La Coordinadora por los Derechos y la Justicia (CODEJU) de la localidad de Monte Caseros manifestó su preocupación por los reiterados vejámenes, apremios ilegales y torturas ejercidos por personal de la policía local y la consecuente inacción judicial. Hicieron especial mención al caso de José Enciso.

La Coordinadora dio cuenta de su inquietud ante el Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Corrientes.

Del encuentro participó Jesica Paola Garate, quien relató que su marido José Damián Enciso había sido detenido en la calle el 8 de julio de 2016, acusado de cometer un robo y que ni bien fue alojado en la Comisaría Departamental fue brutalmente golpeado, hecho que ella misma denunció ante la fiscalía de Monte Caseros una semana después. El 25 de julio llegó esta información al Juzgado de Instrucción, a cargo de Eduardo Alegre, pero no se le dio curso a la denuncia ni se investigó lo sucedido. Garate remarcó que, en cambio, Enciso continuó siendo hostigado por la policía. Explicó que este maltrato le generó problemas de salud como frecuentes vómitos de sangre, dolores corporales y dificultades respiratorias.

Tras 6 meses de tormentos en la comisaría de Monte Caseros, Enciso fue trasladado a la capital provincial con la indicación de ser atendido en el Instituto de Cardiología. A pesar de su estado de salud, fue alojado en la Unidad Penal N°6 de San Cayetano. Su cuadro se agravó y fue internado en el Hospital Escuela el 8 de marzo de este año, donde murió 6 días después.

Tras la muerte de Enciso y como consecuencia de las movilizaciones realizadas, el juez Alegre resolvió finalmente tomar testimonio sobre lo sucedido en julio del año pasado. Todos los testigos coinciden en que cuatro uniformados (tres varones y una mujer) retiraban por la noche a Enciso de su celda para torturarlo en salas contiguas.

Durante la reunión, la CODEJU le advirtió al Comité que, a partir de las denuncias y la visibilización de las condiciones en que se encuentran las personas detenidas en la sede policial, se teme por la salud y la integridad de Cristian Jiménez, quien fue detenido con Enciso y aún permanece en la comisaría a la espera de la realización del juicio oral.

Denunciaron además que el comisario Claudio Fernández niega la posibilidad de visitas a las organizaciones de derechos humanos, argumentando que los reglamentos internos de la alcaidía solo autorizan visitas de familiares directos. En este sentido, advirtieron que esto “deja más desprotegidos a los detenidos y genera más impunidad al accionar policial”.