A pesar de que el juez Ariel Lijo ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos que garantice el personal, mantenimiento, limpieza y conservación de los sitios de memoria para sigan abiertos, la preocupación por su futuro se mantiene ante la amenaza de vaciamiento y despidos.

El fallo del juez Lijo, que es a su vez uno de los postulantes del gobierno nacional para la Corte Suprema, hizo lugar a un reclamo presentado por la legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento de la Ciudad, Victoria Montenegro, para evitar que la gestión de Javier Milei avance sobre los Sitios y Espacios de Memoria, que funcionan en los ex centros clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires, como la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos.

Lijo dispuso que no puede faltar “personal capacitado” para que permanezcan en funcionamiento y abiertos los cinco sitios, tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y limpieza diaria, fumigación, preservación de los acervos y los archivos existentes en cada lugar, y que “se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas”. Todas acciones incluidas en la ley de Sitios N° 26.691.

Cabe recordar que el último día de diciembre cerca de 90 trabajadores del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en el Museo de Memoria ESMA, recibieron un mensaje por el que se los relevaba de sus funciones durante enero y se les informaba que pasaban a una “guardia activa” en sus respectivos domicilios.

Más allá del fallo de Lijo, el estado de alerta y preocupación se mantiene. Según un relevamiento realizado por la Agencia Andar, en el caso del Espacio de Memoria Virrey Ceballos no quedó ningún trabajador activo desde que en las últimas semanas se conocieron las 20 páginas con los nombre de los despedidos por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación; el Centro Cultural Haroldo Conti vio reducida a la mitad su nómina de trabajadores (de 110 pasaron a alrededor de 50); en el Club Atlético (que funcionó en el sótano del edificio del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal Argentina) la reducción fue tal que no quedó nadie en el área de investigación ni en comunicación y educación, y en Automotores Orletti pasaron de 10 trabajadores a 5, quienes además este viernes convocaron a una conferencia de prensa para denunciar el estado de abandono y desfinanciamiento por parte del Gobierno Nacional en sus áreas de conservación y mantenimiento.

La preocupación se extiende a otras dependencias del Estado, vinculadas con la investigación de lo sucedido durante el Terrorismo de Estado. Mariana Pérez, conocida como Princesa Montonera, escribió en sus redes sociales que el RUVTE (Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado), está en peligro, ya que se está amenazando con despedidos a sus trabajadores y trabajadoras. Respecto a la importancia del Registro, expresó: Reúne y sistematiza toda la información sobre desapariciones y asesinatos recopilada desde la Conadep en adelante. Recibe testimonios, responde a la Justicia, interviene en identificaciones de NN… El RUVTE elabora documentos públicos que son herramientas fundamentales para investigadores y querellas, y acompaña familia. Recientemente comenzaron a incorporar casos de infancias presentes en los operativos, una deuda de las políticas de memoria y los juicios de lesa. Si no reincorporan a sus trabajadores despedidos, si avanzan en su desguace, si el RUVTE cierra, el Estado se desentiende de su obligación de dar respuesta por el destino de las víctimas. Y no lo vamos a aceptar porque todavía no debemos qué pasó con cada una de ellas”.