Se trata del XI Informe Anual “El sistema de la crueldad, sobre lugares de encierro y políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires”. Será este miércoles 20 de setiembre, a las 18, en el Anexo del Senado Bonaerense, ubicado en Avenida 7 esquina 49 de La Plata.

Este informe expone los datos relevados durante el 2016 por la Comisión en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad. “La tasa de encarcelamiento, las denuncias de torturas, las prácticas ilegales y arbitrarias de las policías en su despliegue territorial, la extrema vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes y el uso letal de la fuerza pública vuelven a constatar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal, y exigen reformas estructurales de manera urgente”, afirman desde la Comisión, desde donde se ha denunciado estos hechos ante los poderes del Estado provincial, nacional y los organismos internacionales que han reconocido, en más de una oportunidad, esta crítica situación.

“Tal como la desaparición forzada de Santiago Maldonado es la expresión más dramática de las orientaciones de la política criminal y de seguridad que ha definido la nueva gestión a nivel nacional, la ausencia de medidas estructurales y políticas públicas urgentes que reviertan este cuadro de violaciones de derechos humanos tuvo su máxima expresión en la Masacre de Pergamino del 2 de marzo de 2017 con la muerte de siete jóvenes alojados en la comisaría 1ª.

A la par de este deterioro institucional, la adopción del paradigma de lucha contra las ‘nuevas amenazas’ (narcotráfico y terrorismo) marcó la intervención definitiva de las fuerzas militarizadas en el territorio y la sanción de leyes regresivas en materia de derechos y garantías constitucionales. A ello debe sumarse la represión a la protesta social y la criminalización de los migrantes. Todas estas medidas son inconstitucionales, antidemocráticas y traerán graves consecuencias sociales”, agregaron desde la Comisión.

En este sentido, el organismo reclama la implementación de tres leyes fundamentales: la policía judicial, las fiscalías especializadas en violencia institucional y la autonomía de la defensa pública; y agrega como una cuarta herramienta institucional que considera indispensable que es el reconocimiento legal de la CPM como mecanismo provincial de prevención de la tortura (conforme lo estipula el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de la ONU).

La presentación del XI Informe Anual “El sistema de la crueldad, sobre lugares de encierro y políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires” contará con un panel que estará integrado por los presidentes de la Comisión, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, el secretario Roberto Cipriano García, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora e integrante del organismo Nora Cortiñas y Cristina Gramajo, madre de uno de los jóvenes muertos en la Masacre de Pergamino. La coordinación de la mesa estará a cargo de la directora general de la CPM, Sandra Raggio.