema que permite y favorece la explotación laboral. Por eso consideran que transformar el lugar en un sitio de memoria no solo significará un reconocimiento a las víctimas, sino también una advertencia sobre la persistencia de estas condiciones en la actualidad.

Imagen: Nicolas Solo ((i))