El Gobierno que encabeza Gerardo Morales, a través de su Fiscalía de Estado, a cargo de Miguel Ángel Rivas, confirmó que actuará como querellante en las causas que se inicien contra las personas que se manifestaron en rechazo a la Reforma Constitucional. Las causas suman alrededor de 150 e incluyen condenas contravencionales, pedidos de detención hasta la realización de los juicios, e imputaciones por delitos con penas de hasta 25 años. Red Eco Alternativo
(Red Eco) Jujuy- “Las denuncias penales efectuadas, enmarcadas como delitos flagrantes, serán tanto a personas físicas como jurídicas, quienes ocasionaron daños incalculables a Legislatura de la Provincia, Municipio de Humahuaca, espacios públicos, privados, entre otros, y perjudicaron a emprendimientos vinculados al turismo con cortes de ruta ilegales”, adelantaron desde la Fiscalía.
El propio Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, caracterizó las manifestaciones como hechos de violencia “orquestados, planificados y ejecutados por personas y organizaciones sociales y políticas que solo buscaban perjudicar el orden social” y que “con métodos extorsivos y sediciosos atropellaron instituciones y autoridades públicas”. En este sentido, solicitó “la detención inmediata de los violentos, extorsionadores y delincuentes”.
Sobre las posibles causas que buscarán iniciar se encuentran las manifestaciones frente a la Legislatura, ocurridas el 20 de junio cuando se aprobó de manera express la Reforma Constitucional, en las que se acusará por los delitos de sedición, estrago doloso agravado, daños a bienes de uso público, atentado a la autoridad agravado, resistencia a la autoridad, lesiones leves doblemente agravadas.
También se apuntará a criminalizar las movilizaciones en Humahuaca y Purmamarca, además de los cortes en rutas nacionales y provinciales en distintas localidades jujeñas.
Desde diferentes organismos de derechos humanos rechazaron estas acusaciones y advirtieron sobre su gravedad. El Centro de Estudios Legales y Sociales manifestaron: “El diálogo que propone el gobierno de Jujuy: Ya van 150 causas contra manifestantes, 5 condenas contravencionales, piden detenciones hasta el juicio, penas de 25 años, acusan por sedición, embargos. Todo en nombre ‘de la paz, la armonía y el progreso’. No es nuevo pero ahora es más grave y aparece en la Constitución que se pide anular. Organizaciones sociales, sindicatos, campesines e indígenas lo vienen denunciando. Incluso la CIDH pidió explicaciones por el uso de procesos penales y contravencionales para limitar la protesta”.
Imagen: La Izquierda Diario
