La Comunidad de Rinconada, en la Puna jujeña, se declaró en estado de alerta tras impedir el ingreso de personas vinculadas a Daniel Alderete, titular de un pedimento minero dentro del territorio ancestral de la comunidad. El episodio, ocurrido recientemente, pone de manifiesto la creciente tensión en una región donde la defensa del agua y la autodeterminación indígena chocan de frente con la expansión de pedimentos mineros polimetálicos. Por Laki Quispe – TeleSisa
La Comunidad del Pueblo Kolla, ubicada en el departamento de Rinconada, en la región de la Puna jujeña y a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, se reunió ayer en el paraje Alto Cerro, en el sector denominado Alto Carmen, para impedir el acceso al territorio comunitario a un grupo de visitantes vinculados a actividades mineras. Según explicó la presidenta de la comunidad, entre los presentes también había algunos integrantes de las comunidades de Santo Domingo y Casa Colorado, a quienes señaló como “cómplices” del intento de ingreso.
“Han querido ingresar, han querido entrar, han querido convencernos de que nosotros digamos sí, pero nosotros siempre le dijimos no a la minería”, sostuvo Mirta Llampa. La referente explicó que las personas que intentaron ingresar pertenecían a la consultora Wicz Mining Consulting, vinculada al pedimento minero cuyo titular es Daniel Alderete. Según detalló, el pedimento se encuentra dentro del territorio comunitario y en etapa de exploración para minerales polimetálicos.
“Nos juntamos todos y no les permitimos el ingreso. Les dijimos que no van a ingresar porque no tienen autorización de nuestra comunidad”, relató Llampa. Según su testimonio, cuando los integrantes de la comunidad preguntaron a los representantes de la consultora si contaban con autorización del gobierno para ingresar al territorio, estos respondieron que no tenían ninguna.
Tras el episodio, miembros de la comunidad mantuvieron una reunión con el juez de paz local para abordar la situación. La presidenta comunitaria señaló que el conflicto por la actividad minera en la zona se remonta al año 2005, cuando comenzaron los primeros intentos de avanzar con proyectos de exploración en el territorio.
Defensa del territorio y del agua
Desde la Comunidad argumentan que su rechazo a la actividad minera responde a la necesidad de proteger el ambiente y las fuentes de agua de las que dependen para su vida cotidiana.
Llampa explicó que el agua que abastece a la Comunidad proviene de los cerros cercanos, lo que consideran un recurso vital para la supervivencia de las familias, los animales y las actividades productivas locales. “Nosotros cuidamos nuestro medio ambiente, nuestra agua, porque de los cerros proviene el agua para nuestra supervivencia, como así también para nuestros animales, nuestra flora y nuestra fauna”, expresó.
En el territorio comunitario, según detalló, las familias desarrollan principalmente actividades vinculadas a la agricultura y a la cría de animales. Muchos de los habitantes mantienen campos donde cuentan con aguadas y pasturas para su hacienda.
Reclamo por reconocimiento institucional
La referente comunitaria cuestionó además el accionar de organismos estatales vinculados a la gestión de los territorios Indígenas y a la actividad minera. Según explicó, la Comunidad cuenta con estatuto, censos comunitarios y registros oficiales, además de estar inscripta ante la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia. En ese sentido, cuestionó que organismos como la Secretaría de Pueblos Indígenas, la Dirección de Minería y el Juzgado de Minas puedan avanzar en autorizaciones relacionadas con el pedimento minero sin considerar la presencia de la Comunidad. “Ellos tienen conocimiento de que nosotros existimos, que tenemos nuestra gente viviendo acá: ancianos, niños, jóvenes, adultos. Todos tienen sus campos y viven de la hacienda aquí”, concluyó.
Cabe recordar que cualquier actividad minera en territorios habitados por Pueblos Indígenas debe realizarse mediante procesos de consulta previa, libre e informada, un derecho reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Constitución argentina.
Contexto minero en la región
El departamento Rinconada forma parte de la región minera de la Puna jujeña, donde existen numerosos pedimentos y proyectos de exploración de minerales metálicos. En la zona funciona, por ejemplo, el proyecto Chinchillas. La Puna jujeña es una de las regiones con mayor interés minero del país. Según datos oficiales, en la provincia existen más de 240 titulares de pedimentos mineros y más de 200 proyectos con informes de impacto ambiental en trámite. En esta zona se buscan minerales como litio, plata, plomo, zinc, cobre y oro, lo que explica el interés de empresas por avanzar con proyectos de exploración.
El episodio ocurre en un contexto de expansión del modelo extractivo en el país y en la región de la Puna. La implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y otras políticas orientadas a atraer capitales para proyectos mineros y energéticos es un factor que incrementa la presión sobre territorios comunitarios. En Jujuy, este escenario se combina además con las controversias generadas por la reforma constitucional provincial de 2023, cuestionada por comunidades indígenas por haberse realizado sin procesos adecuados de consulta previa.
