“Como estrategia para acallar el movimiento Mapuche, el Estado chileno ha procedido a criminalizar las reivindicaciones territoriales, culturales y económicas a través de la aplicación de la Ley Antiterrorista a los miembros de las comunidades en conflicto”.
(Nanette Liberona – Rebelión) Chile – Las organizaciones de chilenos en Francia, Asociación Tierra y Libertad para Arauco, Comité por los Derechos Humanos en Chile, y la organización francesa Comité de Solidaridad con los Indígenas de las Américas, en conjunto con la Fundación France Libertés y el Observatorio Ciudadano, presentaron el 14 de septiembre en la ONU un documento llamado “Chile: criminalización del movimiento social Mapuche a través de la ley antiterrorista”.
Esta comisión se presentara en Ginebra el 24 de septiembre, cuando se realice el examen periódico universal de Chile en materia de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Se conformará un panel paralelo al interior de la ONU, donde intervendrán como testigos, Elena Varela y uno de los documentalistas franceses que fue detenido por carabineros mientras filmaba en zonas de conflicto mapuche, así como Flor Calfunao, victima de esta criminalización.
El documento presentado en Ginebra expone “la fragilidad del respeto de los Derechos humanos, el despojo y la explotación de las tierras por las empresas nacionales y multinacionales, la violencia policial y la aplicación de la ley anti-terrorista”. Reconociendo que esta situación ha sido creada tanto por las acciones como por las omisiones del Estado en diversos ámbitos.
Éste parte presentando la historia del pueblo mapuche, despojado de sus tierras y recursos naturales: “cuando el Estado chileno dispone de gran parte de sus tierras para entregárselas a colonos europeos, o para subastarlas a privados”, dejando a los mapuches con 6% de su territorio ancestral.
El documento denuncia además que “como estrategia para acallar el movimiento Mapuche, el Estado chileno ha procedido a criminalizar las reivindicaciones territoriales, culturales y económicas a través de la aplicación de la Ley Antiterrorista a los miembros de las comunidades en conflicto”. Aplicación efectuada a través del Ministerio Público, que utiliza diferentes normas jurídicas del Derecho Penal, generando la pérdida de garantías procesales. Recuerda que diversos Organismos internacionales han establecido informes donde recomiendan al Estado no penalizar las legítimas demandas sociales de las comunidades indígenas y no aplicar acusaciones de otros contextos como “amenaza terrorista” o “asociación delictual” y que los hechos imputados no guarda proporción con la gravedad del tipo de delito “terrorista” y las penas impuestas.
Por otra parte, se denuncia la jurisdicción de la Justicia Militar, en cuyo Código existen disposiciones que permiten a los tribunales militares imponer su jurisdicción exclusiva sobre violaciones de Derechos Humanos ocasionadas por Carabineros, tales como la tortura, el homicidio o el uso injustificado de la fuerza pública.
En cuanto a la criminalización y la gobernabilidad económica, el documento explica que “las causas de la protesta social indígena tienen su origen en las leyes sectoriales que mercantilizan los recursos naturales y que estructuran el sistema económico neoliberal vigente en Chile”. Las leyes dispuestas permitirían la implementación de grandes proyectos de inversión para la extracción de recursos naturales en todo el país y sobretodo en territorios indígenas, privando a las comunidades de los recursos necesarios para su subsistencia y amenazando con ello su integridad”. Según el documento estas leyes son: el Código de Minería, Código de Aguas, Ley General de Pesca y Acuicultura, Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley 701 de Fomento Forestal, Ley de Bosque y Ley de Concesiones Geotérmicas.
Finalmente se denuncia “la represión violenta del Estado chileno” y “la ilegalidad en los allanamientos, la violencia ejercida contra ancianos, mujeres y menores de edad”. Y se recuerda que lo resultados de esta violencia han sido numerosos heridos, como el joven Jorge Marimán, o fallecidos, como Alex Lemún, Matías Catrileo o Jaime Mendoza Collío. Asimismo se critica que estas violaciones de Derechos humanos cometidas por personal de Carabineros “benefician actualmente de una vergonzosa impunidad”.
Para terminar, solicitan al Consejo de DDHH de la ONU que intervenga ante el Estado Chileno proponiendo que “asegure, por intermedio del Alto Comisariado, las condiciones para una discusión de igual a igual en la resolución del conflicto”.