Activistas y políticos locales de la norteña región peruana de Piura, acusados ante la justicia de terrorismo, secuestro y extorsión por oponerse a inversiones mineras que el gobierno apoya, aseguran que la única prueba en su contra son recortes de prensa.

(Milagros Salazar – IPS) Perú – La Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas acusó a 35 ambientalistas, activistas de derechos humanos, alcaldes y autoridades comunales que apoyaron una consulta vecinal en el que se rechazaron las operaciones de la minera Minera Río Blanco Copper. En la consulta ciudadana, celebrada el 16 de septiembre, que no tuvo carácter vinculante, 90 por ciento de los electores rechazaron la actividad minera en Piura.
En gira por China, el presidente peruano Alan García se comprometió con los nuevos dueños de Río Blanco Copper, cuya accionista mayoritaria es la compañía Zijin, a impulsar el proyecto minero en Piura, según informó la empresa en un comunicado. "No hay razones para fracasar en el proyecto", dijo entonces García a los empresarios chinos el 20 de marzo, según el comunicado.
Ambientalistas y otros activistas de la sociedad civil cuestionan a la compañía minera por realizar operaciones de exploración sin permiso de las comunidades campesinas, como exige la ley y según comprobó la gubernamental Defensoría del Pueblo.
Los choques registrados desde 2002 alcanzaron tal grado de violencia que han tenido como saldo dos muertos, varios heridos, más de 200 procesos penales contra campesinos y militantes de diversas campañas de desprestigio.
La mayoría de miembros de comunidades locales cercanas al proyecto se oponen a la actividad minera por temor a que contamine sus ríos y afecte la biodiversidad del área.
Pero la asociación acusadora, que se califica de comunidad campesina sin tener autorización legal para ello, apoya abiertamente a la minera e incluso, según los dirigentes comunitarios opuestos al proyecto, tiene entre sus miembros a ex trabajadores de la compañía.
La denuncia presentada ante la Fiscalía de Piura solo tiene como sustento 300 fotocopias de artículos de prensa sobre la participación de los acusados en actividades de protesta contra Río Blanco Copper, según el abogado defensor, Víctor Álvarez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
A partir de estos recortes, los demandantes acusan a los ambientalistas de integrar un grupo "antisistema", remanente de organizaciones insurgentes armadas como Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y el Movimiento Bolivariano, dijo Álvarez a IPS.
A pesar de su relativa debilidad, la fiscalía elevó la denuncia en apenas 24 horas a la Dirección contra el Terrorismo. Los alegatos de los denunciantes coinciden con los del gobierno, que en las últimas semanas ha tratado de desacreditar con los mismos calificativos a los dirigentes nativos y de la sociedad civil contrarios a la venta de predios amazónicos para actividades privadas.
Los denunciantes constituyen "una fachada de los intereses de la empresa para que nos presenten como un grupo antisocial, porque al gobierno le preocupa que se detenga la inversión minera", dijo Javier Jahncke, miembro de la Red Muqui y coordinador de la consulta vecinal en Piura.
Hace más de dos años, dirigentes locales y un sector de la Iglesia Católica que apoyaba a comunidades contrarias a la minera Majaz, antecesora de Río Blanco Copper, debieron soportar un clima de hostilidad similar. Una televisora de alcance nacional divulgó entonces una denuncia falsa sobre la existencia de una "red de terror", encabezada por sacerdotes opuestos al proyecto Río Blanco y dirigentes locales vinculados con el narcotráfico y organizaciones insurgentes.
Entre los acusados de terrorismo, secuestro y extorsión figuran el presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión, los representantes de las comunidades que rodean el proyecto minero e incluso cuatro alcaldes que apoyaron la consulta vecinal de septiembre.