El jueves 15 de diciembre fallecieron nueve personas en Perú. Fue el primer día de Estado de Emergencia dispuesto por el Gobierno de Dina Boluarte. La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ayacucho confirmó la muerte de otras siete personas. Mientras que en La Libertad se conoció el deceso de dos manifestantes. Mink`a Comunicación y Red Eco Alternativo.

(Noelia Carrazana – Mink`a Comunicación y Red Eco) – Este viernes fue tendencia en Twitter #masacre y #dinabalearte, lo que demuestra que no solo en el Perú se tiene conciencia de los asesinatos a ciudadanos que están realizando las fuerzas de seguridad, sino que el hecho ya trascendió a nivel internacional.

Al día de hoy el gobierno de Baluarte ya masacró a al menos 26 personas, según fuentes oficiales. En la tarde del jueves se vieron en imágenes de redes sociales cómo el Ejército atacaba a las ciudadanos, incluso a quienes no estaban movilizándose. Desde ese día también se decretó el toque de queda en 15 provincias.

Por las inmensas movilizaciones sociales de personas autoconvocadas que salieron a las calles desde hace nueve días el gobierno está en crisis. Los medios de comunicación de los grandes canales limeños están evaluando la posibilidad de una inminente renuncia de la presidenta. Este viernes renunciaron los ministros de Educación y de Cultura del recién nombrado gabinete de emergencia, quizás en una señal de lo que se viene.
A su vez, el Poder Judicial rechazó la apelación de detención preliminar que tramitó la defensa de Pedro Castillo. La fiscalía finalmente dictaminó 18 meses de prisión preventiva para el ex mandatario. Lo llamativo de esta apelación fue que la justicia tuvo que ponerle un defensor oficial ya que los abogados designados por Castillo no se presentaron.

En la audiencia estaban Castillo y el ex premier Aníbal Torres, ambos acusados de rebelión y conspiración. Respecto a Torres, el juez desestimó el pedido del Ministerio Público y determinó que el abogado tendrá una comparecencia con restricciones y por consiguiente deberá acudir a la sede judicial para dar cuenta de todo tipo de actividades que realice con la condición de que en caso que no cumpla con lo establecido, la medida podría ser modificada y él enviado a prisión.

También existen pronunciamientos de los gobiernos municipales o provinciales a favor del reclamo popular. El Gobernador de Cajamarca se pronunció a favor de que Pedro Castillo obtenga su libertad y pueda asilarse él y su familia, para superar esta crisis.