Es por el fusilamiento de cinco militantes montoneros, ocurrido el 20 de mayo de 1976, en el Barrio Echeverría, de Tucumán.

El pedido lo hizo el fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, contra los represores Luciano Benjamín Menéndez, Roberto Albornoz, Mario Zimmermann y Alberto Cattáneo.
El magistrado los acusa de ser coautores penalmente responsables de los delitos de violación de domicilio, homicidio y de asociación ilícita en el marco del delito de genocidio. Los militantes montoneros fueron identificados como María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo Gonzalez Paz.
Entre las pruebas que recogió Ferrer se encuentra el informe médico legal en el que se constata a través de las autopsias que los cadáveres tenían impactos de proyectiles de arma de fuego en la cabeza. Ferrer cita, además, declaraciones testimoniales en las que se asegura que la orden de aniquilamiento provino de la máxima autoridad militar, el III Cuerpo del Ejército, a cargo de Menéndez.
Ahora, el requerimiento está en manos del juez federal subrogante Nº1, Daniel Bejas, quien se encuentra en la etapa de notificaciones a las partes. Luego, decidirá si da lugar o no al pedido del fiscal.