Había sido presentado por organismos de Derechos Humanos ante la “violencia institucional del gobierno de Gerardo Morales contra el ejercicio del derecho a protesta”. Tras el rechazo, dictado por el juez Esteban Hansen, hubo movilizaciones de proesta en San Salvador de Jujuy, y organismos como el Serpaj, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, entre otros, se presentaron como “amicus curiae” en las causas que se tramitan por “persecución penal de la protesta social”.
“Se acumulan ya muchas denuncias -en los medios de comunicación, poder judicial y en organismos nacionales e internacionales de DDHH- de persecución política y graves violaciones a los derechos humanos durante la represión que llevó adelante el gobierno de Gerardo Morales. Asistimos con gran preocupación al despliegue de dispositivos represivos ilegales y abusivos en protestas legítimas, detenciones irregulares a manifestantes con la consecuente persecución penal y persecusión -utilizando vehículos sin identificación- de militantes políticos, integrantes de comunidades originarias y docentes de la provincia. Las comunidades originarias tomaron el protagonismo de la lucha contra la reforma constitucional, llevando adelante cortes de ruta a lo largo y ancho del Jujuy, reclamando que se de marcha atras con una reforma que fue aprobada a espaldas del pueblo y cuyo contenido violenta derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de DDHH. El reclamo docente y el gran repudio contra la reforma constitucional han generado una ola de protestas y movilizaciones en lo que se llamó “El Jujeñazo”. La represión policial a las movilizaciones y la persecución penal de manifestantes configuran una suspensión del Estado de Derecho y la ejecución de Terrorismo de Estado contra las personas que fueron parte de dichas protestas”, explican los organismos que se han presentado bajo la figura de “amicus curiae”, como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Argentina y su Regional Jujuy, la Asociación de Madres Y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, el Comité de la Salud, la ética profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), la Asociación de Pensamiento Penal (APP), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA) y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), al considerar que existe en la provincia un intento de suspender el derecho a la protesta social.
Los Amicus Curiae ya se han presentado en las causas de Purmamarca del 17 de junio, Legislatura ocurrida el 20 de junio, Humahuaca el 30 junio, y también en la causa contra el abogado Alberto Nallar.
“En los casos mencionadas, solo por ejercer el derecho a la protesta social, se acumulan decenas de personas imputadas por delitos muy graves como sedición, privación ilegal de la libertad, estragos, incitación a cometer delitos, daños, entre otros”, explican, al tiempo que resaltan que todas las organizaciones firmantes fueron patrocinadas por una abogada de la Comunidad Originaria Mudana.
