Una mujer que había sido aprehendida por una contravención menor en Laprida y un joven alojado en una dependencia de El Talar, ambas bajo el cuidado de la Policía Bonaerense, fueron hallados sin vida en los dos últimos fines de semana. Ambas dependencias se encontraban inhabilitadas para alojar personas detenidas. Por Agencia Andar. (Compartimos además la nota “Daiana: morir en una celda” de Claudia Rafael publicada en la Agencia Pelota de Trapo.

La CPM interviene como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentó en ambas causas y exigió que se garantice una investigación exhaustiva y adecuada de los hechos. Las personas detenidas en comisarías bonaerenses padecen graves violaciones de derechos humanos: sobrepoblación y hacinamiento extremo, condiciones inhumanas de detención, torturas y malos tratos. Las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o las sentencias judiciales y resoluciones administrativas que clausuran estos lugares son reiteradamente incumplidas por el gobierno provincial.

El último fin de semana una joven de 26 años fue detenida por una contravención menor de “alteración del orden público” y alojada en los calabozos de la comisaría de Laprida el domingo a la madrugada. Horas más tarde la encontraron muerta en circunstancias dudosas. Una gran manifestación de vecinos reclama justicia en Laprida, denuncia prácticas policiales violentas y que se trató de un asesinato.

Una semana atrás una situación similar ocurrió con un joven en una comisaría de El Talar. En ambos casos las muertes fueron por ahorcamiento.

El organismo ya lleva registradas 5 muertes bajo custodia estatal en dependencias policiales en lo que va del año, que se suman a los 25 casos relevados durante el año pasado.

Las coincidencias no terminan en la mecánica de la muerte. Ambas comisarías tenían clausuras judiciales y administrativas y no estaban habilitadas para alojar personas detenidas. La Policía de la provincia de Buenos Aires desobedeció las órdenes judiciales. Los datos surgen de la última actualización del Centro de Operaciones Policiales (COP) dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense.

A pesar de los fallos judiciales, las prohibiciones y clausuras, y la denuncia sostenida sobre las condiciones de detención en estas dependencias, las comisarías continúan funcionando como depósito de personas detenidas, sometidas a graves violaciones de derechos humanos.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se está presentando como Particular Damnificado Institucional y ya solicitó informes a las dependencias judiciales a cargo de investigar las causas de muerte y a los organismos estatales responsables de la situación. También se hicieron las denuncias pertinentes ante la Auditoria de Asuntos Internos y se exigió el cumplimiento de la resolución N° 1390 de la Procuración provincial que establece los protocolos a seguir cuando las fuerzas de seguridad están involucradas en un posible delito.

Aunque una hipótesis en estos casos sea el suicidio al tratarse de un contexto de encierro deben ser investigadas las responsabilidades de los funcionarios a cargo del lugar. “Una de las hipótesis posible siempre es la falta de cumplimiento del deber de cuidado y eventualmente la infracción de las resoluciones dictadas y la normativa vigente”, explican desde la CPM. Según los datos del organismo el ahorcamiento es la principal causa de muerte en comisarías es (36%), seguido por la deficiente atención médica (15%). Para el 35% de los casos se desconoce la causa.

El relevamiento de muertes ocurridas en comisarías se realiza desde el año 2012. El total de casos asciende a 225 en 9 años y del total de personas fallecidas durante el periodo el 97% eran varones y el 3% mujeres. Este tipo de hechos no puede analizarse por fuera de las condiciones gravosas de detención que padecen las personas detenidas: sobrepoblación, aislamiento extremo, torturas sistemáticas, nula atención de la salud, falta de higiene y servicios básicos.

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Compartimos además la nota “Daiana: morir en una celda” de Claudia Rafael publicada en la Agencia Pelota de Trapo:

¿Es parte de la normalidad que, en lo que va del año cinco personas hayan muerto en comisarías de la provincia de Buenos Aires en casos que las fuerzas de seguridad definen como “suicidios”? ¿Y que hayan sido 25 las muertes en celdas provinciales durante todo 2021? La muerte de Daiana Abregú en la comisaría de Laprida, un pueblo del centro bonaerense que apenas supera los 10.000 habitantes, enciende –una vez más- todas las alarmas sociales. Una joven mujer de 25 años, con un hijo de 9, con un nuevo proyecto vital, fue llevada a un calabozo de una comisaría clausurada judicialmente y sin habilitación para alojar a personas detenidas. Nueve horas más tarde, fue –casualmente- hallada sin vida, ahorcada supuestamente con su propia campera amarrada a los barrotes de una ventanita que no llegaba al metro y medio de altura.

El fiscal José Ignacio Calonje –de Violencia Institucional y Delitos Carcelarios de Azul- dijo a APe que “está desafectado en la causa un solo efectivo que es quien estaba cuidando el calabozo”. Y que “no se puede descartar ninguna de las dos hipótesis: un homicidio o un suicidio”. Escueto, de una brevedad que implica no decir nada, el fiscal sólo agrega que “tenemos todos los libros de la comisaría, las cámaras del hospital y monitoreo de la historia clínica y científica. Hoy voy a poder pedir todas las pericias”.

De todas esas muertes inexplicables, sólo unas pocas asoman del ostracismo en que ocurren. En escasas ocasiones se sale a la calle para reclamar que nadie puede morir suicidado dentro de un calabozo de escasas dimensiones y sin que ninguno de los policías del lugar se percate de que algo extraño está ocurriendo.

Claramente durante los días siniestros del terrorismo de Estado, un lugar de detención –particularmente algunos, como por ejemplo, la vieja cárcel de Caseros- era una suerte de laboratorio humano en el que se jugaba con las medicaciones, los dolores, las emociones hasta llevar al suicidio. En tiempos de institucionalidad el suicidio, la instigación al suicidio y el homicidio disfrazado de suicidio tienen otras características.

Las estadísticas de la Comisión por la Memoria dan cuenta de 225 muertes en comisarías desde 2012 y hasta diciembre de 2021. De ese número, el 35,82 por ciento fue caracterizado como “suicidios”; el 34,22 por ciento, por “causa desconocida”; el 10,16 por ciento, por incendio; el 14,97 por ciento por deficiente atención médica y el 4,27 por ciento, por agresión física.

Dicho de otra manera, un ser humano bajo custodia del Estado se puede suicidar en un calabozo a uno, dos o 5 metros de un oficial de policía sin que se dé cuenta. Puede morir bajo una causa desconocida sin que nadie acierte a definir el motivo porque, después de todo, se suele considerar como un sobrante social a una persona en esas circunstancias. Se puede fallecer en un incendio (causal de la que hay vastísimas historias: desde la masacre de Quilmes, el 20 de octubre de 2004; la masacre de Pergamino, el 2 de marzo de 2017 a la masacre de Esteban Echeverría, el 15 de noviembre de 2018). Se puede fallecer porque alguien reclame a gritos asistencia médica y nadie, absolutamente nadie, escuche su clamor. O se puede morir entre las cuatro reducidas paredes de un calabozo porque –como también suele ocurrir frecuentemente en las cárceles- se hace convivir a detenidos ya enfrentados entre sí previamente, en la vida cotidiana de las calles.

Las historias de los “suicidios” en comisarías encuentran vidas olvidadas mucho más allá de las fronteras bonaerenses. Como Guillermo Coco Garrido, que murió en enero de 2011 en el calabozo de la comisaría de El Bolsón. Tenía 24 años y lo acababan de detener tras un choque. Como Damián Sepúlveda, en Madariaga, el 13 de enero de 2013. En la primera autopsia se habló lisa y llanamente de suicidio. En la segunda autopsia, se evidenciaban entre 30 y 60 golpes en todo el cuerpo. Dos años después, en Godoy Cruz, Leonardo Rodríguez apareció muerto en un calabozo. El Observatorio de la Violencia de Estado de la provincia de Mendoza advirtió que la policía “intenta dejar firme la versión del suicidio, poniendo en duda las lesiones compatibles con tortura que la propia familia verificó en el cuerpo del joven, a quien además intentan desacreditar sugiriendo que tenía una alta concentración de alcohol en sangre”. El 9 de noviembre de 2017, en la comisaría de Azara (al sur de Misiones), Facundo Sequeira, un joven deportista del pueblo, de tan sólo 18 años, apareció ahorcado una hora después de su detención. Nadie creyó en el pueblo esa tesitura. En abril de 2020, a días de declarada la pandemia, Florencia Magalí Morales, de 39 años, apareció ahorcada en la celda de una comisaría de San Luis. La primera autopsia cerró convenientemente en la tesitura del suicidio. La segunda autopsia reveló que el cordón utilizado no le pertenecía y nadie explicaba cómo había llegado a la celda y demostró, además, que “al cuerpo le faltan músculos, una arteria, el hueso hioides estaba sin fracturas”.

Daiana Abregú tenía 25 años. Un hijo de escasos 9. Un proyecto vital. Una contravención absolutamente menor la llevó a los brazos del Estado que, supuestamente, debía ampararla.

En nombre de la seguridad Daiana fue privada de la vida. En nombre de la seguridad, a un niño de apenas 9 años, le marcaron definitivamente la historia cuando sus afectos debieron contarle que su mamá ya no regresaría a casa. En nombre de la seguridad, las instituciones suelen truncar historias. Por no cuidar, por instigar, por promover o por dibujar la razón de una muerte.