En la madrugada del viernes, agentes persiguieron y fusilaron a Lucas Nahuel Verón de 18 años, en Villa Scasso, La Matanza, el día de su cumpleaños. Ese mismo día por la tarde, falleció en Chascomús Raúl Dávila de 22 años, víctima de un incendio en el calabozo de la comisaría local donde estaba detenido por resistencia a la autoridad.

“Estos hechos que se conocieron en las últimas horas significan una alerta máxima sobre el accionar de la Policía Bonaerense, en un contexto en el que aún no hay noticias de la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich y la misma fuerza policial acaba de ser apartada de la investigación por principal sospechosa”, advirtieron desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

La Comisión es querellante en la causa Astudillo Castro en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, e interviene también en estos dos nuevos casos de violencia policial.

En la madrugada del viernes, Lucas Nahuel Verón, que estaba cumpliendo 18 años, fue con un amigo al maxikiosco del barrio en Villa Scasso, La Matanza, a comprar gaseosas. Cuando regresaban en moto un patrullero comenzó a perseguirlos y dispararles. Una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató. Luego de protagonizar este caso de gatillo fácil, el móvil policial huyó del lugar.

La CPM tomó conocimiento del hecho a través de la agrupación HIJOS La Matanza, quienes se constituyeron en el lugar del hecho, tomaron contacto con la familia y buscaron testigos, lo que permitió la resolución inmediata del hecho. Los policías de la bonaerense Ezequiel Benítez y Cintia Duarte fueron detenidos por requerimiento de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo de Juan Pablo Tahtagian.

La CPM, en tanto, reclamó la inmediata aplicación de la Resolución 1390 de la Procuración General, evitando que la policía tomara declaración a los testigos en sede policial, adonde habían sido trasladados.

El menor de edad que acompañaba a Lucas en la moto recibió presiones y amenazas policiales para que declare que venían de robar. Luego del pedido de la CPM para que se aparte de manera urgente a la fuerza de la causa, se trasladó a los testigos y al joven a la fiscalía donde declararon sin la presencia de los efectivos. Allí describieron de manera precisa el asesinato policial.

Por su parte, la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad decidió la desafectación preventiva de los agentes.

“La detención de los agentes responsables del crimen y su desafectación, marca una diferencia sustantiva con el temperamento sostenido por el poder judicial y la Auditoria, en la mayoría de los casos, donde el personal policial no sólo no ha sido detenido sino que continúa en sus funciones. Esto ocurrió en hechos graves producidos durante la cuarentena como el homicidio de dos jóvenes en San Nicolás, o las torturas de jóvenes en Punta Indio y Mar del Plata, entre otros. Preocupa que la falta de disposición de desafectaciones preventivas, en muchos casos, se expliquen desde la imposibilidad de tomar declaración a los policías afectados con motivo de la cuarentena”, expresaron desde la CPM.

En tanto, horas más tarde se conoció una nueva muerte que apunta directamente a la responsabilidad de la Policía Bonaerense. Fue en la localidad de Chascomús. La víctima,
Raúl Dávila de 22 años había estado detenido en la comisaría de la localidad de Chascomús desde el 27 de junio. En la noche del jueves, luego de un incendio en el calabozo donde se encontraba, fue trasladado al hospital municipal con el 50% de su cuerpo quemado y horas más tarde falleció.

“La policía bonaerense y la justicia deberán responder ante esta nueva muerte evitable. Raúl fue detenido luego de una discusión con el padre de su novia. El hombre llamó a la policía y cuando los agentes se hicieron presentes detuvieron al joven bajo la excusa de resistencia a la autoridad. Hasta el jueves permanecía detenido, por un hecho menor por el cual el fiscal pedía 3 meses de prisión en suspenso para un juicio abreviado. La justicia no sólo rechazó su excarcelación sino que además dictó la prisión preventiva. Según la versión policial, al enterarse de esta decisión Raúl incendió el colchón del calabozo donde estaba alojado en señal de protesta”, manifestaron desde la CPM.

“Este hecho alerta una vez más sobre la detención de personas en Comisarías por delitos leves y plazos extensos – en el caso de Raúl Dávila fueron más de 14 días cuando no se pueden superar las 48 hs. El Estado es responsable por continuar con una política que ha sido fuertemente cuestionada por los organismos internacionales de derechos humanos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares de protección sobre diversas comisarías bonaerenses. No obstante esto la situación no sólo no se modifica sino que se agrava”, agregaron.

“Las muertes de Lucas y Raúl se producen en un contexto marcado por la extrema gravedad que reviste la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich hace poco más de 70 días, y donde otra vez la policía bonaerense aparece como la responsable principal.
Resulta imperioso que en estos y cada uno de los casos de asesinatos que involucren a agentes de la policía bonaerense, la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, que permita esclarecer cada uno de los crímenes, apartando a la fuerza policial de todo el proceso.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad bonaerense debe asumir la responsabilidad de esta política que, exaltando la centralización del mando policial y la gestión violenta de los territorios, provoca graves violaciones de derechos humanos. Es imperioso revertirla con urgencia, apartar a aquellos agentes sospechados de estos crímenes y garantizar la no repetición de estos hechos. No hacerlo, solo garantiza la impunidad y habilita este accionar”, finalizaron desde la CPM.