El mundo quedó conmocionado en los primeros días de este nuevo año. El presidente estadounidense Donald Trump, quien había estado acumulando buques de guerra y bloqueando Venezuela, cerrando su espacio aéreo, lanzó la Operación “Resolución Absoluta” mientras estaba de vacaciones en Florida. Hace una semana entrevistamos a Gerardo Rojas (*) quién es comunicador y militante popular, escritor de libros como Chávez y la democracia socialista. Claves, reflexiones y evolución de sus propuestas. Por Lucrecia Kuri (**) especial para Red Eco
(Por Lucrecia Kuri (**) especial para Red Eco) Venezuela – En este diálogo la mirada, la reflexión y la experiencia de Geraro Rojas permitirán arrojar luz sobre los sucesos de las últimas semanas, cambiantes y sorpresivos por momentos.
Aviones de guerra y helicópteros Delta Force estadounidenses bombardearon la capital, Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua llegaron en la noche del 2 de enero y madrugada del 3. En dos horas y media, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama y primera presidenta de la Asamblea Nacional del país (2006-2011), Cilia Flores, fueron secuestrados por Estados Unidos y llevados a Nueva York. ¿Cómo sucedió todo tan rápido? ¿Qué pasó en Venezuela?
La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, ejecutada el pasado 3 de enero en la madrugada, en el marco de la operación estadounidense “Resolución Absoluta”, dejó más interrogantes que respuestas. En apenas dos horas y media, helicópteros artillados y fuerzas especiales de Estados Unidos bombardearon puntos estratégicos de Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua, burlaron los sistemas de defensa y extrajeron al mandatario, junto a su esposa y primera dama, Cilia Flores. La rapidez del operativo instaló una pregunta central: ¿cómo fue posible un desenlace de esta magnitud sin colaboración interna?
Cabe destacar sin embargo que, aunque no suficiente, hubo resistencia militar al secuestro de Nicolás Maduro. Más de 108 personas -en su mayoría militares- murieron resistiendo el ataque de Trump.
En los días previos, los indicios se acumulaban. Maduro había propuesto públicamente una mesa de negociación a Washington; semanas antes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez se había reunido en Miami con actores vinculados al conflicto; mientras tanto, Rusia y China optaban por un camino diplomático sin capacidad real de bloqueo, y varios gobiernos latinoamericanos reducían el tono o tomaban distancia.
Horas después del ataque, Donald Trump confirmó que las negociaciones se habían realizado con Delcy Rodríguez y descartó a la oposición liderada por María Corina Machado como alternativa de gobernabilidad. Poco después, un asesor militar cercano al senador Marco Rubio afirmó que Maduro “fue entregado por los propios venezolanos”.
A la fecha han habido avances e incluso sorpresas, en tema de reuniones y comunicación entre ambos países, el avance en las conversaciones incluyó un enviado del gobierno venezolano a Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses y avanzar hacia la reapertura de la embajada de Venezuela en ese país, el pasado jueves 15 de enero. Félix Plasencia, sería el primer representante del chavismo —el movimiento político gobernante en el país— que visita la capital estadounidense en calidad oficial en años. Su viaje pone de relieve la rapidez del deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro.
Menos de 12 horas después de esta reunión, la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodriguez presentaba un proyecto para una nueva Ley de Hidrocarburos, y otro para acelerar los trámites para empresas que deseen invertir en el país, que impactará a los trámites relacionados con la explotación de hidrocarburos. Previamente había mantenido una larga reunión vía meet con Donald Trump. Al día siguiente otra noticia sorprendió al pueblo bolivariano y al mundo: Delcy Rodriguez se reunió con la CIA.
Existe un debate sobre por qué el ejército y la policía venezolanos no resistieron a los aviones, helicópteros y fuerzas especiales. El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, el ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ocupaban puestos clave. ¿Existen interrogantes en torno a estos individuos?
Cómo mencioné anteriormente, al menos 108 personas -en su mayoría militares- murieron resistiendo el ataque de Trump. Esto implica que hubo resistencia al ataque, pero con una desmesurada correlación de fuerzas.
Sería apresurado hacer conjeturas sobre qué responsabilidades caben en el general Vladimir Padrino López, el ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez en relación al ataque a la soberanía de Venezuela y posterior secuestro de Maduro. El mismo Donald Trump expresó que hubo reuniones previas para llegar a la situación actual, y no fueron, hasta el momento, negadas por el gobierno venezolano, al menos no oficialmente.
El tiempo dirá en las investigaciones correspondientes que sucedió y quienes tuvieron participación desde dentro del gobierno venezonalno en lo sucedido. Lo que sí podemos evaluar, sin caer en especulaciones, son las acciones que viene tomando el gobierno en estas dos semanas, a un ritmo sorprendente y que contribuyen no solo a normalizar las relaciones diplomáticas con el gobierno de Trump, sino a liberalizar aún más los estamentos fundamentales de la economía venezolana. Una imagen sorprendente de esa “normalización” es la foto de la reunión entre Delcy Rodriguez y el director de la CIA, John Ratcliffe, por orden del presidente Trump, que deja un sabor amargo ya que ese organismo es uno de los principales responsables del operativo de secuestro del presidente Nicolás Madura y de los mas 108 fallecidos en el ataque.
Trump hizo hincapié con frecuencia en las reservas petroleras de Venezuela, tanto antes como después del golpe. Incluso mencionó que “las Autoridades Interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad a los Estados Unidos de América” ¿Fue el petróleo el único motivo del ataque? ¿Qué otros cálculos podrían estar en juego?
Las declaraciones de Donald Trump, en las que volvió a enfatizar el valor estratégico de los recursos energéticos venezolanos y sugirió que Estados Unidos tendría capacidad de decisión sobre su explotación, reabrieron el debate sobre las motivaciones reales detrás de la ofensiva contra Venezuela. Esto se debe además a la importancia de mantener el petrodólar. Ante el aumento de monedas nacionales o alternativas, controlar las mayores reservas de petróleo para vender en dólares, permite abonar un objetivo crucial para los Estados Unidos: fortalecer el dólar. El petróleo es, sin duda, un factor central, aunque dista mucho de ser el único elemento en juego.
La disputa no debe pensarse en términos inmediatos de producción —como si Venezuela fuera a inundar mañana el mercado mundial— sino desde una lógica de control estratégico del acceso. Lo que se busca es garantizar que empresas estadounidenses puedan ingresar al mercado venezolano como parte de una concepción ampliada de seguridad nacional. Desde esta perspectiva, incluso la inversión privada aparece subordinada a decisiones políticas directas: Trump estaría en condiciones de forzar a determinadas empresas a invertir en Venezuela si lo considera necesario.
Tal es así que sólo 12 días después del ataque a Venezuela y secuestro del Presidente Nicolás Maduro, la presidenta interina Delcy Rodriguez presentó dos proyectos de ley, una para una nueva ley de hidrocarburos que, y otro que permitirá acelerar las posibilidades de inversión para empresas como Chevron (de origen estadounidense) y la empresa estatal venezolana PDVSA. Básicamente permitirá flexibilizar acuerdos una vez que se levanten los bloqueos estadounidenses al país. Este pedido fue explícito por parte de las petroleras estadounidenses que, a la sugerencia de Trump de volver a invertir en Venezuela, le recordaron que dejar de invertir en el país fue una consecuencia de los bloqueos del propio Estados Unidos, y no un problema de Venezuela.
Este acceso pareciera funcional no solo por la proyección futura de producción, sino porque una parte importante de las refinerías estadounidenses está diseñada específicamente para procesar crudo pesado venezolano, a un costo político altísimo, avasallar la soberanía de un país y violar cada aspecto relevante a esto en materia de derecho internacional. A ello se suma un objetivo clave de política interna: incidir en el precio del petróleo y, con ello, abaratar el combustible en Estados Unidos, una de las prioridades históricas del trumpismo.
Sin embargo, reducir el conflicto a la cuestión petrolera implica una lectura incompleta. Venezuela forma parte de una disputa más amplia por recursos estratégicos —oro, coltán, tierras raras y agua— que adquieren un valor creciente en el contexto de la transición energética global. A estos factores se agregan consideraciones geoestratégicas de largo alcance: el control del Caribe, la proyección sobre el Atlántico y el Pacífico, el acceso hacia América del Sur y la protección de intereses vinculados al reciente hallazgo petrolero en Guyana.
Desde esta clave, la política de Trump es una actualización del viejo principio Monroe, adaptado a la lógica MAGA (Make America Great Again). No se trata únicamente de disciplinar a las experiencias bolivarianas, sino de enviar una señal al conjunto del hemisferio: cualquier proyecto político que cuestione, incluso discursivamente, la política exterior de Estados Unidos puede ser objeto de presión directa. Esta demostración de poder no requiere necesariamente un despliegue militar clásico; basta, en muchos casos, con una declaración pública, una llamada o un mensaje en redes sociales para inmovilizar opciones soberanas.
Esta lógica no se agota en la figura de Trump. La continuidad de las sanciones durante la administración de Joe Biden demuestra que se trata de una política de Estado de larga data. Incluso un eventual cambio político en Washington no garantiza, un viraje sustantivo si los sectores estructurales del poder estadounidense consideran estas medidas necesarias para su seguridad interna.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia, como lo exige la Constitución. Trump, mientras tanto, hizo declaraciones indicando que ahora tenían el control. ¿Qué se puede esperar en Venezuela a partir de ahora? ¿Existen fuerzas de autodefensa o comunas en áreas metropolitanas o asentamientos rurales para contrarrestar una posible invasión de tierras?
En relación al nombramiento de Delcy como presidenta interina, el gobierno venezonalo incluso debió hacer una interpretación desde el Tribunal Supremo de Justicia para que asumiera la presidencia. Si se asumía que la ausencia de Nicolás Maduro era definitiva, se debía convocar ya a elecciones, cómo pasó con la muerte de Hugo Chávez. Por eso la insistencia del rescate de Maduro, y decir que sigue siendo presidente, al menos hasta ahora, en las comunicaciones oficiales del gobierno. Esta medida se tomó para preservar la estabilidad institucional, evitar una convocatoria electoral inmediata y ganar tiempo en un escenario de alta presión externa.
Los días posteriores al secuestro de Maduro hubo una suerte de doble movimiento: por un lado, declaraciones agresivas provenientes de Trump y sus voceros; por otro, inicialmente, un silencio estratégico del Estado venezolano, acompañado de gestos destinados a no escalar el conflicto. Sin embargo, éste silencio se fue desvaneciendo y días después la presidenta Delcy Rodriguez, emitió varias declaraciones entre las que se destaca un llamado a los venezolanos a la unidad como nación. “La gran victoria del enemigo sería la división” y agregó “Estamos en un momento de resistencia que exige paciencia, prudencia estratégica y objetivos claros, que son preservar la paz de la República, rescatar a nuestros rehenes, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, diputada Cilia Flores y que la Revolución Bolivariana preserve el poder político para defender al pueblo”.
Esta actitud podría ser comprensible: lo que está en juego es la preservación de la paz, la continuidad republicana y la prevención de una fractura interna que podría resultar catastrófica. Sin embargo para que esas declaraciones sean coherentes, se debe exigir de parte del gobierno una política interna que permita una real sumatoria de voluntades en defensa del pueblo venezolano, cosa que no logrará ninguna negociación con Trump.
Las reformas de leyes claves propuestas, sobre todo la de hidrocarburos, que en un país cómo el nuestro es fundamental para generar pautas a la sociedad toda, deja en evidencia una clara colaboración, por decir lo menos, con Donald Trump.
Tocará esperar lo que plantearán en el texto de la reforma de ley, pero es evidente que implica una flexibilización, o pérdida, de los principios que marcó Hugo Chávez para la construcción de una industria soberana.
Si sumamos eso a la reunión de Delcy con el jefe de la CIA, deja claro que estamos en un contexto y un gobierno que ya no tiene las líneas rojas del pasado.
Toca decir que el mismo Nicolás Maduro buscó normalizar las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con quiénes tuvo algún tipo de comunicación, incluso de negociación, al punto que creo que la gran velocidad con que se vienen implementando decisiones en estas semanas tiene que ver con propuestas que ya habían sido trabajadas hasta cierto punto con anterioridad.
Un ejemplo ilustrativo de este escenario fue el anuncio del Departamento de Energía estadounidense sobre la administración de recursos derivados del petróleo venezolano y su eventual inversión en el sistema eléctrico nacional. Aunque el discurso oficial mantuvo una retórica soberanista, existe una coincidencia —cuando menos llamativa— entre los objetivos planteados públicamente por Washington y las medidas anunciadas desde Caracas.
Autodefensa, control interno y límites del conflicto
Al respecto de la pregunta sobre la capacidad de respuesta interna, existen estructuras de milicia y formas de organización comunal con capacidad de autodefensa, tanto en áreas urbanas como rurales. No obstante, estas no constituyen hoy el eje central de la estrategia gubernamental.
La prioridad es demostrar control territorial, normalidad institucional y unidad política. La lógica de la autodefensa requiere la presencia de un enemigo claramente identificado, y en el escenario actual no existe una hipótesis creíble de ingreso de tropas estadounidenses al territorio venezolano, al menos no en el corto plazo. La principal amenaza, creo, no es una invasión directa, sino un conflicto interno o una fractura política, que debilite la capacidad de negociación del Estado venezolano.
Desde esta perspectiva, pienso que hay tres tareas fundamentales para el gobierno venezolano: sostener la unidad interna, garantizar la paz social y mantener abiertos canales de negociación con Estados Unidos. Estas condiciones son las que permiten sentarse a la mesa. La oposición venezolana, la derecha venezolana encabezada por María Corina Machado, particularmente sus sectores más radicalizados, carecen de cohesión, control territorial y capacidad real de interlocución, razón por la cual Trump la ha dejado al margen de este proceso.
¿Por qué el movimiento socialista no ha logrado un avance significativo en Venezuela, un país que ocupa el primer lugar mundial en petróleo y se encuentra entre los 10 primeros en gas natural, y ocupa posiciones importantes en oro, diamantes, níquel, hierro, cobre y tierras raras? Quisiera preguntar sobre los errores de Nicolás Maduro.
Al pensar los límites del proyecto socialista en Venezuela, es difícil personalizar el problema en la figura de Maduro. Se trata de un dilema estructural que atraviesa a buena parte de América Latina: la dificultad de construir un modelo emancipador cuando el núcleo de la economía sigue siendo el extractivismo.
Para Chávez la superación de la lógica del capital pasaba por varios procesos, entre ellos el comunal. Por eso una de sus últimas proclamas fue: ¡Comuna o nada!, apostando a una transformación de la sociedad desde abajo, con autogobiernos que se agregan y disputan a la “amiba del capital” las formas de relacionarse y de producir, construyendo en simultáneo un Estado otro, una vida digna.
La dependencia de los ciclos de precios de las materias primas, combinada con la presión del sistema financiero global, ha condicionado históricamente las políticas internas de la región. Venezuela no escapa a esta lógica. Durante el gobierno de Hugo Chávez se produjeron avances sociales significativos, pero incluso entonces quedó abierta la pregunta sobre cómo sostener estos logros sin reproducir el metabolismo del capital, centrado en el desarrollo económico sobre la explotación y extracción del petróleo.
Este debate debe vincularse con procesos más amplios, como la explotación del litio en el Cono Sur o la transición energética que alimenta industrias como la de Tesla. En todos los casos, el desafío es el mismo: cómo construir alternativas con herramientas que, en muchos sentidos, refuerzan la lógica del capital que se pretende superar.
En un tablero global marcado por la disputa entre Estados Unidos, Rusia y China, Venezuela aparece como una pieza más de una confrontación de largo plazo. Más que gestos espectaculares o intervenciones directas, lo que se impone es un escenario de negociaciones silenciosas, reacomodos estratégicos y una pugna sostenida por el control del hemisferio. Las declaraciones importan, pero serán las acciones concretas las que permitan comprender el verdadero rumbo de los acontecimientos.
¿Por qué el Partido Socialista Unido de Venezuela no ha podido producir un nuevo líder después de su primer o segundo mandato? ¿No han analizado los movimientos de izquierda la reciente experiencia boliviana, que se ha convertido en un tema recurrente de gobierno unipersonal? ¿Cómo se debate el movimiento socialista bolivariano en América Latina tras las experiencias boliviana y venezolana?
La dificultad de construir liderazgos colectivos y mecanismos de relevo, en el caso venezolano, sumado a los ataques externos y las amenazas permanentes, llevaron al gobierno a adoptar una lógica defensiva que se tradujo en un cierre progresivo del espacio político interno.
La protección frente a la agresión externa se resolvió, muchas veces, mediante una mayor centralización de las decisiones, lo que terminó debilitando la construcción colectiva y limitando el surgimiento de nuevos liderazgos. Este no es un problema exclusivamente venezolano, sino un rasgo común a varias experiencias progresistas recientes en la región, como en el caso de Cristina Fernandez en Argentina, o Evo Morales en Bolivia.
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Lo que hoy observamos en Venezuela no puede desligarse de una lógica global más amplia que combina amenazas externas, narrativas de “seguridad” y la construcción de enemigos internos como pretexto para intervenciones políticas, diplomáticas y militares. En los últimos días, el propio Donald Trump ha extendido su retórica confrontativa más allá del caso venezolano hacia otros focos de conflicto global.
En lo que fue interpretado como un llamado explícito a la movilización contra el régimen iraní, Trump publicó mensajes públicos en los que alienta a los manifestantes en Irán a “seguir protestando”, a tomar instituciones y asegura que “la ayuda está en camino” ante la brutal represión que ya ha dejado miles de muertos según observadores internacionales. Este tipo de declaraciones, lejos de ser meros discursos, implican una instrumentalización de movimientos sociales y protestas legítimas para justificar la intervención o presión política de potencias externas.
Lo que es igualmente revelador es el silencio —prácticamente absoluto— de las principales instituciones multilaterales, en particular de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ante situaciones de violencia extrema, tanto en Venezuela como en Irán, la ONU ha mostrado incapacidad o reticencia a pronunciarse con contundencia. Ese silencio no es neutral: forma parte de un orden internacional en el cual las grandes potencias bloquean, diluyen o condicionan cualquier acción de carácter vinculante, mientras siguen impulsando políticas que vulneran el derecho internacional.
Este patrón se repite en América Latina. Más allá de las condenas retóricas de algunos gobiernos, no ha habido una respuesta colectiva contundente de los líderes latinoamericanos ante la militarización del Caribe y la insinuación explícita de que tras Venezuela podrían venir por otros países como Colombia, Cuba o México. La ausencia de una postura unificada —de los Gobiernos, de la CELAC, de Unasur, de la propia ONU— revela la debilidad de los mecanismos regionales frente a la presión de Washington y la dependencia de las estructuras diplomáticas tradicionales.
Desde sectores progresistas y sindicales de la región se ha denunciado este doble estándar: se criminaliza a gobiernos soberanos bajo categorías ambiguas como “narco-terrorismo”, mientras se legitiman ataques extrajudiciales sin evidencia pública sólida. La administración estadounidense ha puesto el foco en lo que llama “narcoterrorismo” en el Caribe y El Pacífico, una etiqueta utilizada para justificar operaciones militares y despliegues sin el aval de organismos multilaterales. La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista por parte de Estados Unidos ha sido repetidamente cuestionada incluso por expertos externos y negada por el propio gobierno venezolano, que afirma que se trata de una fabricación destinada a justificar intervenciones encubiertas.
Esta narrativa de enemigos internos —del narco, del terrorista, del dictador— no es nueva, pero en la coyuntura actual se está transformando en un instrumento directo de política exterior para erosionar la soberanía de Estados nacionales que no se alinean con los intereses de Washington. Lo grave es que esta lógica —que ya se utilizó en otras regiones del mundo en los últimos 50 años— ahora se exporta a cualquier región que Estados Unidos necesite.
Así, el silencio de la ONU, la vacilación de los gobiernos latinoamericanos y la aprobación tácita de discursos intervencionistas colocan a Latinoamérica en una encrucijada histórica. No se trata únicamente de defender a un país o dirigente específicos, sino de reafirmar el principio de no intervención, la soberanía de los pueblos y el imperio del derecho internacional frente a un unilateralismo que ha demostrado ser incompatible con la coexistencia pacífica entre Estados.
En este sentido, la voz crítica de un comunicador popular, escritor y militante popular como Gerardo Rojas —que subraya la necesidad de comprender no solo lo que ha ocurrido, sino los marcos estratégicos que lo hacen posible— no es una opinión más, sino una alerta sobre la dirección hacia la cual se mueve el sistema internacional si no hay una respuesta organizada de las mayorías sociales y de las fuerzas políticas que reivindican la soberanía popular.
(*) Gerardo Rojas es comunicador y militante popular, escritor de libros como Chávez y la democracia socialista. Claves, reflexiones y evolución de sus propuestas. También es un organizador comunitario en Barquisimeto, Lara, y un activista chavista, una referencia al movimiento político de la clase trabajadora pobre que apoyó al expresidente venezolano Hugo Chávez. Fundador del colectivo de medios alternativos Voces Urgentes en 2002, participó en una de las primeras comunas urbanas, Comuna Socialista Ataroa (2007). Rojas fue viceministro en el Ministerio de Comunas en 2015 y forma parte del colectivo de comunicación, educación y activismo político Tatuy TV
(**)Lucrecia Kuri es una periodista argentina, activista de derechos humanos, activista de medios libres, miembro de la Red de Medios Alternativos de Argentina y forma parte de la Agencia de Noticias Firat desde hace más de 10 años.
Imágenes: Rome Arrieche
