Se realiza en Córdoba y las imputaciones son por homicidio agravado, imposición de tormentos agravada y privación ilegítima de la libertad.

(Red Eco) Córdoba. La primera semana del primer juicio oral y público que juzga el accionar represivo impuesto en esa provincia, incluyó la lectura de las acusaciones y el pedido de recusación contra Carlos Otero Álvarez, uno de los miembros del Tribunal (conformado también por el presidente Jaime Díaz Gavier y José Vicente Muscará), por su labor como secretario de Justicia durante la última dictadura. Dicho pedido fue rechazado por ser considerado fuera de término; y la lectura por parte de Luciano Benjamín Menéndez de su derecho de repuesta a la acusación que sobre él pesa.
“Como comandante soy el único responsable de mi tropa. A mis dignos soldados no se les puede imputar nada (…) Se da una paradoja grotesca. Los terroristas que asaltaron la República porque no creían en sus instituciones, que pretendían reemplazar por un trapo gris, ahora usan esas instituciones para juzgarnos a quienes las defendimos. (…) Fue una guerra contrarrevolucionaria en la cual se combatió y venció al terrorismo marxista”, fueron algunas de las palabras del ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército. Menéndez está acusado junto a Hermes Rodríguez, Jorge Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Díaz, Carlos Vega, Oreste Padovan y Ricardo Lardone, sólo los dos últimos están en libertad por decisión de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal, que consideró que no presentan "peligrosidad procesal", por lo que esperaron el juicio en libertad. Se los juzga por el secuestro y asesinato de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1977, tras un mes de tormentos en el Centro Clandestino La Perla. Ellos eran: Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas, Humberto Horacio Brandalisis y Raúl Osvaldo Cardozo. Menéndez y el coronel retirado Rodríguez son acusados de partícipes necesarios, mientras que el resto está señalado como coautor de los hechos.
Según consta en la investigación, el secuestro, desaparición y asesinato de los cuatro militantes formó parte de un mismo operativo llevado adelante por el grupo de operaciones especiales del Destacamento de Inteligencia 141 “Gral. Iribarren” que actuaba en La Perla. Los secuestros se produjeron con pocas horas de diferencia. Los cuatro permanecieron en el mismo Centro Clandestino, fueron fusilados juntos, tienen la misma fecha de ingreso a la morgue judicial procedentes del Hospital Militar y fueron, posteriormente, enterrados en forma clandestina en el Cementerio de San Vicente de la ciudad de Córdoba. Lo que deja en evidencia esta causa es la sistematicidad del terrorismo de Estado y el circuito represivo por donde fueron trasladados la gran mayoría de los desaparecidos de la provincia.
El juicio continuará el próximo martes, momento en que se comenzarán a escuchar los testimonios de los 31 testigos de la causa.