La Red Atravesados por el Femicidio presentó escritos ante varios ministerios argentinos para manifestar la necesidad de establecer un punto de encuentro para el desarrollo de políticas públicas y la mejora de herramientas existentes que permitan una efectiva prevención de los cientos de casos de femicidios que siguen ocurriendo en el país, sobre todo en el actual contexto de aislamiento obligatorio. Los mismos pedidos se efectuaron semanas atrás ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que pertenece a la ONU.

Las presentaciones se efectuaron en los ministerios de Mujeres, Género y Diversidad; Justicia y Derechos Humanos; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; además de ante la Misión Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas, la Jefatura de Gabinete de la República Argentina y y la Presidencia de la Nación.

El mismo pedido se realizó semanas atrás ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la ONU, y es la primera vez que esta organización internacional interviene en un caso de femicidio presentado contra el Estado Argentino. La petición está fundada en las violaciones a los derechos humanos que sufrió la víctima principal por parte del Estado argentino, consecuencia del no haber brindado la protección y vías de acceso a la justicia en un contexto de violencia de género.

Se trata del femicidio de Florencia Albornoz, quien fue asesinada por su ex pareja en 2010. La joven había hecho denuncias en distintas oportunidades desde 2008 por violencia doméstica contra su ex pareja, policía bonaerense, que durante años la hostigó, agredió y amenazó de muerte.

Las autoridades sólo le permitían realizar las denuncias en la Comisaría de Quilmes, sección primera, donde trabajaba su ex, por lo que éste gozaba de una amplia impunidad. Incluso, y a pesar de que había sido oficialmente desvinculado de la Bonaerense, seguía prestando servicio y se le había facilitado una vivienda en un destacamento de Quilmes.

Al momento del femicidio, Florencia tenía el supuesto resguardo de una medida de restricción de

acercamiento, también llamada perimetral, pero el agresor violó esta medida para ejecutarla a ella y a un amigo utilizando su arma reglamentaria.

En 2012, las familiares de Florencia iniciaron una acción civil contra la Provincia de Buenos Aires para solicitar una indemnización por daños, motivada en que el Estado le dio un tratamiento negligente a las denuncias de la víctima. Sin embargo, después de ocho años, el expediente aún no fue siquiera abierto a prueba, por lo que sigue en la etapa inicial del proceso.

Ante esta situación, y en el actual contexto de aislamiento en el que las cifras de violencia doméstica y femicidios aumentan, la familia ha elevado este pedido ante el organismo de derechos

humanos para solicitar al Estado Argentino justicia por Florencia y por todas las mujeres que se animan a denunciar y pedir ayuda.