Un Jury destituyó a Claudio García del poder Judicial luego de una denuncia presentada por una trabajadora en 2017 por propuestas sexuales no consentidas y maltrato laboral por parte del juez.“Mi conducta fue moralmente reprochable, pero no punible”, declaró García. Por Canal Abierto.

Claudio García fue denunciado por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ante la Suprema Corte de Justicia provincial y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, luego de que una trabajadora denunciara (en junio de 2017) que durante casi un año soportó propuestas sexuales no consentidas y maltrato laboral por parte de García.

A lo largo de las audiencias públicas declararon las y los trabajadores del Juzgado del cual García era titular, psicólogos, inspectores judiciales y funcionarios.

“Las declaraciones brindadas por los testigos fueron contundentes. Innumerables testimonios dejaron demostrado que el magistrado reconoció los hechos expresamente con una frase escalofriante: ´mi conducta fue moralmente reprochable, pero no punible´ ”, relató la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la AJB, Débora Bertone.

Entre los testimonios se destacó el de la víctima, que con el acompañamiento de sus pares, su familia y de las y los representantes gremiales realizó un relato del acoso y la violencia laboral ejercida por García a partir de su nombramiento como Juez, aprovechando su posición de poder.

“Para ninguna mujer resulta sencillo denunciar hechos de violencia sexual y menos aún si el denunciado es un juez de la Provincia de Buenos Aires. La desigualdad de poder es enorme”, destacó Bertone. “Los hechos denunciados son de suma gravedad, y doblemente aberrantes por ser el magistrado el que tiene bajo su jurisdicción la responsabilidad de dirigir procesos y fallar en casos de violencia de género”, agregó la dirigente gremial.

El caso García reaviva el debate sobre el sistema de selección de magistrados. La AJB junto a otros sectores sostienen que debería incorporar la participación de la ciudadanía en instancias democráticas y con perspectiva de género. A lo que se agrega la necesidad del cumplimiento de la capacitación obligatoria estipulada por la Ley Micaela, que debe contar con participación del sindicato y de un área de políticas de género de la Suprema Corte.

El Jurado de Enjuiciamiento estuvo presidido por Eduardo de Lázzari e integrado por los abogados Carlos Valdez (La Plata), Adrián Murcho (San Isidro), Fulvio Santarelli (San Isidro), Héctor Mendoza Peña (La Plata) y Juan Pablo Cafiero (San Isidro), el senador Leonardo Blanco y las diputadas Laura Aprile y María Elena Torresi.

La lectura de sentencia se realizó en el Anexo del Senado provincial, en la ciudad de La Plata, con presencia de afiliados y dirigentes de la AJB.