Los fiscales a cargo de la causa impulsan la imputación por ““abandono de persona e incumplimiento de sus deberes”. Sin embargo, las querellas que representan a la familia de Ferreyra y a los militantes heridos reclaman que se los enjuicie como partícipes necesarios del crimen.
Los fiscales Fernando Fiszer y Martín Mainardi a cargo de la causa contra los policías implicados en el asesinato de Mariano Ferreyra realizaron el pasado martes el pedido de elevación de dicha causa a juicio oral. Los siete policías involucrados en los hechos están imputados por los delitos de “abandono de persona e incumplimiento” de sus deberes.
Sin embargo, la querella que representa a la madre de Ferreyra y la que representa a los militantes Elsa Rodríguez (herida de un tiro en la cabeza que la dejó hemipléjica) y Nelson Aguirre, exigen que se los juzgue como partícipes necesarios del crímen.
Las abogadas Claudia Ferrero (Partido Obrero) y María del Carmen Verdú (Correpi) sostienen que la participación de la policía fue decisiva para que pudiera llevarse a cabo el ataque de la patota de la Unión Ferroviaria a los trabajadores tercerizados, que culminó con el crimen del militante del PO.
Para la Dra Ferrero, “la figura de ´abandono de persona´ sitúa la acción policial en el terreno de la negligencia o la torpeza, cuando en realidad, sin su aporte, la patota no hubiese logrado su cometido. La policía cooperó con los atacantes, lo cual fue acordado de antemano con los mentores de la emboscada”. Las abogadas acusan a los policías de “permitir que la patota pasara por entre los patrulleros; facilitar la fuga de los agresores, la desaparición de los materiales utilizados y la desnaturalización de la prueba en el lugar de los hechos; facilitar la impunidad de los atacantes al evitar tomar imágenes del ataque y retrasar la intervención del magistrado de turno”. “Los policías buscaron asegurar su propia impunidad ordenando la comunicación por vías que no dejan registro de las conversaciones” sostuvieron.
Ferrero recordó que la calificación de “abandono de persona”, que prevé una pena menor, “fue solicitada por los abogados de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, que dependen del ministerio que encabeza Nilda Garré -los cuales se hicieron cargo durante casi un año de la defensa de los policías implicados”.
 “El ataque que le costó la vida a Mariano Ferreyra fue una acción coordinada entre la cúpula de la Unión Ferroviaria, los empresarios de Ugofe  – esto es, los grandes beneficiarios del régimen de las ´tercerizaciones´-; los patoteros reclutados para la ocasión y la Policía Federal, cuyo papel fue decisivo. Si a los policías se los acusa de ´torpeza´ y no hay imputaciones sobre los empresarios que habilitaron las licencias laborales a los que participaron de la agresión, se está preparando el terreno para la impunidad de Pedraza y compañía, reduciendo este plan criminal al arrebato de un grupo exaltado”, concluyó Ferrero.