El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) manifestó su preocupación ante la resolución emitida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que abroga la Resolución N° 4811/96 y suspende las solicitudes en trámite de inscripción de Comunidades Originarias en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.C.I.). “Esta decisión, lejos de garantizar el respeto por la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas, reconocida en la Constitución Nacional (art. 75, inc. 17) y en la Ley N° 23.302, representa un retroceso significativo en la protección y reconocimiento de los derechos fundamentales de las Comunidades Originarias”, afirman.
Desde ENDEPA agregan que la suspensión de los trámites de inscripción y el traslado de las competencias hacia las provincias sin una adecuada consulta previa, libre e informada, conforme lo establecen el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, vulnera gravemente el derecho a la autonomía y a la autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
Explican que el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina, exige la consulta previa en cualquier medida administrativa que afecte directamente a las Comunidades Indígenas, por lo que la omisión de este proceso participativo atenta contra los principios básicos de la autodeterminación, lesiona derechos históricos de los Pueblos Indígenas y contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
“La actual medida también ignora la normativa ambiental internacional, como el Acuerdo de Escazú, que exige la participación activa de las Comunidades en cualquier decisión que impacte en su territorio o medio ambiente. Este tipo de resoluciones desatiende la interrelación entre los derechos territoriales y los derechos ambientales de los Pueblos Indígenas, generando un clima de incertidumbre y desprotección”, señalan desde ENDEPA.
A su vez, especifican que la abrogación de la Resolución 4811/96, que establecía un proceso simplificado para el reconocimiento de la personería jurídica de las Comunidades, y su sustitución por acuerdos provinciales sin criterios claros, genera un vacío normativo que debilita la capacidad de las Comunidades para defender sus derechos colectivos: “Esta acción no solo desatiende la necesidad de contar con un marco nacional unificado, sino que fragmenta los procesos, exponiendo a las Comunidades a mayores riesgos de exclusión y arbitrariedad en los registros locales”.
Ante esta situación, desde ENDEPA instan al gobierno nacional a rectificar esta medida y a respetar los derechos consagrados de los Pueblos Indígenas, promoviendo el diálogo y la consulta genuina con las Comunidades afectadas: “Es imprescindible que el Estado cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales, para asegurar una protección efectiva de los derechos de los Pueblos Indígenas y su participación en las decisiones que impacten en sus territorios y modos de vida”.
