Después de dos semanas, las fuerzas de seguridad desplegadas en el barrio El Mercadito y La Unión se retiraron del lugar. Vecinos denunciaron estigmatización  y actitudes violentas de los efectivos.

Casi 600 efectivos de la policía federal y provincial, un helicóptero, gran cantidad de patrulleros, camionetas, motos, un camión hidrante blindado y tecnología de avanzada en comunicaciones invadieron la zona. También  se hicieron presentes en el lugar el Intendente Julio Garro, Cristian Ritondo  Ministro de Seguridad bonaerense, y Patricia Bullrich Ministra de Seguridad de la Nación, con el objetivo de supervisar la intervención.

El argumento fue que iban a combatir el narcotráfico,  los vecinos indicaron que si bien es cierto que  “en el barrio hay enfrentamientos de bandas y mucha delincuencia en este último tiempo”, la política de Cambiemos parece solo apuntar a medidas donde no se ataca la raíz del problema del aumento de la población desocupada – hubo muchos despidos de cargadores que trabajaban en el mercado hortícola que esta ubicado en las inmediaciones de estos barrios, o en revisar el cierre del único bachillerato de adultos que funcionaba en la zona.

Vecinos denunciaron que existía un toque de queda no declarado, ya que por miedo a la policía nadie salía después de las 22 horas. Este miedo se vio reforzado por las arbitrariedades que sufrieron  a través del pedido constante del DNI, incluso cuando las madres llevaban a sus niños a la escuela durante el día.

Los relatos sobre situaciones abusivas e intimidatorias son innumerables y la presencia de las fuerzas genera mayor inseguridad y temor. “quedamos estigmatizados, parece que somos el peor barrio de la plata, ahora andá a decir que ‘Soy del mercadito’, es como si fuésemos todos delincuentes y malandras” se lamentó uno de los vecinos.

No es la primera vez que el intendente platense Julio Garro impulsa un megaoperativo para actuar sobre las personas más carenciadas. El año pasado  fue noticia por sacar a fuerza de llegar, incluso, a cortar las calles principales del casco urbano y con violencia desalojar a los manteros, sin ofrecerles opciones de trabajo real.

También existió un violento desalojo de 7 familias en otro barrio periférico donde el actuar de la policía se realizó a pesar de que no estaban dadas las condiciones legales para efectuar el operativo.   El  Colectivo Contra el Gatillo Fácil denunció que con este accionar “queda como que los sectores populares son los únicos responsables del narcotráfico, y de esta manera la presencia de las fuerzas policiales deja librado el escenario para que aumenten situaciones violatorias de los derechos humanos”.