Una veintena de estudiantes de Buin y Santiago iniciaron ayunos, mientras dirigentes de otros establecimientos analizan unirse a la protesta y dicen estar dispuestos a "dar todo por la educación". El vocero del gobierno Andrés Chadwick insistió en el llamado a deponer las movilizaciones y dijo que actuarán "para impedir que un joven o un niño ponga en riesgo su salud y su vida".

(Rodrigo Alarcón López/Loreto Soto – Radio U) Chile – La huelga de hambre que el martes pasado iniciaron ocho estudiantes secundarios de Buin ha ampliado sus efectos. Hasta este jueves se habían sumado doce más y el número podría aumentar, lo que provocó la reacción del Gobierno.
El miércoles, cuatro alumnos del Insuco Nº2 y ocho del Liceo Darío Salas anunciaron que se unieron al ayuno. En Buin, ocho estudiantes de los liceos Técnico Profesional de Buin, Alto Jahuel, Los Guindos y A-131 se mantienen en el último de los establecimientos, sin ingerir alimentos desde el martes.
Los estudiantes piden que el Gobierno se pronuncie sobre su petitorio, relacionado con la estatización de la educación, mejoras en la infraestructura de los liceos, potenciar la educación técnico-profesional y la gratuidad de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).
Villegas añadió que la huelga de Buin busca “que el ministro se haga presente en nuestro establecimiento y el Presidente se pronuncie, frente a nuestros cuatro ejes centrales y la renacionalización del cobre”.
El Gobierno reaccionó este jueves, pero no para referirse a las demandas de los secundarios. Por el contrario, el ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, insistió en que “ya no necesitamos más protestas” e hizo “un ferviente llamado a esos jóvenes y especialmente a sus familias, a sus padres, que tengan la seguridad absoluta que el Gobierno está dedicado a full, con todo su empeño, en mejorar la calidad de nuestra educación”.
Sin embargo, según dirigentes secundarios, en Santiago y regiones analizan iniciar más ayunos, argumentando que sus exigencias no han sido atendidas por el Gobierno. “Es el último instrumento que se puede tomar de manifestación pacífica. Una mayor cantidad de alumnos en huelga de hambre es un impacto mediático y político hacia el Gobierno, de que nosotros estamos buscando soluciones para terminar con esto. Realmente estamos convencidos y motivados a dar toda la lucha posible por una educación gratuita, estatal y de calidad, para todos”, señaló Marco Cantillana, vocero del liceo Benjamin Franklin.
El estudiante añadió que la movilización secundaria no se detendrá ante los anuncios del Gobierno en materia educacional y que el objetivo es demostrar que pueden “dar todo por la educación”.
Plataforma Política de la Confech: La apuesta por cambios de fondo
Ocupada se mantiene la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), luego de las multitudinarias jornadas de manifestaciones que fueron convocadas en los últimos meses.
La semana pasada comenzó un trabajo en conjunto con las distintas organizaciones que conformaron el Frente Social por la Educación – que incluía a los trabajadores del Cobre, pobladores, microempresarios, entre otros – para elaborar un proyecto que, en lo inmediato, canalizará todas las demandas en torno a la educación, a través de un acuerdo social en la materia,  pero que también apuntará hacia reformas de fondo para atacar la crisis de la enseñanza.
“Se reiteró la idea de mantener y fortalecer la Plataforma social en pos de atender a las demandas educacionales de manera inmediata, pero también avanzar hacia proyecciones políticas de carácter estructural que están levantando las distintas entidades y que en este espacio también podemos consolidar de mejor manera como la Reforma Tributaria; la renacionalización de recursos naturales como el cobre o los plebiscitos”, explicó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Camila Vallejo.
Vallejo adelantó que ya se están dando los primeros pasos en esa línea a través de la redacción de un manifiesto, cuyas directrices establecen el rol esencial  del Estado en la educación; la garantía constitucional del derecho a la enseñanza; la desmunicipalización sin privatizar y la democratización de los espacios.