El 1 de noviembre, un ataque sorpresivo dejó el saldo de 3 muertos en el campamento minero de Monterrico Metals, justo cuando las denuncias de torturas a comuneros opuestos al proyecto Río Blanco se hacían públicas.
(Lucha Indígena) Perú – El dirigente del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), Euler Jave, denunció que el ataque al campamento de la minera Río Blanco Copper, en El Carmen de la Frontera (Piura), habría sido planificado para militarizar la zona y lograr que la empresa continúe con sus operaciones, pese a no contar con la licencia de la población.
Propuesta de militarizar la zona
Tras la muerte de tres trabajadores del campamento de Monterrico Metals en un ataque armado sorpresivo, la empresa ha descartado que los comuneros hayan tenido alguna responsabilidad y éstos han sido los primeros en pedir se investigue a profundidad para hallar a los responsables. Sin embargo, el premier Javier Velásquez pidió la instalación de una base militar para defender la actividad minera, aunque el Ministerio de Defensa informó que esto aún está en evaluación. Autoridades de la zona donde se ubica el campamento minero de la empresa Río Blanco Copper S.A. (ex Majaz) rechazaron esta pretensión, pues eso acrecentaría las fricciones con la población, pondría en riesgo los acuerdos de paz –por ser zona de frontera–, y generaría mayores abusos de las fuerzas del orden. "El propósito (de la base) sería garantizar la presencia de la empresa a través de la militarización de la zona, lo cual rechazamos. Solicitamos se reinicie una mesa de diálogo con todas las autoridades y se dé una solución alternativa", afirmó Ismael Huayama, alcalde de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba.
Detención y torturas a comuneros
Las autoridades y dirigentes de las comunidades de Huancabamba continúan siendo víctimas de la represión y hostigamiento policial. El lunes 9 de noviembre, los comuneros Hilario y Martín Rojas, fueron trasladados a la comisaría de Huancabamba, siendo sindicados sin ninguna prueba como responsables del atentado al campamento minero el 1º de noviembre. El mismo día, en elCaserío de Lucho, la camioneta del Alcalde de Carmen de la Frontera fue atacada por miembros de la ONG INTEGRANDO vinculada a la empresa minera Río Blanco. Los dirigentes de las comunidades reconocieron como autores de este ataque a Daniel Guerrero Meza, Promotor de Integrando y Simeón Cano Neyra, comisario del Caserío de Limache. El 11 de noviembre, policías uniformados detuvieron arbitrariamente a los comuneros Filoteo y Gustavo Pusma Ibáñez, por los hechos del día 1, los detenidos fueron torturados durante las dos horas de detención.
El comunero Porfirio Clemente Huamán fue detenido y torturado durante dos días. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció estos hechos, exigiendo a la Policía Nacional cesar el hostigamiento contra dirigentes y comuneros de Huancabamba.
El gobierno apoya a la minería
La ONG CooperAcción ha observado que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) "no ha asumido su responsabilidad en el proceso de diálogo con las autoridades y comunidades representadas en el Frente de Desarrollo Sostenible", más bien, el premier, varios ministros, y el presidente regional se reúnen con la empresa Río Blanco "para definir temas de seguridad nacional" de espaldas a la población y sus autoridades locales.
El interés minero no se reduce al proyecto Río Blanco sino que existen siete proyectos y grandes intereses que pretenden crear un distrito minero en una zona de páramo que cumple una función estratégica en el abastecimiento de agua dulce a la región Piura.
Monterrico Metals ya culminó su fase de exploración el año 2006, formalmente se encuentra en proceso de cierre y no tiene permiso de exploración ni estudio de impacto ambiental aprobado.
Su presencia en las comunidades es ilegal y rechazada por las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas, pues no tiene permiso válido para permanecer en sus territorios. Por afirmar estas verdades en medios locales de Piura, la abogada de CooperAcción Emma Gómez Moreno ha recibido una querella por difamación.
Las autoridades se niegan a registrar las denuncias de agresión que sufren los comuneros pero se muestran solícitos y expeditivos cuando los denunciantes son voceros de la empresa minera Yanacocha; la persecución de líderes ambientales y la criminalización de la protesta en conflictos sociales (San Marcos, Porcón, entre otros), la vulneración del derecho de propiedad de las comunidades campesinas (como en el caso de la comunidad el Tingo, con la amenaza de desalojo por imposición de una servidumbre minera); y las actividades mineras artesanales, que además de poner en riesgo el medio ambiente implican explotación infantil, tráfico de tierras y corrupción."



