La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció hacinamiento, sobrepoblación y torturas en la comisaría 1ª de Florencio Varela, dependencia policial que tiene casi una decena de resoluciones judiciales incumplidas de inhabilitación para alojar personas. En consecuencia, la Auditoría General de Asuntos Internos desafectó de forma parcial al actual jefe de la comisaría, Alejandro Viscelli.

El jueves de la semana pasada, las personas detenidas en la comisaría 1ª de Florencio Varela realizaron una protesta para pedir mejores condiciones de alojamiento y el traslado a otras dependencias. Denunciaban también amenazas y maltrato policial. El día de la protesta, había 42 detenidos a pesar de que la dependencia policial está clausurada judicialmente para este fin.

Luego de ese conflicto, el comisario de la seccional solicitó el ingreso del grupo antimotines, que golpeó y trasladó a los siete detenidos que iniciaron la protesta. Las restantes 35 personas alojadas en la dependencia también fueron víctimas de amenazas y golpes.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del hecho y se presentó en la comisaría para realizar una inspección del lugar.

Quienes continuaban alojadas allí lo hacían en condiciones inhumanas de hacinamiento extremo, sin duchas y con sólo una letrina en cada sector. No accedían a la luz natural ni patio; tampoco accedían a comunicaciones telefónicas.

El comisario Alejandro Viscelli y el titular de la Jefatura Departamental, Ramón Rodríguez, quisieron impedir el trabajo de monitoreo de la CPM. A pesar de esto y luego de la intervención del fiscal en turno y la Auditoria de Asuntos Internos, la CPM realizó la inspección y se entrevistó con las personas de manera privada.

Luego de la inspección, la CPM presentó un habeas corpus al juzgado de garantías de turno solicitando el resguardo físico de las personas detenidas en la comisaría 1ª de Varela, su inmediato traslado a comisarías habilitadas para alojar personas y la clausura efectiva de la dependencia policial.

En paralelo, se realizó una denuncia penal para que se investiguen los golpes y amenazas ejercidas sobre las personas detenidas por la policía, y el accionar de las autoridades policiales que buscaron impedir el monitoreo.

A partir de lo informado por la CPM, la Auditoría de Asuntos Internos inició la investigación 1050-50.340/919, y en el marco de esa instrucción se decidió, como medida preliminar, la desafectación de la oficial inspector Romina Sánchez y la oficial Priscilla Rosenscein, que estaban de turno cuando se inició la protesta. Se busca determinar si al momento de notificar lo ocurrido ese jueves durante el reclamo de los detenidos ocultaron o falsearon información.
También quedará apartado de su cargo hasta que se tramite la investigación sumarial el comisario Viscelli. En este caso es por las órdenes dictadas el día de la protesta como máxima autoridad de la seccional, pero además por el intento por impedir el monitoreo de la CPM.

Esta nueva denuncia de la CPM vuelve a exponer la crítica situación en las comisarías bonaerenses, donde no sólo se han naturalizado las violaciones a los derechos humanos sino también la desobediencia a resoluciones judiciales y las vulneraciones de las garantías constitucionales de las personas privadas de la libertad.

Todos los días hay nuevas advertencias que los funcionarios provinciales desoyen poniendo en riesgo la vida e integridad de las personas bajo su custodia.

Fuente: Comisión Provincial por la Memoria (CPM)