En la Provincia de Chaco se ha desatado un grave conflicto colectivo en el sector docente, con medidas de acción directa desde principio del ciclo lectivo, entre otras expresiones que no se limitan a la abstención de prestar tareas como manifestación típica de la huelga. Por Felipe Schuartz (abogado) – ACTA-CTA.
Las organizaciones gremiales, en su gran mayoría confluyen en el denominado Frente Gremial Docente, articulando reclamos y acciones colectivas que expresan una amplia unidad.
Desde principios de año el Gobierno provincial intentó obstruir la negociación colectiva sectorial, que en el ámbito provincial se desarrolla en la comisión de política salarial y condiciones de trabajo que estipula el estatuto del docente. El Ministerio de Educación sostuvo públicamente y por escrito en forma privada que no permitiría la participación en dicha comisión de ningún representante sindical que no presente la certificación de autoridades emitida por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, sabiendo que no es un requisito contemplado en la normativa y que la mayoría de los sindicatos no la tiene ante la omisión de la autoridad nacional en su entrega.
La negativa a negociar colectivamente importó la pretensión del Estado de imponer el conflicto, lo que pudo ser sorteado por las organizaciones gremiales mediante acciones judiciales que permitieron su participación en la discusión salarial.
Finalmente las negociaciones se produjeron, reuniéndose una vez en el marco de la comisión de política salarial y condiciones de trabajo, y luego dos veces informalmente con el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas. La propuesta del Estado era de un aumento del 22% en cuatro cuotas (10% en marzo, 4% en junio, 4% en agosto y 4% en octubre), lo que fue rechazado por los gremios.
Hay que destacar que durante 2018 los docentes perdieron un 37,6% de poder adquisitivo, lo que condiciona la negociación del corriente año. Ante el creciente menoscabo de las condiciones de trabajo el reclamo colectivo trasciende lo meramente salarial, insertándose en el plano de las relaciones sociales con el objetivo de defender la educación estatal, no contentándose con una actitud pasiva ante su degradación. Es que de persistir la huida del Estado, el derecho social a la educación continuará su paulatina privatización transformándose en un privilegio para pocos.
Con posterioridad la Dirección Provincial de Trabajo decretó la conciliación obligatoria, notificando la orden de abstención de ejecutar medidas de fuerza por el plazo de cinco días que establece la normativa, señalando audiencia para el día 08 de abril de 2019. Allí se realizó el último ofrecimiento para el corriente año de un aumento del 27% en tres tramos (10% en marzo, 8,5% en junio y 8,5% en septiembre), con cláusula de revisión para julio y noviembre; siendo que las perspectivas inflacionarias superan las del año pasado, la propuesta fue rechazada por los gremios docentes.
Luego del fracaso de la conciliación obligatoria, esa misma noche se dio a conocer públicamente el Decreto Provincial Nº 1014 de fecha anterior -01 de abril de 2019-, lo que demuestra que la decisión ya estaba adoptada en forma previa a la negociación que fue utilizada como un instrumento para desarticular las medidas de fuerza y no como un mecanismo adecuado de resolución del conflicto, ya que además fue dirigida por un organismo estatal. Mediante el mentado decreto el Gobernador de la Provincia de Chaco declaró la emergencia educativa, como medio para adoptar medidas tendientes a restringir y limitar las medidas de acción directa y todo tipo de manifestaciones colectivas.
Inconstitucionalidad del decreto: En primer lugar el mandatario soslayó que la Ley Provincial de Educación Nº 1887-E (Antes Ley 6691), en su artículo 154, expresamente prohíbe la declaración de emergencia educativa por la causal de medidas de fuerza.
Asimismo, la declaración de “emergencia” en el ámbito del Estado no permite que los gobernantes se coloquen por encima de los imperativos constitucionales, debiendo su actuación ser razonable, tener una adecuación de medio a fin y por lo tanto, en tales circunstancias el control jurisdiccional de sus actos se intensifica.
El Gobernador pretendió reglamentar el derecho de huelga, el cual admite escasa regulación infra constitucional a fin de evitar su conculcamiento. En nuestro ordenamiento jurídico tal atribución corresponde al Congreso Nacional, quien ya lo reglamentó mediante el artículo 24, Ley 25.877 y el Decreto 272/06, modificado por Decreto 1095/17.
La actuación gubernamental es desacertada puesto que cuando existen dos derechos de jerarquía constitucional –a la educación y el de huelga-, no debe quebrantarse uno para proteger otro, sino que debe permitirse que convivan armónicamente. En este último sentido se ha explicitado claramente el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un precedente entre la Federación S.I.T.E.CH. y el Ministerio de Educación en el que se cuestionaba una resolución ministerial que pretendía reemplazar a trabajadores en huelga, cuando al dictaminar que debía hacerse lugar a la queja sostuvo: “Los conflictos entre el derecho de huelga de los trabajadores y el derecho a la educación de los niños y sus familias deben resolverse mediante una ponderación adecuada, teniendo en cuenta que los derechos fundados en cualquiera de las cláusulas de la Constitución Nacional tienen igual jerarquía y deben ser conciliados con el fin de que subsistan en armónica coherencia (Fallos: 272.231, “Santoro”; 308/789, “Campillay”, considerando 5ª, 339:323, “Boggiano”, considerando 4ª, entre muchos otros.”) (Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Víctor Abramovich. Fecha: 24 de mayo de 2017. Autos: “Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Educación del Chaco C/Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Chaco S/ Acción de Amparo”, Expte. Nº 2854/2015). Esta causa ha sido consecuencia de un trabajo de equipo entre la asesoría jurídica de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Educación de Chaco y el ODS de la CTA-A Nacional.
Mecanismos para restringir el derecho de huelga: En el articulado del decreto se puede observar que acude a diversos mecanismos tendientes a limitar la realización de medidas de fuerza, otorgando al Ministerio de Educación amplias facultades para tal fin, entre las que pueden destacarse las que a continuación se detallan.
En primer lugar sostiene en su parte pertinente que el Ministerio puede establecer que “toda acción que implique suspensión de actividades escolares y/o áulicas … se deberán llevar a cabo fuera del horario de clases”, utilizando una fórmula de suficiente amplitud –máxime dentro del contexto enunciado en los considerandos-, como para considerar que incluye al derecho de huelga, y si sostiene que debe realizarse fuera del horario de clases, está lisa y llanamente impidiendo que las mismas se lleven a cabo.
Luego lo autoriza a prohibir manifestaciones colectivas como las “reuniones del personal”, en el lugar de trabajo, apuntando a impedir la realización de asambleas y consecuentemente el contacto de los representantes con las bases, lo que ya ocurrió en una oportunidad en la cual se negó el ingreso de aquellos a un establecimiento escolar por órdenes del Ministerio de Educación.
Asimismo, autoriza a este último a “promover el recupero de los días perdidos de clase por huelgas y/o paros de cualquier índole”.
De esta manera se pretende neutralizar los efectos de la huelga mediante la prestación posterior del servicio, lo que incide en el colectivo de trabajadores a la hora de declararla, con el agravante de que el recupero de días de clase puede realizarse en los “recesos que correspondan”. En el caso de extenderse el ciclo lectivo -como fue adelantado públicamente por personal del Ministerio de Educación que se haría sobre la base de lo autorizado por el decreto- también se puede lesionar el derecho al descanso por vacaciones.
Posteriormente sanciona en forma encubierta al docente adherido a medidas de fuerza, facultando al Ministerio la implementación de “premios estímulo”, los que claramente no serán percibidos por los huelguistas. De ese modo se especula con la necesidad del trabajador, pretendiendo la división de la colectividad laboral.
También otorga facultades al Ministerio de Educación para dictar las “normas de excepción y emitir los actos administrativos necesarios para llevar a cabo las medidas anteriores”, lo que configura una delegación de suficiente amplitud como para que, por ejemplo, autoridades de dicha cartera ministerial hayan informado públicamente que el decreto los autoriza a sustituir huelguistas o extender el ciclo lectivo.
Medidas adoptadas por los trabajadores y sus organizaciones representativas: Luego de conocido el decreto los reclamos se masificaron y el conflicto se radicalizó, articulándose las acciones colectivas con las judiciales.
El frente gremial docente decidió un acampe de tres días en la plaza central de la ciudad los días 15, 16 y 17 de abril, frente a la casa de gobierno, con la realización de charlas sobre los alcances del decreto, festivales musicales y otras actividades culturales y artísticas.
Asimismo, se interpuso acción de amparo sosteniendo que el decreto es inconstitucional porque tras el paraguas de la emergencia, se violenta el principio de supremacía constitucional por vulnerar la prohibición legal de declaración de emergencia educativa por la causal invocada, como asimismo por arrogarse la facultad de reglamentar (o más bien restringir y hasta suprimir), el derecho de huelga, que goza de protección constitucional, convencional y en las opiniones de los órganos de control de la OIT, con el agravante de que el estado se constituye en juez y parte en el conflicto.
También se interpuso medida cautelar innovativa tendiente a suspender la aplicación del decreto en forma preventiva, mientras tramite la acción de amparo, ante la urgencia en neutralizar los efectos nocivos de la decisión gubernamental que agravó el conflicto y logró que el mismo alcanzara un mayor grado de efervescencia.
El día 17 de abril de 2019 se tomó conocimiento del dictado de la medida cautelar que suspendió la aplicación del cuestionado decreto que, al menos por el momento, tuvo corta vida.
Algunas conclusiones. El pronunciamiento judicial centralmente señala que debe permitirse la convivencia armónica entre los derechos constitucionales involucrados, que la medida cercena la actuación colectiva radicalizando el conflicto, por lo que concluye que deben articularse en forma urgente medidas tendientes a solucionarlo por intermedio de la negociación colectiva como camino alternativo.
Esta vivencia política nos demuestra claramente que en la conflictividad actual la resolución de los conflictos delegándolos al Estado por la vía judicial como única solución no son suficientemente fuertes como para modificar la conducta que le dio origen. Tampoco lo son los conflictos prolongados que van perdiendo fuerza en la medida que la propaganda mediática tiende a enfrentarnos a la sociedad con el argumento paradojal que la consecuencia natural de lesión de derechos de la ciudadanía, o un sector de ella, es más importante que el derecho de huelga.
Si ante la falta de resolución del conflicto desde las esferas gubernamentales se atacan sus consecuencias sin solucionar las causas que lo originaron se lo transforma en un problema endémico, por lo que es de extrema necesidad reanudar el diálogo y solucionar en forma urgente la confrontación que atraviesa e involucra a toda la sociedad.
Estamos convencidos que esta medida cautelar es un triunfo de los trabajadores en la medida que fue consecuencia de la lucha, pero sabemos fehacientemente que la resolución definitiva del conflicto va a surgir de las concesiones recíprocas producto de la negociación bipartita.
Esperamos que el Gobierno de la Provincia de Chaco reflexione y cambie la unilateralidad pretoriana por el diálogo social fecundo.




