Así lo afirman organismos de Derechos Humanos que exigen a la Corte Suprema Bonaerense que disponga la licencia urgente e inmediata de Fabián Fernández Garello, actual fiscal general de Mar del Plata, imputado por su participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar cuando se desempeñaba como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La causa por el secuestro y torturas a tres militantes en 1981 en la que el funcionario judicial está implicado fue elevada a juicio en los últimos días.
El Juzgado Federal Nº2 de San Martín cerró la etapa de instrucción y elevó a juicio la causa por el secuestro y torturas de tres militantes comunistas el 23 de julio de 1981. Los imputados son siete ex agentes de inteligencia, entre ellos el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello.
Ante esta decisión, organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata enviaron una carta pública al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria; y al juez de la Corte y presidente del Jurado jde Enjuiciamiento de magistrados, Eduardo de Lázzari. Con las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Mar del Plata, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Ex Detenidos Políticos del Sudeste, Hijos Resiste y el colectivo Faro de la Memoria reclamaron a la Corte Suprema bonaerense que ordene la licencia urgente del fiscal.
“Las víctimas, sus familias, y toda la sociedad aguardan que se tomen las decisiones necesarias para que el ex agente de inteligencia, miembro del aparato represor que aniquiló treinta mil vidas, pueda ser juzgado sin ejercer durante el tránsito de esta situación su cargo, el que lo pone paradójicamente al frente de la política criminal de nuestra región”, expresan los organismos en la carta.
La denuncia contra Fernández Garello fue presentada en 2016 por la Comisión Provincial por la Memoria, organismo que aportó ante la Justicia documentos de inteligencia del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que demostraban su participación en el hecho elevado a juicio y también en otras acciones de la represión ilegal. Según este material, sólo entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del Terrorismo de Estado.
A fines de 2017 el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires archivó la denuncia de la Comisión sin abrir la investigación. En 2018, el procurador general Julio Conte Grand también archivó el trámite disciplinario contra Fernández Garello impulsado por la CPM. En tanto, desde el año pasado, está pendiente de resolución un pedido de juicio político, para el que dos audiencias fracasaron por falta de quórum.
“Garello tuvo la habilidad de ocultar su pasado durante décadas; sin embargo los documentos presentados por la Comisión dan cuenta de su accionar, está su firma en los procedimiento de inteligencia que terminaron con el secuestro de esas personas. Para los organismos de derechos humanos es importante la reconstrucción de lo que pasó, de los testimonios de los sobreviviente y los papales de los servicios de inteligencia son extractos que van desnudando la verdad histórica”, explicó Fabián Múñoz, representante de Abuelas de Plaza de Mayo Mar del Plata.
“Los organismos de Mar del Plata acompañamos desde el principio, desde aquella denuncia del 2016, el pedido para que el fiscal sea apartado de su cargo. Llevamos casi cuatro años de reclamo y no tuvimos respuesta. Es evidente que tiene protección y apoyo político pero, habiéndose elevado a juicio la causa, entendemos que no hay más excusas, que la Corte debería como mínimo suspenderlo”, agregó Irma Piñeiro de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Fuente: Agencia Andar.
Nota relacionada: El fiscal general de Mar del Plata será juzgado por crímenes de lesa humanidad
