Más de un año después de que saltara la polémica de los cupos de detenciones de inmigrantes irregulares, las redadas policiales siguen siendo una práctica diaria de las fuerzas de seguridad

(Soraya Constante – Diagonal) España – Pese a las negativas del Ministerio del Interior, con Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza, los controles de identidad siguen sucediéndose en calles, locutorios y en las proximidades de edificios donde se realizan trámites para la regularización. 140 organizaciones denunciaron en febrero la ilegalidad y la persistencia de estos controles contra inmigrantes.
La ecuatoriana Mariela Ángel Carvajal cumplió 48 horas detenida por no tener papeles. Fue arrestada en el metro de Oporto (Madrid), la madrugada del 21 de abril. Regresaba a casa después de cumplir su turno de lavaplatos en un restaurante de la Ciudad de la Imagen. Dos policías de paisano le pidieron la identificación y ella sólo pudo entregar el bono-metro. “No tengo papeles”, les dijo sin más dilaciones y se la llevaron a la comisaría de Extranjería de Aluche.
Los controles policiales para identificar a los inmigrantes en situación irregular no paran. La novedad de este año fue la circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que pretende agilizar las expulsiones de los extranjeros sin papeles y permite la detención preventiva de cualquier inmigrante que, aun siendo regular, no pueda acreditarlo en el momento de la identificación. Este arresto cautelar, según la circular policial, tiene el amparo de la nueva ley de Extranjería.
El Sindicato Unificado de Policía, el mayor del cuerpo, se opuso a la nueva orden y llamó a la insumisión a sus 30.000 afiliados. Un comunicado de la central afirmaba que la circular “supone un paso más en la escalada en la que estamos inmersos de no respetar derechos constitucionales”. Los agentes, agregaba la nota, se pueden ver envueltos en un proceso judicial por detención ilegal que puede acabar con una condena o con la expulsión de la policía.
El secretario general del sindicato, José Manuel Sánchez Fornet, señalaba la falta de jurisprudencia para establecer que un policía puede identificar indiscriminadamente, sin motivo alguno de sospecha, a un ciudadano, como pretende la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
En Madrid, una plataforma integrada por 140 asociaciones presentó a inicios de febrero una queja al Ministerio del Interior para que revoque la circular 1/2010, pero su demanda no ha tenido eco. Por el contrario, los controles en las calles madrileñas se vieron fortalecidos con 1.107 nuevos agentes.
El año pasado en Madrid se identificaron a 445.000 extranjeros, de los que 22.000 fueron detenidos, según el Sindicato Unificado de Policía. Éste fue el resultado de la presión de Interior por completar los famosos cupos de inmigrantes ilegales según la población de cada distrito, que tantas veces negó Alfredo Pérez Rubalcaba. El escándalo quedó al descubierto con la publicación de una nota interna de la comisaría de Vallecas que decía: “Villa Vallecas, objetivo=35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito”.
Hoy ya nadie habla de esos cupos, pero las redadas policiales se han incrementado en distritos como Usera, Ciudad Lineal o Vallecas, en los que hay un porcentaje de más del 20% de extranjeros. Los policías y sus furgonetas se plantan preferentemente en las bocas de metro y piden documentación a las personas que por su aspecto físico denotan ser extranjeras.
Mariela Carvajal, que pasó dos noches detenida, cuenta su testimonio al salir de los juzgados de Plaza Castilla. “No me expulsaron gracias a que una abogada de mi embajada probó que tenía un trabajo fijo desde hace dos años y que estaba reuniendo los requisitos para pedir arraigo”.