En materia ambiental en Honduras se han fortalecido las políticas concesionarias y depredadoras a tal grado que algunos jueces y fiscales se comportan durante el ejercicio profesional como “sicarios judiciales ambientales” al estar coludidos con la oligarquía y las multinacionales: mineras, madereras, represas, mega-turismo y agroindustria.
(Juan Almendares – Alai/Radio Mundo Real) Honduras – El cinco de julio del 2011, fueron capturados Carlos Amador: maestro, comunicador social, defensor del ambiente y los derechos humanos (infatigable opositor a las industrias extractivas mineras particularmente contra la empresa Gold Corp en el Valle de Siria) y el dirigente comunitario Marlon Róbelo Hernández, dirigente del Patronato de la Aldea el Terrero, quienes fueron capturados y encarcelados por orden judicial al oponerse a la depredación del bosque ubicado en el Cerro La Terracita.
En la tarde del cinco de julio 2011 por las presiones del Comité Ambiental del Valle de Siria y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales fueron liberados Carlos y Marlon.
No obstante lo anterior se ha librado órdenes de captura contra 18 ambientalistas y se ha desatado una persecución contra dirigentes del Valle de Siria
Es urgente la solidaridad ante los organismos internacionales de derechos humanos y ambiente y protección de las vidas de Carlos Amador, Marlon Róbelo Hernández, Dirigentes del Comité Ambiental del Valle de Siria y 18 ambientalistas de la comunidad de El Terrero.
Mientras el pueblo aguanta hambre, se depredan los bosques, se vende la patria; el ejército proyecta la compra cuatro aviones Tucanes, valorados en cuarenta millones de dólares con la sangre y dolor de los condenados de la tierra y en una guerra contra el mismo pueblo.
La detención de Amador “es una muestra más del supuesto ’Estado de Ley’ que tiene secuestrado a Honduras”,
advierte en un comunicado de prensa la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que representa al pueblo garífuna. Este arresto “pone una vez más en tela de juicio el aparato judicial en Honduras, donde la mayoría de los operadores de justicia están al servicio de los intereses de la elite feudal que controla el país”, agrega.
La orden judicial de captura contra él y el dirigente comunitario Marlon Róbelo Hernández fue emitida por el Tribunal de Letras de Talanga, por denuncia de la familia Raudales Urrutia, que los acusa de obstaculizar la implementación de un plan de manejo forestal, autorizado por el Instituto de Conservación Forestal, para un área de 600 hectáreas en el cerro La Terracita, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán. El Comité Ambientalista del Valle de Siria vincula la detención de Amador también a su oposición al accionar de Entremares (Goldcorp).
Según el Observatorio Ecuménico de los Derechos Humanos en Honduras, Amador acompaña solidariamente desde 2010 la lucha de más de 1000 familias de comunidades de esa zona que se oponen a la explotación de la reserva forestal, con el fin de proteger sus fuentes de agua. Amador encabezó la movilización de la comunidad del Valle de Siria para defender el bosque en el cerro La Terracita cuando en abril hombres armados con motosierras intentaron talarlo. De 600 a 700 personas se hicieron presentes en el lugar para evitar la destrucción. En ese entonces el dirigente denunció la irresponsabilidad tanto de la Fiscalía del Ambiente como del Instituto de Conservación Forestal, que ya sabían de las intentonas de deforestación y no habían tomado medidas para frenarlas.
En tanto, la minera Entremares lleva varios años en el Valle de Siria y es acusada allí de contaminación con cianuro
y otros metales pesados, lo que ha afectado a la salud de la población local, según denuncia la OFRANEH.
La transnacional Goldcorp tiene antecedentes de destrucción ambiental y violación de derechos humanos. Por ejemplo, en Guatemala su filial Montana Exploradora es propietaria de la mina Marlin, en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos. Allí la minera violó el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a su autodeterminación. El emprendimiento también viola el derecho a la salud, a la protección del medio ambiente y de acceso al agua, entre otros.
De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), reconoció en mayo de 2010 que la concesión minera a Montana Exploradora y el inicio de la explotación (2005) se concretaron sin consulta previa plena, libre e informada a las comunidades afectadas del pueblo maya. Por eso la Comisión ordenó al Estado guatemalteco una suspensión de las actividades.
“El valle de Siria se convirtió en una clara señal de las graves consecuencias que representa la minería a cielo abierto, las graves consecuencias ambientales y la miserable ganancia que aporta al erario nacional”, se lamenta la OFRANEH.

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