Lo hizo la Secretaría Nacional de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) a las autoridades del Poder Judicial de la provincia, ante las reiteradas usurpaciones de territorios comunitarios indígenas y la escasa y violenta respuesta de las fuerzas policiales.
“Venimos reiterando desde tiempo, de modo continuo, como parte de un seguimiento de las denuncias recibidas, cómo son usurpados los territorios comunitarios indígenas por parte de diversos actores de la sociedad criolla, y cómo, frente a ello, la respuesta recibida en las comisarías es sumamente lenta, teniendo que insistir con numerosas llamadas y cuando intervienen, en la mayoría de los casos, da lugar a un accionar desmedido y arbitrario de las fuerzas policiales”, afirmaron desde el organismo.
En este sentido, señalaron que aún esperan la medida cautelar solicitada ante los atropellos reiterados en el territorio de la comunidad tonokoté de Potrillo Pozón, a los que en las últimas semanas se sumaron situaciones similares en la comunidad tonokoté de Atoj Wasi, localizada en el paraje Cardón Esquina, Departamento Figueroa y también integrante del Consejo de la Nación Tonokote Llutki.
Advirtieron además que, en este caso, la situación es mucho más compleja: “En el actual contexto de pandemia, y el consecuente aislamiento social impuesto, la permisibilidad, de quienes debían garantizar la preservación y vigencia de los derechos comunitarios en su territorio, ha posibilitado el ingreso de usurpadores y saqueadores de toda laya, desoyendo todo el corpus jurídico que lo impide y poniendo en peligro la conservación de la biodiversidad, la defensa de los bienes comunes y los derechos de la Madre Tierra, que ha garantizado la comunidad, como lo han hecho desde siempre los pueblos indígenas en sus territorialidades”.
Ante esto, la APDH reiteró su pedido de “una satisfactoria y eficaz respuesta” a la situación en Santiago del Estero, que impida que hechos como éstos se reiteren, “ya que permitir el despojo de los territorios comunitarios indígenas, además de atentar contra los derechos de los pueblos originarios, protegidos todos por leyes nacionales así como por diversos convenios y pactos internacionales, ha comenzado a socavar el tejido social de las comunidades”.




