La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Regional Ciudad Autónoma de Buenos Aires denunció el acuerdo firmado entre el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Cynthia Hotton, y el Ministerio de Salud de la Ciudad con organizaciones religiosas y confesionales, explícitamente militantes opositoras al derecho al aborto que ya es ley desde el 2020 (Ley Nº 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo). El convenio incluye la difusión de cartelería color celeste de un “0800 VIDA” en todos los hospitales públicos porteños.
Afirman que se trata de una estrategia, que desde el discurso se centra en la existencia de la Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia” conocida como “Ley 1000 días”, que privatiza de hecho las políticas públicas dejándolas en manos de organizaciones que muestran claramente su afiliación a creencias religiosas, que militan en contra del derecho al aborto, e incluye en todos los hospitales públicos porteños la difusión de cartelería color celeste de un “0800 VIDA”.
Ante esto, desde la Campaña reafirman su exigencia respecto a una efectiva separación de las iglesias y el Estado. Reclaman además que se deje sin efecto este acuerdo y se efectivice el cumplimiento de las leyes vigentes.
Agregan que el 0800 Salud cumple con la función de informar acerca de toda consulta en relación a los derechos sexuales y reproductivos, por lo que si fuera necesario reforzar ese servicio debería ser ampliado el presupuesto e incrementada su gestión, en vez de derivarlo hacia organizaciones privadas y, menos aún, a entidades religiosas y confesionales.
“La implementación de las leyes y de las respectivas acciones de políticas públicas es una responsabilidad del Estado, así como el control y el monitoreo de las mismas deben ser una tarea central de la sociedad civil y llevarse adelante de manera autónoma del Estado. Asimismo, referimos la importancia ineludible de la transparencia de los acuerdos, contratos y datos del Estado: como ciudadanía organizada exigimos que estos sean siempre públicos y la información sea de fácil acceso. Logramos la sanción de la Ley de IVE, obtenida por la organización, lucha y persistencia de los movimientos feministas, y no permitiremos que nuestros derechos sean controlados ni manipulados por el poder de las Iglesias”, finalizan desde la Campaña.
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