El debate de enmiendas en el Congreso ha cogido con el paso cambiado a los grupos contrarios a la reforma de la Ley de Extranjería. La desunión marca la jornada de lucha del 17 de octubre.
(Diego Sanz Paratcha – Diagonal) UE – Los trámites parlamentarios para la aprobación de la Ley de Extranjería avanzan en los despachos. Tras el debate de enmiendas de septiembre y el previsible apoyo de Coalición Canaria, CiU y BNG, las previsiones gubernamentales de tener la ley aprobada antes del cambio de año parecen realistas. Una convocatoria lanzada por la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI) ha recordado desde mediados del verano la urgencia de mostrar públicamente el rechazo al proyecto antes de su aprobación definitiva. Pero al cierre de esta edición, la jornada estatal de lucha, prevista para el 17 de octubre, se presenta poco cohesionada.
Sin llegar al extremo de Madrid, donde la convocatoria de dos manifestaciones distintas contra la misma ley ha contribuido a enrarecer el ambiente, un repaso a otros puntos da cuenta de esta dispersión: una concentración en Barcelona, manifestación con fecha distinta en un importante nodo de la Red como Málaga, en Zaragoza la convocatoria no existe. Sí tenían previsto manifestarse en torno al 17 Las Palmas, Tenerife y Coruña.
Diversos activistas con los que ha contactado este periódico atribuyen la descoordinación a las prisas con las que se ha preparado la convocatoria. La respuesta al procedimiento de urgencia con el que el Gobierno introdujo su propuesta en el Parlamento ha pasado por encima de los ritmos de organizaciones acostumbradas al trabajo en red. Empadronamiento La práctica de lobby tampoco está dando resultados. Los esfuerzos, por parte de juristas y organizaciones de derechos humanos, para contactar y asesorar a responsables ministeriales y políticos no han logrado atenuar, hasta el momento, las medidas de carácter punitivo denunciadas en la campaña “Salvemos la hospitalidad”, que intentaba eliminar del texto el castigo a diversas formas de apoyo a personas sin papeles.
De hecho, el ataque al empadronamiento de inmigrantes no regularizados se recrudeció en la versión presentada al Parlamento en junio. Si hasta ahora la ley no excluía a los inmigrantes irregulares de este derecho, el proyecto del Gobierno sólo lo garantiza para quienes cuenten con residencia legal. El matiz, introducido en la exposición de motivos, ha pasado casi desapercibido pese a sus consecuencias para el acceso a la educación, la sanidad y la regularización. El propio comunicado distribuido por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y finalmente firmado por 70 organizaciones, destaca como primera crítica al Gobierno el no haber tenido en cuenta la opinión de las organizaciones sociales al redactar la ley.
Pero éstas mismas se resisten a preparar una agenda y un discurso común: REDI tendrá su propio encuentro con representantes parlamentarios, la Marcha por la Igualdad presentará su propio manifiesto al Congreso de los Diputados, Salvemos la Hospitalidad intentará por su cuenta influir en la introducción de enmiendas en lo que queda de debate parlamentario. El Ministerio del Interior se ha visto obligado a desmentir desde marzo en al menos dos ocasiones la existencia de los controles de identidad contra extranjeros. Al mismo tiempo, la prohibición en junio –finalmente tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid– de una manifestación hasta el Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Aluche da indicios de que el propio ministerio considera estos centros como la parte más débil de su política de gestión de fronteras.
A corto plazo, pese a la virulencia de la crisis para el colectivo inmigrante, son estos dos los puntos más susceptibles de desgastar la política de extranjería del Gobierno. En las próximas semanas será presentado un dossier de violaciones de derechos humanos en el CIE de Aluche, a partir de testimonios recogidos por el Ferrocarril Clandestino, Médicos del Mundo y SOS Racismo. Del mismo modo, el encuentro europeo por el cierre de los CIE (Málaga, del 23 al 25 de octubre) puede representar una buena oportunidad para golpear el discurso securitario de la ley.



