En la pasada semana, al cumplirse los primeros cien días del Gobierno de Piñera, y en algunos de los casos con apenas unas horas de diferencia, el país tuvo oportunidad de atestiguar, o más bien experimentar en carne propia, el pleno despliegue de lo que significa un gobierno de derecha

(Francisco Herreros – Red Digital) Chile – Los hechos en cuestión son el proyecto de ley de reajuste del salario mínimo de 3%, por debajo de la inflación esperada; la insólita justificación de los despidos en el sector público; la cuarta alza consecutiva en el transporte público de Santiago; el trámite parlamentario del proyecto de ley de reconstrucción; las contradicciones entre el discurso de Piñera y lo que hacen sus ministros, y el circo mediático del Presidente.
De entrada, y sin mediar diálogo con la CUT, reemplazado para el efecto por una “comisión de expertos”, el Gobierno envió a trámite parlamentario un proyecto de ley que eleva el salario mínimo de 165 mil a 170 mil pesos, equivalente a un 3% de reajuste.
Aprovechando la embriaguez de los chilenos con la marea roja, el gobierno encajó la cuarta alza consecutiva en el precio del transporte metropolitano, la cual, con respecto a enero, totaliza un 21,05% en horario bajo; un 25% en horario valle y un 21,7% en horario punta, con un promedio de 22,5% para los tres horarios.
El reajuste del salario mínimo ofrecido por el Gobierno, ni siquiera cubre el alza del transporte en el mes.
En el extremo opuesto de la ecuación el promedio de utilidades del primer trimestre de las sociedades anónimas que cotizan en bolsa alcanzó el 34%, por más que las diez primeras empresas del ranking expliquen la mitad de las utilidades y el 87% del incremento global.
Lo novedoso es la autonomía del discurso y su predominio sobre el mundo real, producto, entre otras variables, de la abrumadora concentración del sistema de medios de comunicación, en poder de la derecha.
Una observación cuidadosa muestra que estos caballeros no sólo tienen explicación para todo, sino que invariablemente se escudan en el arbitraje de “expertos” que nadie sabe quién les concedió el título.
La respectiva comisión de expertos determinó ese monto después de ponderar variables como inflación, ciclo económico y productividad. Pero el reajuste resultó tan mezquino, que fue rechazado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, incluido un independiente de derecha, sin perjuicio de que tres diputados de la UDI adelantaron su oposición en sala.
Piñera comprometió, en el discurso del 21 de mayo, un ingreso familiar de 250 mil pesos. Pero como hablar es gratis y el papel aguanta todo, se ufanó de haber “dado pasos gigantescos en la implementación del ingreso ético familiar”, en el balance de sus primeros cien días de gobierno.
Sólo que, según parece, esos pasos pasan por medidas burocráticas, tales como “un instrumento nuevo, focalizado y eficaz para ayudar eficazmente a esos tres millones de chilenos que siguen viviendo en condiciones de pobreza”, una reformulación de la ficha de protección social y la creación de un nuevo Ministerio de Desarrollo Social, antes que por incrementar el ingreso de los pobres.
El Ministro de Salud aseguró a dirigentes del Frente de Defensa de la Salud Pública, que sacaría el complejo Barros Luco-Trudeau y Exequiel González Cortés de la lista de hospitales concesionables. De eso incluso hay una grabación. Pues bien, a los dos días, declaró a la prensa que esos eran los primeros hospitales del programa de concesiones.
Piñera sorprendió a la cátedra con el anuncio de la eliminación del 7% de cotización de los jubilados. Al poco andar, el director de Fonasa dijo que el beneficio consistía en una reducción parcial, para los mayores de 70 años con pensiones menores de 150 mil pesos.
Sobre la extensión del postnatal a seis meses, la ministra del Sernam se encargó de aclarar que sólo se trataba de “adaptarlo y flexibilizarlo”.
En la sesión especial de la Cámara de Diputados, Lavín justificó los despidos en el Ministerio de Educación, aduciendo un excesivo número de periodistas y abogados, en circunstancias de que la mayor parte de los despidos corresponde a supervisores.
Sin embargo, no pasaron dos días antes que Piñera, quién se comprometió a que no habría despidos por motivos políticos en la administración pública saliera a desmentirlo, con el argumento de que los despidos correspondían al “vaciamiento de operadores políticos”, los que serán reemplazados por “innovadores y emprendedores”.
Obviamente, esos “innovadores y emprendedores” son los funcionarios que la derecha está contratando para reemplazar a los despedidos.
Lo propio sucedió con el trámite del proyecto de ley de reconstrucción.
Con ese histrionismo apuntalado con lugar común que ya le es característico, Piñera parafraseó a Frei Montalva, en cuanto a que no se humilla quién pide por la patria, y a caballo de esa frase llamó a aprobar la extensión de la invariabilidad tributaria por otros ocho años, a las grandes transnacionales del cobre.
¿No querían gobierno de derecha? Pues ahí lo tienen, desplegado en todo lo que significa.
Por fortuna, no hay mal que dure cien años. Por virtud de la paradoja, la propia ambición de Piñera no estuvo ausente en la reducción del período presidencial a los actuales cuatro años, que a juzgar por lo que ha sucedido en los primeros cien días, igual se harán eternos.
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