El presidente Javier Milei insistió este viernes con que la paritaria docente es un tema que “depende de cada provincia” que paga esos salarios, y desestimó la posibilidad de convocar a una negociación nacional. ”Es un problema de los gobernadores de cada provincia”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia, en las que reiteró además que se entregarán “vouchers para útiles escolares y una ayuda de contención financiera para que los chicos no pierdan el colegio al que están yendo” por el aumento de cuotas en colegios privados. Previamente, la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, había manifestado su preocupación frente a la indefinición de la paritaria. “Peligra el inicio de clases”, había asegurado. “Depende de que el Gobierno nacional envíe los fondos del incentivo docente”, agregó. Por Mario Hernandez.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, reafirmó en su habitual conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada que para el Gobierno nacional la “paritaria docente nacional como tal no existe”, pero adelantó que la semana próxima habrá una reunión con los sindicatos del sector para “destrabar el conflicto”, ante los reclamos gremiales de “fijar un piso salarial”.
Al respecto, el vocero indicó que “ya se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes” para que “se junten las partes para intentar destrabar el conflicto”. No obstante, aclaró que aún “no están los detalles”.
“Va a ocurrir una reunión entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo”, insistió el vocero. Ante la consulta de si continúa la negativa para transferir el Fondo de Incentivo Docente a las provincias, Adorni respondió: “Lo que está dentro de la ley se transfiere y lo que el Gobierno nacional no está obligado por ley a transferir, no se transfiere”.
La convocatoria de la semana próxima estará a cargo del secretario de Educación, Carlos Torrendell, dependiente del ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.
Polémica por el FONID
El no pago del FONID fue uno de los puntos que elevó la tensión porque involucró a los gobernadores, acusando desde el Gobierno que el pago de los salarios docentes corresponde a cada provincia. En ese sentido, el jueves se presentaron tres proyectos respecto al Fondo Nacional de Incentivo Docente.
La bancada del Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley de “Prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente y Salario Mínimo docente, “en repuesta al grave desfinanciamiento de la educación pública que resolvió el gobierno del presidente Milei”, una medida que implica, además, una reducción presupuestaria superior a cualquiera de las aplicadas por gobiernos anteriores en los últimos 40 años.
La iniciativa busca, entre otros puntos, restituir a partir del 1 de enero de 2024 y en forma permanente la vigencia del Fondo, creado por la Ley N˚ 25.053 y sus respectivas prórrogas dispuestas, pero establece además que los montos correspondientes pasarán a ser remunerativos y bonificables, reclamo del conjunto de la docencia desde su instrumentación.
El proyecto plantea también el pago a término de todas las deudas por pago diferido de Fondo de Compensación Salarial Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Nacionales y Fondos de Infraestructura y que el salario mínimo del cargo docente testigo de cada jurisdicción, -que surja de la paritaria nacional y/o provincial correspondiente- no puede ser menor, en ningún caso, al equivalente a la Canasta Básica Total fijada por el INDEC, donde el 70% como mínimo estará constituido por el salario básico, indexado mensualmente por inflación. Para ello, el presupuesto nacional tendrá una partida específica y permanente para cubrir las erogaciones resultantes de la presente ley.
Por otro lado, el diputado Máximo Kirchner de Unión por la Patricia presentó un proyecto trabajado junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que apunta a proteger el FONID y garantizar la permanencia de este evitando que su implementación quede atada a la discrecionalidad del gobierno de turno. Además, se conversó sobre el mismo con la secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, quien se mostró conforme con la iniciativa.
“Somos conscientes de las demandas sociales sobre la educación pública. En nada ayuda a dar respuesta a las mismas, empeorar los sueldos de quienes trabajan en ella”, expresó Máximo Kirchnercon relación al proyecto.
Al igual que lo hicieron integrantes del bloque de Unión por la Patria, diputados de la UCR avanzaron con una solicitud para prorrogar la vigencia del FONID. “La eliminación sin previo aviso del FONID genera un importante desfinanciamiento de las arcas provinciales, más aún cuando tal eliminación se realiza en un marco de emergencia económica y financiera grave”, sostuvo el diputado radical Julio Cobos.
A su vez, desde el Gobierno evaluaban la posibilidad de declarar la educación como actividad esencial, lo que imposibilitaría a los docentes realizar paros. Esta medida no solo estaba en la Ley Bases sino también en el mega DNU. La medida fue judicializada y se conoció la resolución.
Al respecto, CTERA expresó a través de un comunicado: “La sentencia implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucional las regulaciones que establece el DNU citado al calificar a la educación como servicio esencial prohibiendo en la práctica el derecho a huelga”.
Una aclaración
La “discrecionalidad” del FONID que, a pesar de la ley, nunca tuvo automatismo, siempre fue justamente “discrecional”. En diciembre de 2005 se incluyó dicho Fondo en la Ley de Financiamiento Educativo, donde se prorroga la vigencia por 5 años más a partir de su creación por ley 25.053 del 1° de enero de 2004.
Se iba renovando su vigencia antes de cada vencimiento, el hecho es que el último decreto que lo mantuvo fue el Decreto N° 88/2022 firmado por el expresidente, Alberto Fernández, que prorrogó su vigencia por dos años a partir del 1° de enero de 2022. Es por esto que perdió vigencia el 1° enero de 2024 y Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se ajustaron a la norma, que en general no respetan y entonces, sin ninguna ética mediante, y en “guerra” con los gobernadores, hasta hoy, no hay transferencias.
Pero eso no es todo, es una obviedad que, aunque el proyecto de ley Ómnibus haya sido desmantelado, el señor presidente cuando les anticipó el recorte a los gobernadores pone en vigencia de hecho el que fuera el artículo 552 de su frustrado Proyecto de ley, que afirmaba un cambio de rumbo respecto del financiamiento educativo a las provincias: “Acuerdo con las Provincias. Las provincias, a cuyo cargo se encuentra la gestión de la educación en los distintos niveles, acordarán cada una de ellas en su jurisdicción, las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente”.
El Estado nacional se desentiende de la educación en cuanto al sostenimiento económico, la prueba fehaciente es la carta del Consejo Federal de Educación (CFE) de los 23 ministros y ante el desconcierto del secretario de Educación, Carlos Torrendell, como presidente del propio Consejo, puesto que los funcionarios de Educación ya habían ejecutado la partida, pero el ministro de Economía decidió no efectuar el pago.
Crece la tensión entre el gobierno nacional y los sindicatos docentes
Mientras los gremios continúan reclamando la urgente convocatoria de la paritaria nacional y la regularización del pago del incentivo salarial, el gobierno de Javier Milei redobló su ofensiva contra los maestros e informó oficialmente que “la Nación no va a transferir” a las provincias los fondos adeudados del Fonid y que no convocará a la negociación paritaria nacional. El inicio normal de las clases, a fines de este mes, parece más que complicado.
En realidad, la paritaria nacional está prevista en la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) y normas modificatorias, donde se establece que “el Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente”. Con respecto a los salarios, la paritaria federal funciona como un piso de acuerdos para la negociación posterior en cada provincia.
El vocero de Milei, Adorni, también blanqueó que “en principio, la Nación no va a transferir” a las provincias los recursos correspondientes al incentivo docente (Fonid) y los comedores escolares porque “considera que hoy no tiene existencia, no existen”. El Fondo Nacional de Incentivo Docente fue creado mediante la Ley 25.053 en 1998 -tras el extenso conflicto simbolizado por la “carpa blanca” de los maestros- y desde entonces fue prorrogado por todos los gobiernos. Salvo el actual.
Todas las gobernaciones provinciales -tanto las opositoras como las dialoguistas- solicitaron por nota a la Secretaría de Educación que se envíen las partidas adeudadas del incentivo docente, infraestructura escolar, comedores escolares y otras destinadas al área educativa. En Educación aseguran que están disponibles los fondos para pagar el Fonid del último tramo de 2023, pero que Economía no autorizó el envío.
En ese contexto, los sindicatos docentes advirtieron que corre riesgo el comienzo de las clases. “Es un escenario grave que estamos viviendo, porque peligra el inicio del ciclo lectivo si no se resuelven estos temas”, sostuvo la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso. “Nos preocupa que nuestros niños, niñas y jóvenes vayan a la escuela, por eso llamamos la atención al gobierno de Milei para que convoque a paritarias”, dijo, acompañada por su adjunto, Roberto Baradel. Ambos exigieron “el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y que se envíen los recursos económicos a las provincias para el Fonid”.
En la misma línea se pronunciaron los gremios docentes nucleados en la CGT. “Expresamos a la sociedad en su conjunto que no somos, ni vamos a ser, responsables de la situación de disolución del Sistema Educativo Nacional a la que se empuja desde el gobierno”, advirtieron en conjunto AMET, CEA, Sadop y UDA, en un documento firmado por sus titulares Sara García, Fabián Felman, Marina Jaureguiberry y Sergio Romero, respectivamente. Tras declararse “en estado de alerta y movilización”, los cuatro sindicatos definieron: “No permitiremos reducciones salariales, ni el incumplimiento de las leyes conquistadas”. Y concluyeron: “El ciclo lectivo está a pocos días hábiles de comenzar y, de no encontrar respuesta urgente a nuestro legítimo y justo reclamo, estas circunstancias por nosotros no generadas nos habilitan a iniciar todas las medidas gremiales a disposición, incluidas la de acción directa, afectando el inicio del ciclo lectivo”.
El viernes 9, ministros de Educación de todo el país presentaron una nota al secretario del área, Carlos Torrendell, para manifestar su “profunda preocupación” por la discontinuidad de las sumas que transfiere la Nación a las provincias.
Tras una reunión en el Consejo Federal de Educación, el ministro Alberto Sileoni, de la provincia de Buenos Aires, dio a conocer el texto a través de la red social X. “Nos dirigimos a usted frente a la incertidumbre que nos atraviesa por la falta de remisión de los fondos contemplados en el marco de la legislación vigente: leyes 26.075 y 25.053 -particularmente lo referido al Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacional y Fondo de Infraestructura- y la falta de certezas sobre el escenario presente o futuro respecto a la continuidad en las transferencias de los fondos referidos , de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa en nuestras jurisdicciones (…). Conscientes de las particularidades de cada una de las provincias, entendemos que los temas muy genéricamente planteados constituyen un eje común que nos llevan a firmar la presente a quienes tenemos a cargo el área educativa en cada una de nuestras jurisdicciones, solicitamos una pronta respuesta sobre el presente planteo”, se agrega en el texto.




