Las y los cinco policías acusados del asesinato de Daiana Abregú en la comisaría de Laprida declararon ante el fiscal José Ignacio Calonje. En este marco, las agentes Vanesa Núñez y Juliana Zelaya reconocieron que se volcó información falsa, se consignaron hechos que no ocurrieron, por lo que se adulteraron los registros en el libro de guardia. Zelaya dijo que lo hizo por orden de su superiora y segunda jefa al mando, la subcomisaria Karina Couchez. Las oficiales, además, confirmaron que las tres inspecciones al calabozo que se habían informado oportunamente no se efectuaron. En tanto, el policía Adrián Núñez, otro de los imputados, insistió con que sí se hicieron. Se confirmó a su vez que defensa de las y los agentes imputados estará a cargo de abogados del Ministerio de Seguridad bonaerense.
“Esto denota claramente una decisión política que sostiene la actuación corporativa de la fuerza policial. Todas las personas tienen la posibilidad de contar con defensor público gratuito cuando se les imputa un delito, sin embargo, los agentes policiales tienen en este caso una protección mayor al ser asistidos por el mismo Ministerio. Esta situación no se registra en otras áreas del estado: ningún Ministerio paga los abogados de los funcionarios cuando se los investiga por un delito. Sería como si un Ministerio defendiera a un agente que le robó al propio organismo o el Ministerio de salud a un médico demandado por mala praxis. Esta súper protección a la policía por parte del Ministerio de Seguridad es sin dudas un privilegio para las y los agentes imputados que contraria los principios republicanos de igualdad ante la ley. Por el contrario, el Ministerio de Seguridad debería iniciar investigaciones administrativas para delimitar la responsabilidad de los funcionarios policiales y resulta difícil de pensar que estas actuaciones sean objetivas cuando el propio Ministerio defiende penalmente a las y los policías que son el centro de esta investigación”, afirmaron al respecto desde la Comisión Provincial por la Memoria.
A las y los cinco policías se les imputa el delito de homicidio triplemente agravado por su comisión con alevosía, en concurso premeditado de dos o más personas y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de su función, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público.
