Este martes 7 de mayo, a las 10, se realizará una movilización desde la Plaza San Martín de La Plata hasta los Tribunales Provinciales, ubicados en Calle 8 entre 56 y 57, donde se presentará un Habeas Corpus Preventivo en favor de una compañera del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional y su familia, quienes en los últimos años han sufrido distintos episodios de persecución por parte del personal del Destacamento La Unión, Barrio San Carlos. Contactos: Amelia 221-507-5494 / Jerónimo 221-615-9292.

La marcha será para reclamar que se termine con la persecución que en muchos barrios de La Plata sufren compañerxs por parte de la Policía Bonaerense, solamente por organizarse y luchar contra la pobreza y la situación social que hoy sufre el pueblo: “Movilizamos en particular para reclamar que la justicia tome las medidas necesarias para detener este hostigamiento y proteger a nuestra compañera, que en los últimos dos años ha sufrido ocho allanamientos irregulares, con la gravedad y violencia que esto implica”, afirman a través de un comunicado las organizaciones convocantes (Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, – Colectivo Contra El Gatillo Fácil, HIJOS La Plata, Multisectorial La Plata Berisso y Ensenada, Justicia Ya La Plata).

Detalles del Caso elaborado por las organizaciones:
Desde hace unos meses se viene evidenciando en el Barrio Malvinas Argentinas (San Carlos) la avanzada de operativos coordinados entre la DDI La Plata y la Subcomisaría 14 o Destacamento La Unión, que generan hostigamiento policial a los jóvenes, detenciones arbitrarias, allanamientos violentos y hasta el armado de causas judiciales por el secuestro de elementos que nada tienen que ver con el narcotráfico ni ningún otro delito.

La compañera por la cual presentaremos el recurso de Habeas Corpus Preventivo viene sufriendo allanamientos irregulares y hostigamiento policial desde fines de 2017. El año pasado la allanaron varias veces, la amenazaron con llevarla presa, golpearon a su hijo y robaron mercadería de un pequeño kiosco que tiene y dinero del comedor comunitario que gestionan con su organización. Ya se realizaron denuncias por amenazas y lesiones en sede fiscal. La compañera también tiene un Habeas Corpus Preventivo presentado y resuelto favorable en septiembre 2018, donde el Juzgado de Garantías 2 ordenaba al Destacamento La Unión abstenerse de detención, captura o pesquisa sobre la compañera y su familia ya que “no registran a la fecha impedimento legal impartido por autoridad judicial alguna”.

Sin embargo el juez Moya Pisanello se negó a identificar a los efectivos que participaron de los operativos violentos porque “no hay ningún delito de acción pública que investigar”. Como la justicia muy rápida para mandar a allanar como sea pero es ambigua para proteger los derechos de los pobres continúa la persecución.

En marzo pasado realizaron un mega-operativo policial en el barrio que incluyó allanamientos, gases lacrimógenos, detenciones y hasta la demolición de 3 viviendas que estarían vinculadas a la venta de estupefacientes.

Tras esto se redobló la militarización de la zona durante dos semanas con operativos de saturación, lo que genera preocupación entre vecinas y vecinos que ven afectada su vida cotidiana y su circulación.
Varios medios de comunicación avalaron los operativos y nada dijeron de las denuncias de violencia policial que realizaron los vecinos. El Intendente, Julio Garro, y el Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, lo presentaron como una avanzada en el combate contra los narcos y el control de la disputa entre bandas.

En este marco el pasado 23 de abril la compañera volvió a sufrir un nuevo allanamiento violento en su casa, esta vez con el grupo Halcón, la DDI y efectivos de La Unión. En momentos en que la compañera no estaba irrumpieron violentamente en la casa, mostraron un orden de registro irregular, redujeron y precintaron a sus dos hijos menores de edad, rompieron puertas, revolvieron toda la casa, no encontraron nada de lo que los mandaban a secuestrar y se retiraron diciendo que cualquier reclamo lo hagan en el Destacamento La Unión. Este es el octavo allanamiento que sufre la compañera en 2 años, siempre con violencia y siempre arrojando resultado negativo. Pareciera que por cualquier robo que se denuncie, sea en la zona o no, los fiscales, la DDI y el Destacamento La Unión siempre van a allanar el mismo lugar.

En momentos de grave crisis social y económica, el gobierno de María Eugenia Vidal no tiene una política efectiva para atender las necesidades básicas de las barriadas pobres, sino que su intervención específica es a través de la represión, la estigmatización a los pobres y migrantes y la gran disposición de recursos para la militarización. Con la excusa de combatir el narcotráfico y la inseguridad el gobierno se desliga de la responsabilidad cómplice que tiene la policía en todos los grandes delitos que dice combatir. Así ataca a los sectores populares como los únicos responsables de ese negocio, mientras que tiene una ineficaz intervención con los grandes narcotraficantes. Es decir que comienzan por los últimos eslabones de la cadena criminalizando al conjunto de la población en las barriadas. De esta manera la presencia de las fuerzas policiales deja librado el escenario para que aumenten situaciones violatorias de los Derechos Humanos.

Repudiamos esta avanza represiva y hacemos responsable a la gobernadora María Eugenia Vidal por la integridad física y la libertad de circulación de los vecinos y vecinas del barrio Malvinas Argentinas que se vean vulnerados por su policía.

Invitamos a acompañarnos en la denuncia de estos hechos el martes 7/5 con una movilización desde Plaza San Martín hasta Tribunales en calle 8 e/ 56 y 57, donde presentaremos el Habeas Preventivo.