El próximo martes 28 de junio, el Juzgado Tercero Penal Especializado de Conocimiento de la ciudad de Bucaramanga, determinará el monto de la condena contra los ocho militares de los jóvenes Eduardo Garzón Páez y Daniel Andrés Pesca Olaya, quienes fueron desaparecidos de la ciudad de Bogotá el 4 de Marzo de 2008 y posteriormente presentados como bajas en combate de grupos armados ilegales al día siguiente, 5 de marzo en la vereda el Brasil del municipio de Cimitarra- Santander.
El Juzgado, en su lectura de sentido de fallo, adelantó que condenará al teniente coronel (r) Wilsón Javier Castro Pinto, por su responsabilidad como coautor de los delitos de doble homicidio agravado, doble desaparición forzada agravada y por peculado por apropiación. Al Teniente (r) Eduard Antonio Villany Realpe y al Sargento Viceprimero (r) Jesús Eduardo Niampira Benavidez, por su responsabilidad como coautores de los delitos de delitos de doble homicidio agravado y doble desaparición forzada agravada, falsedad ideológica y peculado por apropiación. Al soldado profesional Guillermo Pacheco Anzola como cómplice de los delitos de doble homicidio agravado y doble desaparición forzada agravada y como coautor de los delitos de falsedad ideológica y peculado por apropiación. Al soldado profesional Juan Carlos Álvarez como coautor de doble homicidio agravado y doble desaparición forzada agravada y, a los soldados profesionales Nelson Ospina Tabares, Benancio Puentes Guapacha y Germán Augusto Oliveros Tabares, como cómplices de los delitos de de doble homicidio agravado y doble desaparición forzada agravada.
En días anteriores, el Juzgado dando lectura al sentido del fallo y acogiendo los alegatos del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, como representante de las víctimas, declaró la ejecución extrajudicial de los jóvenes, dado su carácter sistemático, como crímenes de lesa humanidad, configurando así, este tipo de hechos.
Para el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, este sentido de fallo, que reconoce las ejecuciones extrajudiciales como crímenes de lesa humanidad, constituye, no sólo, un avance importante en la lucha contra la impunidad contra los cientos de militares implicados en los mal llamados falsos positivos, sino un llamado a las autoridades competentes que siguen este tipo de caso.
Fuente: Prensa Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo