Dos dirigentes docentes, Mónica Gurina y Leandro Sánchez, ambos referentes de la CTA-A Misiones, serán juzgados a partir de octubre por su participación en reclamos salariales ocurridos el año pasado. Están acusados de desobedecer una orden judicial y obstaculizar el tránsito.

La audiencia fue fijada para el 15 de octubre, a las 8, por el Juzgado Correccional y de Menores N° 1 de Posadas, que notificó la última semana su decisión adoptada el 15 de abril pasado.

Gurina es secretaria general de la CTA-A Misiones, y Sánchez, secretario adjunto. Ambos están imputados por los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en concurso ideal”, en el marco de las manifestaciones del sector educativo que incluyeron cortes de calles y acampes durante el primer semestre de 2024.

La acusación surgió tras una resolución del Juzgado de Instrucción Penal N° 7, a raíz de la reinstalación de un acampe en la avenida Uruguay de la ciudad de Posadas el 4 de junio de 2024, que se había desmontado horas antes por orden judicial.

Las movilizaciones docentes eran en reclamo por una recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales. En esos días, estas protestas confluyeron momentáneamente con exigencias del Personal Policial y Penitenciario provincial, por lo que diversos sindicatos, agrupaciones de base y colectivos docentes protagonizaron protestas, cortes de ruta y acampes en distintos puntos del territorio misionero.

Desde la CTA-A calificaron el proceso judicial como un acto de criminalización de la protesta social, y advirtieron que se trata de un intento de “disciplinamiento” frente a las demandas legítimas del sector educativo.

Al respecto, Alicia Rivas, secretaria de comunicación de la Central, esta judicialización contra la conducción de la CTA Autónoma de Misiones, específicamente contra su Secretaria General y su Adjunto, forma parte de una represalia e intento de disciplinamiento hacia los sectores que protagonizaron la lucha salarial del año pasado, conocida como “el misionerazo”: “Esto se suma a la criminalización y el encarcelamiento de referentes de la protesta policial, quienes además fueron exonerados de las fuerzas sin sumario previo ni derecho a defensa. El objetivo es claro: evitar que trabajadores de la educación, la salud, estatales, pequeños productores y movimientos sociales vuelvan a ocupar las calles para visibilizar la crítica situación que atraviesan (…). Mónica y Leandro han sido dos de los principales referentes de la protesta en la provincia. Además, conducen la Central que, durante los últimos 20 años, organizó y encabezó las movilizaciones más importantes contra un gobierno provincial que profundizó la precarización laboral y salarial de los trabajadores, desatendió a los pequeños productores, fomenta la concentración de tierras y ahora avanza en un régimen que viola el derecho a la protesta, buscando disciplinar, condicionar e incluso encarcelar a dirigentes sindicales”.

En tanto, el defensor de Gurina y Sanchez, Eduardo Paredes expresó: “A Mónica y Leandro se les inició un proceso por ‘entorpecimiento del transporte público’, un delito con pena baja, vinculado a los cortes de calle durante las protestas por mejoras salariales. Paradójicamente, esas movilizaciones lograron que el Gobierno accediera a negociar y otorgara aumentos. Ahora, además, les imputan “desobediencia”. (…) En términos concretos, no van a ir detenidos. El riesgo real es que se asiente un precedente peligroso: judicializar el corte de ruta en el marco de las luchas sociales es gravísimo. Por eso vamos a llevar este caso hasta las últimas instancias, incluso a la Corte si es necesario (…). Misiones tiene un estándar constitucional muy bajo, con un Poder Judicial débil y un Gobierno que funciona como un unicato desde hace años. Pero será clave el apoyo de todos los gremios a partir de octubre, cuando comience el juicio. Simbólicamente, es importante que esto se resuelva bien, para mandar un mensaje claro: la criminalización de la protesta no puede avanzar”.

Para la propia Mónica Gurina, el objetivo es claro: “Poner una mordaza”. “No solo con persecución y criminalización – explica –, sino incluso con leyes provinciales que buscan prohibir las manifestaciones. Quieren que, ante la crisis, no haya protestas. Con estas medidas, el Gobierno intenta amedrentarnos, fomentar el individualismo y matar la solidaridad. Quieren que tengamos miedo, que no salgamos a las calles. Que todos piensen: ‘Total, el problema es solo de algunos dirigentes’. Pero cada vez que hablamos, lo decimos claro: cuando criminalizan a Leandro y a mí, es porque salimos a decirle a Rovira y a Milei, que campeaba alambre entre los docentes y las maestras de grado, que los porteros no tienen ropa, que las escuelas se nos caen en la cabeza, que en el comedor te pagan 380 pesos por gurí para que no comas ni medio alfajor. Estas medidas están para que más de uno tenga temor: ‘Si criminalizan a los dirigentes, imaginate a mí, que no lo soy’. Pero nosotras vamos a resistir, vamos a presentarnos en la justicia, pero esta respuesta es en términos colectivos. Ninguno de nosotros estaría judicializado si no fuera por la lucha de nuestros compañeros en la calle”.

Respecto a la situación actuales de los trabajadores y las trabajadoras, las necesidades no han cambiado, por el contrario: “Los trabajadores en Misiones son pobres. Los empleados provinciales están mal, pero los municipales directamente en la indigencia, y muchos estatales también. Una maestra de grado cobra 571.000, cuando según ATE-INDEC necesitamos al menos 1.700.000 para superar la línea de pobreza. La situación es de falta de derechos en todos los sectores. Por ejemplo, los tareferos, que cosechan la yerba, hoy no tienen precio. Los productores, al no poder vender a un valor adecuado, pagan miserias a los tareferos, que son los más olvidados y empobrecidos. Sus hijos van a nuestras escuelas, donde el Estado destina solo 380 pesos por día por niño para la alimentación. Con eso no alcanza ni para comprar caramelos. Los trabajadores desocupados no consiguen empleo, y los jubilados están en una situación desesperante: no tienen acceso a los remedios del IPS, el vademécum se reduce cada vez más, y sus haberes son miserables. Por eso siguen reclamando en la plaza: los jueves, los jubilados de María Blanca y de educación; los miércoles, los jubilados provinciales”, detalla Gurina.

“La situación es de extrema necesidad y se agrava día a día. Los servicios públicos son inaccesibles: una familia que tenga apenas una heladera, un ventilador y un lavarropas paga 100.000 pesos de luz con un salario de 500.000. En Posadas el agua potable – manejada por una empresa extranjera – cobra 30.000 de consumo mínimo, y si la usás, la factura puede llegar a 100.000. Con esos números, es imposible sobrevivir en Misiones con salarios de hambre”, finalizó.

Fuentes: Monitor de Respuestas Represivas de la CTA-A / InfoGremiales.