Las versiones de prensa que se han conocido hacen referencia a un ataque de narcotraficantes que tenían cuentas pendientes con el dueño de la finca atacada, en el norteño departamento guatemalteco de Petén.
Más precisamente, le atribuyen el ataque -que dejó el trágico saldo de 27 jornaleros rurales asesinados- a un grupo denominado Z200, que sería un ramal de los Zetas, originarios de México, fronterizo con esta zona de Guatemala.
Este lunes, el presidente guatemalteco Alvaro Colom decretó el Estado de sitio por 30 días. Eso implica entre otras cosas que, dentro de ese plazo, las autoridades militares pueden detener a personas sin una orden judicial previa, y que el derecho a reunión queda severamente restringido.
La CLOC Vía Campesina de Guatemala señala que la muerte de campesinos inocentes refleja "una vez más" la incapacidad del Estado para garantizar "los derechos individuales y colectivos plasmados en la Constitución Política de la República de Guatemala", entre ellos los empleos dignos. Según afirman, estos 27 campesinos asesinados, entre ellos dos mujeres, lo único que hicieron "fue dejar a su familia, su comunidad por un tiempo para vender su mano de obra y así satisfacer las necesidades inmediatas".
Esta tesis es avalada por el único sobreviviente a la masacre. "Nos habían contratado por un mes y nos iban a pagar 50 quetzales (siete dólares) el día, y estábamos trabajando en la siembra de zacate (hierba para el ganado)", relató el joven de 23 años.
La CLOC considera que estos hechos lamentables están relacionados a la "incapacidad" de los gobiernos para satisfacer las necesidades de todas las familias guatemaltecas, algo que se reflejan "en la desnutrición, pobreza, analfabetismo, hambre, desalojos violentos, quema de cultivos de campesinos, persecución y amenazas" que han caracterizado a las últimas administraciones.
Fuente: Radio Mundo Real




