El Tribunal Contencioso Administrativo dictó el pasado lunes una sentencia que permitirá a los indígenas bribri de Keköldi, en la reserva de Talamanca, provincia de Limón, recuperar 4.500 hectáreas de territorio que ocupaban personas no aborígenes.
La resolución ordena además al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) efectuar los estudios y trámites necesarios para reubicar a la población no indígena que vive en la reserva.
La devolución a sus territorios se hace en cumplimiento de la Ley Indígena de 1977, según la cual “los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO (hoy conocido como el IDA) en coordinación con la Conai”.
La resolución eximió de toda responsabilidad al Estado. Los jueces consideraron que el Estado no estaba en capacidad de pagar las expropiaciones, por no contar con los estudios requeridos.
La magistrada Abarca Gómez además se remitió a convenios internacionales: “la obligación de recuperar terrenos en territorios indígenas que no estén siendo ocupados por personas indígenas viene impuesta por convenios internacionales como el 169 (de la OIT)”.
No obstante, insistió en que “el Poder Ejecutivo, como cabeza del Gobierno, debe adoptar las medidas necesarias para organizar al pueblo indígena de Keköldi”.
Danilo Chaverri, el abogado de los indígenas en el juicio, afirmó que la sentencia es histórica puesto que “es la primera vez que los indígenas demandan al Estado y por consiguiente nunca los indígenas habían tenido un fallo en ese sentido”. Añadió que para los indígenas “las tierras tienen un significado especial” porque muchos de los lugares son considerados sagrados.
Por otra parte, el abogado lamentó que la sentencia diga que el Estado no ha incumplido, cuando hay un convenio internacional que lo obliga a entregar las tierras ancestrales a los indígenas.
Fuente: Servindi




