El Consejo Asesor Indígena informó sobre varios casos en los que la policía de Río Negro actúa contra sus comunidades.
(Red Eco) Río Negro – El CAI, espacio que se define como organización de base del pueblo mapuche, dio a conocer hechos que demuestran a las claras cómo el accionar de las fuerzas represivas en esa provincia, en especial la policía, no son casos aislados.  Los hechos que denuncian son: privación ilegítima de la libertad y amenaza de muerte contra un peñi del lof Lleiful-Cayumil de la meseta de Somuncura; desalojo con gases, persecución armada y detenciones contra la familia mapuche Loncón; desalojo judicial a través del BORA del lof Kospi;  violencia y asentamiento de una unidad del BORA en El Bolsón en amenaza a la comunidad José Manuel Pichún.
Durante la madrugada del 25 de mayo de este año, el policía Daniel Montes, responsable del destacamento de El Caín (paraje rural del sur), golpeó, amenazó de muerte y privó ilegalmente de su libertad a Cristian Lleiful, miembro del lof Lleiful-Cayumil de la meseta de Somuncura.
Con total impunidad el policía le dijo a la familia de Cristian: “Si quiero le pego un tiro en la cabeza”, tratándolo además de “robador de campos”. Lleiful había participado de la recuperación de sus territorios en la laguna El Unco, en octubre de 2006. Lo tuvieron dos días secuestrado en la comisaría de Maquinchao. Hasta ahora, Montes sigue cumpliendo funciones en El Caín, a metros de la ruka de la familia de la víctima.
En este accionar, como en la mayoría de los casos, la policía contó con la connivencia de la justicia que también ordena desalojos de comunidades mapuche.
Es el caso de la familia mapuche Loncón del paraje Tres Cerros, a unos 80 km al noreste de Bariloche. Allí actuó personal de la comisaría de Comallo que, con gases lacrimógenos, persiguió a caballo a uno de los miembros de la comunidad, golpeó a otro delante de un menor y detuvo a dos mapuches.
Las víctimas denunciaron el caso ante la Defensora del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y el entonces comisario Cufré, entre otros organismos públicos. Todos los policías continúan prestando servicios en la jurisdicción de las víctimas.
Meses después de este hecho, en diciembre de 2009, fue desalojada la comunidad Kospi de Fiske Menuco (General Roca) para usar su territorio en un proyecto inmobiliario sobre la costa del Río Negro.
En este caso, hicieron su “trabajo” cien integrantes del cuerpo especial BORA contra seis mapuches – entre los que había dos niños de 5 y 11 años y un joven de 15 – que fueron golpeados y perseguidos por esta fuerza de seguridad. La justicia no encontró delito en el accionar del BORA.
En agosto de 2008, efectivos de la comisaría de Maquinchao persiguieron a miembros del lof Lleiful que habían recuperado el territorio Paillecheo-Huayquilican de Bajo El Caín. El caso fue denunciado ante el ministerio de Gobierno y el entonces comisario general Cufré.
En octubre del año pasado, el gobierno provincial dispuso la instalación “en forma preventiva” de una unidad del BORA en El Bolsón. Lo hizo semanas después que el propio gobierno pidiera judicialmente el desalojo de la comunidad José Manuel Pichun de Cuesta del Ternero, paraje ubicado a 15 km al noreste de El Bolsón. La excusa política para el desembarco fue la muerte violenta de un remisero en agosto.
El ministro de Gobierno provincial, Diego Larreguy, dijo entonces que “las ocupaciones son siempre ilegales. Sea quien sea, haya llegado cuando haya llegado. Sabemos que esas tierras son mapuches, pero si revisamos la historia no va a faltar alguien que diga que son de los vikingos. Se pasaron de la raya y por algo la provincia actuó de esa manera”.
Después de por lo menos tres detenciones y golpizas a jóvenes de la localidad, en diciembre del año pasado trabajadores de la subdelegación de Promoción Familiar de El Bolsón, agremiados en ATE, solicitaron la intervención de la Defensora del Pueblo de la provincia ante la vulneración y amenaza de derechos de los menores por parte del BORA.
Fuente: comunicado del CAI