La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata denegó un pedido de libertad condicional realizado por el policía Alfredo González, condenado a perpetua junto a Víctor Dos Santos en diciembre de 2010 por el secuestro y torturas seguidas de muerte ocurridas en septiembre de 1990 sobre Andrés Nuñez en la sede de la Brigada de Investigaciones de La Plata.

Compartimos comunicado de Familiares de Andrés Nuñez, Espacio de Lucha Nilda Eloy y Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata:
El pasado 20 de mayo la sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata, integrada por las juezas Laura Lasaga y Silvina Casteller, denegó un pedido de libertad condicional (art 14 del Código Penal) realizado por el policía Alfredo González, condenado a perpetua junto a Víctor Dos Santos en diciembre de 2010 por secuestro y torturas seguidas de muerte producidas en septiembre de 1990 sobre Andrés Nuñez en la sede de la Brigada de Investigaciones de La Plata.

González ya venía siendo beneficiado con 54 salidas transitorias, tareas laborales y de estudio, y pretendía que los 15 años y 3 meses de prisión efectiva que lleva cumplidos se transformaran en 24 por beneficio del cómputo de la ley 24.390, conocida como de “2×1”.

La cuestión plantea un problema complejo. Por un lado le ley de “2×1” excluía en su otorgamiento delitos graves como la privación ilegal de la libertad y la tortura seguida de muerte, mucho menos si se trata de un funcionario público como es este caso.

Pero además, no se puede encuadrar el caso dentro de la ley 24.390 de 2×1, ya que la desaparición de Andrés es anterior a la vigencia de esa ley sancionada en 1994 y la preventiva del reo fue dictada con posterioridad a la derogación de la norma en 2001. En verdad el hecho se trata de una grave violación a los Derechos Humanos, así reconocida por dos fallos de la Suprema Corte Bonaerense en 2013 y 2014, lo que “impone extremar la diligencia judicial en procura de la identificación y sanción de los culpables, bajo apercibimiento de generar responsabilidad internacional del Estado argentino”. En otras palabras el crimen de Andrés no es cualquier delito, sino un hecho de desaparición forzada seguida de muerte cometido por agentes del aparato represivo del Estado que no puede prescribir y no le caben beneficios a sus autores. Se juzga como “torturas seguidas de muerte” por la defección del propio Estado argentino en actualizar su legislación penal.

Las juezas de Cámara sostuvieron una posición intermedia. Por un lado dijeron que es aplicable el “2×1” como ley penal más benigna (art. 2 del CP), y que ello se apoya en doctrina y jurisprudencia. Agregaron que “habiendo sido cometido el hecho por el cual se condenó a González con fecha 27-28 de septiembre de 1990, la aplicación de las normas de la ley 24.390 resulta indiscutible”. Y completaron diciendo que “el delito por el cual fue condenado González si bien constituye una grave violación de derechos humanos, el hecho no puede caracterizarse como delito de lesa humanidad”, y que González “superó los 20 años de prisión” requeridos por la norma que concede la libertad condicional.

Sin embargo Lasaga y Casteller estimaron que “el requisito conductal no se encuentra cumplido”, porque si bien González tiene conducta 10 “el requisito legal no se agota en el mero cumplimiento materializado a través de una calificación de conducta aceptable” y “debe analizarse de modo integral la trayectoria del interno, valorarse los aspectos relevantes de su conducta y todas las circunstancias que permiten evaluar la vida intramuros”. Con ello dijeron escuchar la oposición del Fiscal de Cámaras y las objeciones formuladas por la compañera de Andrés, Mirna Gómez, y sus abogados rechazando el beneficio.

Sabemos que en nuestro país la prisión perpetua implica 35 años de cárcel, en este caso a contarse desde noviembre de 2005, cuando González fue detenido. Y según el artículo 13 del código penal el beneficio de la libertad condicional para condenados a prisión perpetua puede pedirse a partir del cumplimiento de 20 años de condena. A González no le dan los números para reclamar la condicional. En todo caso recién en noviembre de 2025 se discutirá si González puede salir con condicional, siendo que tiene sanciones disciplinarias penitenciarias y nunca aceptó el delito por el que se lo condenó.

Desde la familia de Andrés, el Espacio de Lucha Nilda Eloy y el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata rechazamos este nuevo intento del asesino González de contar con beneficios que no le corresponden. Instamos a la justicia penal platense a conceptuar el caso con la gravedad institucional que realmente tiene, siendo que es una de las causas que más tiempo lleva abierta en el ámbito penal bonaerense y que el paso del tiempo sólo genera más impunidad sobre los asesinos de Andrés. Porque además hay 5 imputados en el expediente que siguen impunes: 4 encubridores a la espera de juicio y 1 de los autores materiales, Pablo Martín Gerez, prófugo hace más de 30 años.

Andrés Alberto Nuñez fue secuestrado en su casa de 119 y 78 la madrugada del 28/9/90 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y con la excusa del robo de una bicicleta fue llevado a esa sede (61 e/12 y 13) donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, en la Estancia El Roble, donde lo incineraron dentro de un tanque australiano en desuso.

A más de 30 años del secuestro, asesinato y desaparición de Andrés, sus familiares y amigos ratificamos nuestra voluntad inquebrantable de buscar juicio y castigo a todos los responsables de los hechos. El caso de Andrés fue símbolo de continuidad de las prácticas represivas con que la Maldita Policía Bonaerense de la dictadura siguió actuando durante la gestión del gobernador Eduardo Duhalde, del jefe Pedro Klodzyck y del comisario Mario “Chorizo” Rodríguez en los ’90.

En diciembre de 2010 los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González fueron condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte, sentencia confirmada en agosto de 2012. Pero no actuaron solos. Durante 20 años el coautor del crimen, Luis Raúl Ponce, estuvo prófugo de la justicia. Capturado en agosto de 2012 en una cinematográfica persecución en Neuquén, Ponce fue condenado a reclusión perpetua en marzo de 2017 por torturas seguidas de muerte. Uno de los máximos responsables de la muerte de Andrés permanece prófugo. Pablo Martín Gerez, DNI 14.907.946, fue oficial inspector de la Brigada de La Plata, y como tal comandó el grupo operativo que secuestró, torturó y desapareció a Andrés de su casa de Villa Elvira. Oriundo de General Belgrano, Gerez aportó la conexión para, junto al comisario “Chorizo” Rodríguez, proveer el campo de aquella localidad donde descuartizaron, quemaron y enterraron a Andrés, y que era custodiado por un primo suyo. La familia de Andrés ha aportado información sobre los contactos de este criminal, especialmente sobre su madre, que vive en General Belgrano. Se ha pedido reiteradamente que el Estado se haga cargo de su responsabilidad para encontrarlo y ponga a disposición herramientas para una investigación seria para detenerlo.

En una fenomenal tomada de pelo, en 2009 una abogada se presentó en la causa a nombre de Gerez que, aún prófugo, reclamaba la prescripción de la imputación y firmó de puño y letra el recurso. Ocupada en otros urgentes menesteres, ninguna estructura de inteligencia policial ni judicial tiró de esa piola para ubicar a Gerez. La tardanza del Estado en llevar a juicio a estos criminales sólo genera más impunidad.

El primer juez de la causa de Andrés, Amílcar Benigno Vara, fue destituido en 1998 en juicio político por encubrimiento en la causa Nuñez, Miguel Bru y en otros de 25 casos de crímenes policiales, estaba procesado y murió impune en marzo de 2014.

Pese al intento de cerrar la causa apelando a la prescripción, en mayo de 2013 la Suprema Corte bonaerense dijo que el caso de Andrés es una “grave vulneración a los DD.HH.” y resolvió que no está prescripta la acción sobre otros 4 policías responsables del encubrimiento del caso: Pedro Costilla, Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga.

Desde hace 3 años la familia de Andrés viene exigiendo que se ponga fecha de debate para el juicio a este grupo de 4 policías encubridores. En octubre de 2018 se designó a los jueces Juan José Ruiz, Ezequiel Medrano y Alfredo Emir Caputo Tártara para integrar el tribunal, pero aún no hay fiscal asignado para el debate oral. Ruiz fue suspendido en su cargo en 2019 por agravar infundadamente la pena a una persona trans por ser extranjera en una causa por la ley 23.737. Caputo Tártara fue uno de los magistrados que en 2017 absolvió sin fundamentos al policía Diego Walter Flores, asesino de Omar Cigarán en un hecho ocurrido en febrero de 2013. La justicia platense no es garantía de objetividad alguna, y seguiremos muy de cerca lo que hagan en el debate contra los encubridores del crimen de Andrés.

La desaparición forzada de personas se define técnicamente como la “privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad”. Esto quiere decir, entre otras cosas, que es un crimen de Estado y que independientemente del hallazgo o no del cuerpo de la persona, o bien de la determinación de si ha sido o no asesinada, lo importante es quién y cómo lo comete.

La figura específica del tipo penal llamado desaparición forzada de personas, ya había sido admitida en nuestro ordenamiento legal cuando se ratificó en 1995 la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas (por ley 24.556) y con la revalidación en 2007 (por ley 26.200) del artículo 7.2.i del Estatuto de Roma, que consagra a nivel internacional la punición de esta modalidad delictiva. Sin embargo fue recién en mayo de 2011 (a través de la ley 26.679) que se incorporó a nuestro sistema legal el tipo penal específico y se lo incluyó en el art. 142 ter del Código Penal formando parte de los delitos contra la Libertad.

Existen más de 215 casos de desaparición forzada de personas en nuestro país entre 1984 y 2021. Desde el caso del joven de 23 años Néstor “Lito” Gutiérrez, detenido por la Policía de Neuquén en diciembre de 1984 y cuyo cadáver apareció golpeado en las aguas del río Limay; pasando por el casod e Santiago Maldonado en la gestión Macrista, hasta los casos de Facundo Astudillo Castro, Luis Espinoza y Ariel Valerián, ocurridos en plena cuarentena por la pandemia del Covid 19 dictada por el gobierno de Alberto Fernández, la continuidad de la práctica de desaparecer personas tras detenerlas de parte de las fuerzas de seguridad de Argentina es palmaria.

En nuestro país solo se ha condenado por este delito a dos policías de Chubut en el caso de Iván Torres en julio de 2016. La mayoría de los casos no se investigan como desaparición, sino como averiguación de paradero, o bien llegan a juicio con figuras penales morigeradas o fragmentarias (como los apremios, las vejaciones, y en los menos de los casos la tortura seguida de muerte) que no explican la dimensión real de la prepotencia impune con que actúan los agentes del Estado en la represión cotidiana.

SEGUIMOS EXIGIENDO:
JUSTICIA POR ANDRÉS NUÑEZ!
JUICIO Y CASTIGO A LOS ENCUBRIDORES COSTILLA, ZAVALA, VEIGA Y CARRIZO YA!
BUSQUEN Y JUZGUEN AL PRÓFUGO PABLO MARTÍN GEREZ YA!
BASTA DE MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS!
BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS!
SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN ESTATAL!