La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) imputó este lunes 25 de julio a 22 militares, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —organismo estatal que realizaba labores de inteligencia y contrainteligencia—, y dos civiles por su presunta participación en el llamado ‘Caso 03’, conocido también como ‘falsos positivos’, donde efectivos de seguridad del Estado presentaron falsamente a personas indefensas como dadas de baja en combates como guerrilleros o delincuentes.

Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, y el magistrado Óscar Parra, relator del subcaso ‘Casanare’, que integra el expediente de ‘falsos positivos’, detallaron que los acusados están señalados por la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, tras haber participado en los asesinatos de 303 personas en los departamentos de Casanare, Boyacá, Meta y Arauca, entre los años 2005 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Entre los acusados se encuentran un mayor general, dos coroneles, tres tenientes coroneles, diez oficiales y seis suboficiales, todos en condición de retiro y quienes —en su mayoría— pertenecían a la Brigada XVI del Ejército colombiano. En estas imputaciones tomaron en cuenta los testimonios de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, exlíder del Clan del Golfo, quien recientemente fue extraditado a EEUU.

Tras la acusación, la JEP ha llamado a los presuntos responsables a reconocer los hechos en tres dimensiones: «fáctica, jurídica y restaurativa», quienes a partir de este lunes tienen 30 días hábiles para asumir o rechazar los cargos. En ese tiempo, los acusados podrán aportar sus argumentos, brindar nuevas evidencias, así como también lo harán las víctimas acreditadas y la Fiscalía.

Al vencer el plazo y dependiendo de lo que suceda, la JEP decidirá fijar una fecha de audiencia pública de reconocimiento. Si los imputados se niegan a aceptar su responsabilidad, el caso será enviado a la Unidad de Investigación y Acusación. De ser declarados culpables en juicio, los acusados podrían ser condenados a 20 años de prisión. ​

Fuente: RT