El número, que incluye a condenados y a quienes tienen prisión preventiva, surge del informe estadístico 2020 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sobre el proceso de juzgamiento iniciado en 2006.

Entre las principales conclusiones respecto del proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad durante 2020, la Procuraduría expresó: “Más allá de la situación excepcional de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO), persisten demoras en diferentes instancias del proceso, manteniéndose estable en la instrucción y agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”.

El informe indica que el promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio.

En este punto, la Procuraduría menciona el concepto de “espiral recursivo”, el mismo que trabajó en 2019 y que tiene que ver con la práctica que ordenó el sistema de reenvíos desde la Cámara Federal de Casación a los tribunales orales para que dicten una nueva sentencia sobre los puntos casados. Esto implica que la nueva sentencia de los TOF sea pasible de un nuevo recurso y consecuente revisión por el máximo tribunal penal, estirando el trámite del proceso.

El informe agrega que durante 2020 disminuyó el total de sentencias dictadas respecto del año anterior (de 22 a 9), y el número de personas detenidas (863 en la actualidad).

Se consolidó además el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante: El 74% de las personas detenidas (638) transita la detención en su domicilio, lo que implica que las personas detenidas en cárceles y otros establecimientos suman 225.

En cuanto a la cantidad de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, al 4 de diciembre de 2020 se registran un total de 623.

De las 250 sentencias dictadas desde 2006, 173 de ellas (un 70%) posee alguna instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, lo que significa que no se encuentran firmes. Al menos 101 recursos se encuentran a la espera de resolución en el máximo tribunal del país, e involucran a 150 personas en 39 causas.

“(La caída en la cantidad de sentencias durante 2020) podría analizarse por la situación excepcional en la cual se decretó el DNU 260/20 que estableció el ASPO, sin embargo aún si hubiesen tenido veredicto el total de causas con juicio y plenario en curso -en los casos de juicios que tramitan bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal (ley 2372)- que no iniciaron durante el 2020 (10), el descenso hubiese sido similar al año 2018 (18 sentencias, mientras que en 2017 fueron 27)”, señala la Procuración en su informe.

Durante el ASPO, se suspendió el debate en 12 causas y se reanudó en 11 (solo en Jujuy no se reiniciaron las audiencias).

Actualmente existen 373 causas en las que aún no se ha dictado sentencia: 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio y sólo 2 de ellas tienen fecha de inicio para 2021.

El resto de las causas, alrededor de 280, se encuentra en instrucción; según la Procuración “un número estable en todo el período” entre 2006-2020. En 9 de ellas se dispuso la elevación a juicio y en 13 el Ministerio Público Fiscal formuló requerimiento de elevación a juicio.

De acuerdo al informe, desde 2006 3.448 personas fueron imputadas en causas por crímenes de lesa humanidad. Hasta el 4 de diciembre de 2020, obtuvieron sentencia 58 personas, de las que 51 fueron condenadas y 7 absueltas.

De esta manera, se consolida una tendencia descendente desde el 2017, año en el que quienes resultaron sentenciados/as fueron 234. En 2018 fueron 108, y en 2019 fueron 95.

A su vez, el informe señala que continúa siendo alto el número de personas que aún no han obtenido sentencia, ya que 628 se encuentran procesadas y 176 con falta de mérito. Otras 614 tienen pedido de convocatoria a prestar declaración indagatoria, mientras que 39 fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.

A lo largo de este año fallecieron 36 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad. De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

En todo el país se registran 29 prófugos.

Fuente: La Imposible / www.fiscales.gob.ar

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