La crisis de vivienda ha escalado al punto en que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reconoce que debe “reaccionar con contundencia” para atajar el asunto, probablemente el más apremiante de cara a los próximos años, porque hunde en la precariedad a toda una generación.

Las palabras del mandatario llegaron después de la masiva manifestación que recorrió las calles del centro de Madrid el domingo, con más de 100.000 personas aglutinadas bajo el lema “Es la última vez que lo pedimos por favor”.

Los descontentos portaban pancartas que decían “la vivienda es un derecho, no un negocio”, “bajemos los precios” y “no llegamos a fin de mes, si no bajan los precios, huelga de alquiler”.

En ciudades como Madrid, alquilar un piso de 100 metros cuadrados supone de media unos 1.700 euros mensuales, mientras que para comprarlo hacen falta más de 470.000 euros, según las estimaciones del principal portal del sector, Idealista. Todo ello en un país en el que el salario medio superaba a duras penas los 26.000 euros anuales en 2022, y el mediano se quedaba en poco más de 22.000.

¿Cómo se llegó hasta aquí?

La situación en España tiene múltiples aristas. Por un lado está la falta de acceso a la vivienda protegida pública, que ronda el 2 % del total del parque, frente al 9 % de media de la Unión Europea (UE) y muy lejos del 20 % de países como Austria o Dinamarca.

Sin embargo, no siempre fue así. La vivienda pública llegó a representar hace décadas hasta el 35 % del parque, con años en que la construcción de este tipo de inmuebles superaba ampliamente a la del sector libre.

Aquí llega el primer fracaso de la política española en este rubro: se destinó una ingente cantidad de recursos públicos para casas que, en unos pocos años, pasaban al mercado libre, lo que alimentó el ciclo de la especulación.

En ocasiones, en ese ciclo han participado las administraciones públicas, como en el célebre caso de las 3.000 viviendas sociales que fueron vendidas al fondo buitre Goldman Sachs Azora, por parte del Ayuntamiento de Madrid en 2013, a un precio por debajo del mercado.

Además, la crisis financiera internacional desatada en 2008, que afectó sobremanera a España con la explosión de su burbuja inmobiliaria, tuvo como efecto colateral que el país pasara de construir alrededor de 600.000 viviendas al año a menos de 100.000.

La crisis fue el germen del segundo gran problema: la actual escasez de vivienda empuja los precios hacia arriba. El fin de los alquileres indefinidos hace tres décadas, la falta de otros instrumentos de ahorro para los ciudadanos, el ‘boom’ de los alquileres turísticos de los últimos años y la entrada de capital, en su mayor parte extranjero, para exprimir este mercado con espectaculares rendimientos, se suman para dibujar un panorama desolador para aquellos que no son propietarios.

Alquilar una vivienda a un precio razonable es difícil, imposible si no es en pareja o compartiendo, y además se lleva por delante cualquier posibilidad de ahorro. Mientras que comprar tampoco es una opción para una parte de la población, que ve inalcanzable ahorrar el 20 % que no les presta el banco o simplemente acceder a una hipoteca con unos sueldos raquíticos o unos empleos precarios.

El mapa social que se dibuja es alarmante: un país con una media de edad de emancipación más alta que su entorno; una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y con familias enteras viviendo en un dormitorio de un piso compartido con otras personas, que tampoco se pueden permitir otro proyecto vital. 

¿Qué se ha hecho?

A pesar del clamor popular, poco se ha hecho hasta la fecha porque el asunto no había sido rentable electoralmente. El país había tenido en las últimas décadas uno de los mayores porcentajes de propietarios en la órbita europea.

Unos propietarios que, en los años 70 y 80 del siglo pasado, pudieron pagar su casa en una década o menos, incluso con un solo salario, antes de la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral. No obstante, con el paso de los años, los españoles comenzaron a sufrir hipotecas de 30 y hasta 40 años, que suponían cada vez un mayor porcentaje de sus ingresos.

Durante la época de la burbuja inmobiliaria, que comenzó a resquebrajarse en 2007, ese esfuerzo para el pago de la hipoteca tenía una compensación emocional: se pensaba que era la inversión en un valor seguro, que siempre aumentaría su precio; pero la fantasía pinchó y muchas familias se quedaron con deudas que sobrepasaron el valor de sus viviendas, que cayeron en picado.

Pero entonces todavía quedaba la opción del alquiler. Si bien en las ciudades más pobladas comenzaba a ser elevado rentar, todavía era relativamente asequible.

Ahora el número de propietarios cada vez es menor y se empieza a vislumbrar una sociedad dividida en dos clases. Aquellos que disfrutarán de vivienda en propiedad y por tanto, de un mayor desahogo económico, porque heredarán un inmueble; y otros a los que el alquiler, su precio y su precariedad les condicionará su proyecto de vida.

Fuente: RT