Las reservas de agua dulce en Paso Severino están a días de agotarse y los números, aunque puedan ser engorrosos, cada vez cobran mayor relevancia. La capacidad normal de la represa que brinda agua a Montevideo y la zona metropolitana es de 67.000.000 de metros cúbicos. En el primer día de julio contaba con apenas 1.255.326 metros cúbicos, es decir, 1,87% de los volúmenes habituales. Otro dato fundamental para comprender la situación futura es la cantidad de agua suministrada por OSE que se consume por día en esta área que aloja al 60% de la población del país. La cifra ha oscilado entre 500.000 y 600.000 metros cúbicos. A cada hora que pasa, el agua dulce desciende y la emergencia se agrava.
(Camila Méndez – La Diaria) Uruguay – Cortes programados debido a “una serie de maniobras”, aumento en los valores máximos permitidos de sodio, cloruros y trihalometanos, han llevado a que la crisis sea definida por algunos actores como ambiental, hídrica y sanitaria. Está en juego nada más y nada menos que un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución: el acceso al agua potable, definido como “un recurso esencial para la vida”.
A pesar de las advertencias de la academia y la sociedad civil, recién hace apenas 15 días el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció la declaración del estado de “emergencia hídrica”. En una conferencia de prensa manifestó que la medida, entre otros puntos, habilita al gobierno para que las obras previstas tengan “procesos jurídicos más rápidos y más sencillos”. Entre estas obras se encuentra la que tiene lugar en el río San José.
Edgardo Ortuño, representante de la oposición en el directorio de OSE, contó a la diaria que allí comenzó la construcción de una tubería de trasvase, que tiene tres componentes. “Un dique en Campanario, que permite contener el agua dulce que trae el río San José y subir su nivel a modo de embalse para su mejor captación y a la vez impedir la subida de agua salada del Río de la Plata; la captación y bombeo en Paso Valdez, a la altura de la ruta 45; y su trasvase mediante dos tramos de tubería, el mayor de 13,5 kilómetros, que descarga el agua en Belastiquí, en el embalse generado por el dique provisorio construido y anunciado como pequeña represa por el gobierno, ya operativa, a la que le resta culminar el sistema de pasaje de agua con válvulas y compuertas”, indicó. Ortuño planteó que si bien las tuberías permanecerán, los “diques” son “de tierra, sin material que los haga duraderos”, y “tendrán que destruirse una vez pasada la sequía”. La obra total costará aproximadamente “40 millones de dólares”, la mitad de lo que habría costado hacer la represa de Casupá.
En tiempos de crisis el análisis socioambiental suele quedar en segundo plano frente a la necesidad de respuestas inmediatas, más aún cuando no se cuenta con estrategias planificadas en forma previa para hacer frente a la situación. Por ejemplo, las tuberías de trasvase serán colocadas dentro del Área Protegida Humedales del Santa Lucía, que ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas en 2015 y aún no cuenta con un plan de manejo aprobado. Frente a esto, se podría plantear preguntas cómo: ¿qué participación está teniendo el Ministerio de Ambiente (MA) en las autorizaciones para construir los diques y la tubería?; ¿se prevé mitigar de alguna forma los daños ocasionados por las obras? la diaria intentó comunicarse con jerarcas de la cartera ambiental y de OSE, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, otros actores sociales alertan sobre el “nivel de improvisación”.
Una ausencia anunciada
“Las obras son decisiones de urgencia, con un nivel de improvisación que asusta si consideramos la importancia del agua. La cuenca del río Santa Lucía es estratégica y falta planificación a largo plazo. Para otras cuestiones, como pueden ser el agro o la energía, se tiene una planificación más detallada; sin embargo, se ha dejado al agua como algo que parece no haber importado tanto”, señaló a la diaria Luis Aubriot, limnólogo e integrante del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. También agregó que desde el gobierno se optó por aferrarse a un panorama “más optimista”, que es lo “opuesto a una gestión basada en la precaución y seguridad sanitaria”.
En la misma línea se expresó Marcel Achkar, geógrafo y también investigador del IECA. “La manifestación de la sequía se debe a la vulnerabilidad de la cuenca, que está dada por la mala distribución de los usos del suelo. Y la mala distribución de los usos del suelo es función del modelo de desarrollo. No hay muchos integrantes del sector político en general que estén dispuestos a cuestionar el modelo de desarrollo. Para que el Santa Lucía vuelva a producir agua, hay que reducir sus niveles de vulnerabilidad”, argumentó. Achkar también resaltó el nivel de “improvisación” en el manejo de la crisis. Un detalle no menor es que ambos científicos formaron parte del equipo que elaboró un manifiesto -difundido en noviembre del año pasado- en el que alertaban que “el abastecimiento de agua potable en el sur del país, en particular en el área metropolitana, experimenta una creciente vulnerabilidad, poniendo en serio riesgo la soberanía nacional en el uso y acceso a agua potable”. En el documento pusieron sobre la mesa algunas medidas necesarias para mejorar la situación de la cuenca, pero no fueron escuchadas.
